La justicia no sólo luce “atorada” sino también en un retroceso ya que las funciones ejecutivas, legislativa y de procuración de justicia, tienen una perspectiva desacertada sobre el Estado de Derecho así como un desconocimiento de políticas públicas para resolver las necesidades de la población en el tema, coincidieron especialistas.
Luego de que el Estado de México fue ubicado entre las seis entidades peor calificadas del país en el estudio de Índice del Estado de Derecho 2020-2021, Cristina Eugenia Pablo Dorantes, vicepresidenta del Colegio de Licenciados en Seguridad Ciudadana y Gobernanza, aseguró que en el tema de justicia la entidad no ha avanzado e incluso a raíz de la pandemia va en retroceso.
No hemos avanzado nada en 20 años y ha sido por falta de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana y una evidente carencia de cultura de la legalidad.
Aunado a esto, indico que en el Edomex la UAEM fue la primera institución educativa a nivel nacional y segunda a nivel Latinoamérica, que comenzó a hablar sobre la profesionalización en materia de seguridad ciudadana aunque no ha servido de mucho.
“Nos hace mucha falta incluir en esta tarea a la participación ciudadana que es uno de los grandes pilares de la prevención de delito. Sí funciona la prevención del delito, la procuración de justicia tendrá un mejor éxito y se verá reflejada en el sistema de reinserción social”, enfatizó Pablo Dorantes.
Ante dicho panorama, destacó hoy en día los ciudadanos no conocen ni saben lo que se debe hacer cuando son víctimas de algún delito y van a la fiscalía, donde desde ahí comienzan los problemas.
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“No tenemos avance en esta materia por que no hay interés en la políticas públicas, no hay sistema de reinserción social, hay una subsecretaria pero no funciona. No podemos romper el paradigma de la seguridad pública, sin generar políticas públicas reales”, aseveró.
Ante ello, recalcó que la justicia no sólo se detuvo con la pandemia sino que además sufrió un retroceso, así como los procesos educativos. Ahora, finalizó, “nos va a costar el doble”.
Por su parte el Maestro en Justicia Constitucional, Erick Garay Bravo, manifestó que la ubicación del Estado de México entre las seis entidades peor calificadas del país en el Índice del Estado de Derecho, demuestra que las funciones ejecutiva, legislativa y de administración de justicia, tiene una perspectiva desacertada sobre el Estado de Derecho y un desconocimiento de las políticas públicas para resolver las necesidades de la población.
Es evidente, añadió, que no se conoce la pluralidad de las necesidades y problemáticas sociales que no se resuelven con “legalismos” consistentes en la publicación de más y más leyes, ello constituye un error histórico no sólo del Estado de México, sino de todo el país.
“Debe conocerse el entorno y aceptarse que el Estado de México y el país son pluriculturales, esto es, que están estructurados de múltiples grupos sociales con algunas afinidades fuertes, pero sin dejar de ser grupos diversos”, aseveró.
Por eso, sostuvo, es que la publicación de reformas legales, es decir la política “legalista”, es inoperante para modificar al comportamiento de los grupos sociales que se inclinan hacia los elevados índices de corrupción en el servicio público y en la población general, la cual está segmentada por diferencias de contextos económicos, políticos, sociales e incluso clasistas y raciales.
Una posible solución para este gran daño que sufre el país y el Estado de México, recomendó, reside en aceptar que tal vez en ningún momento llegamos a constituirnos como una nación, sino que sólo se constituyó una estructura de grupos con afinidades mínimas pero fuertes; y de esta manera admitir que la identificación multidisciplinaria de esas afinidades y empatías entre esos grupos sociales, seria la base para construir una axiología que muestre los valores comunes respetados por la generalidad.
“Lo más dramático de todo es que el Estado de México es tan plural que cuenta con más de quince millones de habitantes, siendo la entidad federativa con mayor número de personas, de las cuales más de dos tercios se concentran en el Valle de México, siendo una entidad federativa constituida por 125 municipios y por múltiples grupos indígenas con tradiciones propias y un gran índice de pobreza extrema, los cuales pretenden ser tratados por igual por el sistema jurídico liberal”, apuntó.
Este desconocimiento de contextos humanos por parte de las funciones de poder, replicó Garay Bravo incide en la quimera de pretender aplicar preceptos constitucionales y legales igualitarios para contextos humanos tan diferentes y múltiples.
Es necesario, aclaró, crear una teoría del derecho de México y para México partiendo de los contextos que constituyen a su población diversificada y no solo publicar preceptos legales ilusoriamente igualitarios y aplicarlos por tribunales cuyas sentencias no son aceptadas por los múltiples grupos humanos ubicados en sus territorios.
De hecho, finalizó que la Facultad de Derecho de la UAEM esta trabajando en iniciativas de reforma a la Constitución Política del Estado de México que, de forma patente, provoquen el giro copernicano" que el país necesita, incluso en la propia enseñanza del Derecho que se rezagó en la repetición de preceptos legales.
