La propuesta de establecer la castración química a violadores no es viable, pues lo que se requiere son bases de datos de violadores y que las autoridades hagan su trabajo, advirtió Esperanza Arias Velázquez, activista de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser).
Denunció que en la zona sur de la entidad han notado un incremento de violaciones a niñas y niños dentro de casa y el problema aumentó con la pandemia, al igual que los embarazos infantiles; por lo cual hay niñas de 9 y 10 años embarazadas.
Durante una entrevista, reprochó deficiencias en las instituciones, la disminución de las penas que se imponen a violadores y que solo existen dos médicos legistas en toda la entidad.
Ante la propuesta del PVEM para incluir en el Código Penal la castración química para violadores, dijo que no ve el caso de fomentar esa medida, ni de establecer penas altas, pues lo que se necesita es un registro de violadores que se exhiba en todas las redes sociales.
"Esto bajaría mucho la incidencia porque se estaría dando aviso a las niñas y mujeres de que hay un depredador por ahí, una persona que violenta a las mujeres. Esto lo tendría la Fiscalía Especializada para personas sentenciadas".
Advirtió que aun cuando se imponen sentencias altas, a veces los violadores salen a los tres años por acciones jurídicas y falta de pruebas, pues la Fiscalía apenas cuenta con dos médicos legistas.
"No es difícil, es que la Fiscalía haga su chamba: ¿cuántos médicos legistas hay en el Estado de México?, son dos para todo el estado. Es ilógico, y sobre todo que no es nada más una violación; son varias, pero de diez violaciones se denuncian unas seis y muy pocas llegan a sentencia".
La impunidad es altísima, hay casos que llevan años y donde el violador apeló la sentencia de diez años y a los tres años ya salió.
"Se pueden implementar otras acciones, pero en Spotlight hemos pedido que se maneje esa base de datos que no existe, porque ahí puedes decir cuántos agresores hay", señaló.
Dijo que aún cuando hay capacitación para las y los servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia los mueven de cargo y eso genera que no haya avances, por lo cual se requiere que los puestos de confianza sean para personas sensibilizadas y duren un período de seis años para realizar acciones cotidianas.
Sobre los embarazos infantiles advirtió que algunos son denunciados, pero otros no.
Adicionalmente, dijo, hay municipios donde no disminuye la incidencia de violaciones como: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco y Chimalhuacán, por lo cual están tratando de recuperar espacios donde mujeres han sido vandalizadas o agredidas.
