Junio es el mes del orgullo LGBT+. En el Estado de México hay 1.7 millones de habitantes que se identifican como miembros de dicha comunidad, de acuerdo con datos de Amnistía Internacional, lo cual representa el 10% de la población en la entidad.
La cifra no es exacta porque se estima que el número de personas que pertenecen a dicha comunidad es mayor, pero no lo manifiestan por temor al rechazo social.
Pese a esto, la entidad es el segundo estado con el mayor número de asesinatos por homofobia, sin embargo, estos ilícitos quedan impunes debido a que no existe una legislación que los tipifique como crímenes de odio.
Por ello, aunque a inicios de 2021 entró en vigor la ley que prohíbe y sanciona las terapias de conversión, aún falta por avanzar en la materia legislativa para garantizar los derechos de la comunidad LGBT+. Entre los pendientes está la Ley de Identidad de Género y la aprobación de los matrimonios igualitarios.
Aunado a estas iniciativas, uno de los temas importantes que tampoco se ha atendido en la entidad, de acuerdo con la Fundación Arcoíris, es el respeto de las personas transexuales en los reclusorios, donde a las mujeres transgénero se les mezcla con la población varonil.
“Hay permanente violencia y en la mayoría de los asesinatos no hay justicia. Hay una urgente necesidad de cambiar prejuicios de la sociedad y aprender a respetarlos”, señaló Luis Martínez Zamarripa, vocero de esta fundación.
Legislación
De aprobarse, la Ley de Identidad de Género se garantizará que cualquier persona que resida en el Estado de México tenga la certeza jurídica de realizar un cambio administrativo en la corrección de su acta de nacimiento, una vez que cumpla 18 años de edad.
De esta manera se revalidará su acta de nacimiento y podrán ejercer todos sus derechos, como por ejemplo: cobrar un cheque o que el Seguro Social reconozca los derechos jurídicos de las parejas del mismo sexo para cobrar la pensión por viudez, pues actualmente los encargados de tramitarlas ponen obstáculos y esto deriva en quejas por discriminación.
Esto tendría un impacto favorable en el ámbito de la tolerancia y no discriminación por razón de identidad de género, pues los actos de violencia hacia las personas identificadas con la comunidad LGBT+ cada vez son más frecuentes.
De acuerdo con el portal web del gobierno estatal, en las últimas dos décadas se han registrado alrededor de mil 310 asesinatos de este tipo en 29 entidades del país.
Lo cual implica 65 casos por año, cinco al mes y al menos uno por semana en promedio, por el simple hecho de pertenecer a dicha comunidad.
Por otro lado, la aprobación de los matrimonios igualitarios representaría el reconocimiento de la unión civil entre dos personas del mismo sexo, dotando de figura jurídica a esta unión y garantizando el cumplimiento de derechos y obligaciones entre los concubinos.
Cabe mencionar que el matrimonio civil igualitario, que ya cuenta con el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sólo ha sido legalizado en algunas entidades del país.
Inclusión
La Fundación Arcoíris considera que las empresas también tienen el deber moral de incluir a los integrantes de la comunidad LGBT+ y respetar la diversidad, pues hasta el momento, a nivel nacional, sólo 37 empresas ofrecen empleo a esta comunidad y ochos más están en proceso de acreditarse como incluyentes.
Cabe mencionar que la mayoría de empresarios que están ofreciendo empleo a los miembros de la diversidad sexual se localizan en la Ciudad de México.
“El rechazo laboral hacia la comunidad LGBTTTI sigue siendo igual que hace 40 años. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostiene que en el Estado de México hay un avance legislativo por debajo de la media nacional, es decir, del 53%.
"Mismo que se logró porque dentro de la Constitución local hay un apartado que indica que todas las personas son iguales ante la ley, y una más que establece en su artículo quinto que nadie puede discriminar por motivos de su orientación o preferencia sexual", señaló el vocero de dicha fundación.
A la fecha en el Estado de México distintas instituciones han instrumentado programas para atender a sectores vulnerables, (Con información de Patricia Venegas)
