A partir de una solicitud de asesoría, el Colegio de Abogados del Estado de México interpuso una denuncia ante la Dirección de Regulación Sanitaria para investigar la venta de una supuesta vacuna contra el Covid-19, la cual ha puesto en riesgo la salud de las personas.
Enrique Lazaga Yamín, presidente del Colegio, explicó que las consultas se imparten en un domicilio particular del municipio de Tultilán, donde se alberga el Instituto Selder Golder de Investigaciones Biomédicas.
De acuerdo con la información en poder del Colegio, las vacunas son elaboradas y distribuidas por ese Instituto y son distribuidas en jeringas desechables como las utilizadas para la aplicación de insulina, pero sin ningún protocolo de refrigeración o empaquetamiento.
Al considerar que ésta y otras irregularidades detectadas podrían configurar supuestos contenidos en el Título Décimo Octavo, capítulo VI, relativo a Delitos contra la Salud, se dirigió la denuncia al director general de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud, Enrique Cebreros Ruiz, explicó.
La respuesta del funcionario fue que el inspector de regulación sanitaria encontró que la dirección proporcionada era un domicilio particular y no encontró el instituto referido, situación que así fue referida en la denuncia, donde se precisa que ahí se dan consultas y se aplican las vacunas.
El Colegio de Abogados envió una segunda comunicación proporcionando la nueva dirección y fotografías de la casa donde se ubica el instituto, además, adjunta otras pruebas documentales.
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Entre ellas un documento a través del cual se avala, supuestamente, la aprobación y efectividad del “Sistema de Tratamiento INHIVID-19 e INHIVID-21S y la vacuna biológica pasiva VTX19, pero en el cual los nombres de quienes certifican están escritos a mano junto a sus firmas autógrafa y sin ninguna cédula profesional que los avale.
Asimismo, se adjunta un documento con el Protocolo Protogenneses de la vacuna en su fase de inducción permanente, con el subtítulo de “Manual completo para pacientes y aspirantes”.
Es de subrayar que la documentación que distribuye el médico responsable a sus pacientes no está impresa en papel oficial de ninguna dependencia gubernamental, pero sí contiene en la parte media baja de una hoja el membrete oficial de la Secretaría de Salud federal.
Lazaga Yamín comentó que el Colegio de Abogados está en espera de la investigación y respuesta oficial de la Dirección General de Regulación Sanitaria, pero fundamentalmente de que se tome acción para evitar que se siga poniendo el riesgo la salud y la vida de los mexiquenses.
Desafortunadamente, agregó, los más afectados son siempre las personas de menores recursos económicos, pues con tal de curarse y no tener que ir a un hospital que no pueden pagar, acuden a este tipo de tratamientos o con personas que sólo buscan engañarlos, recordemos que ni siquiera las grandes farmacéuticas tienen aún una vacuna segura, concluyó.
