Toluca, México.- El proceso de litigios que obligan los concesionarios y la autoridad a las víctimas de un accidente o hecho violento a bordo del transporte público en el estado de México, para hacer válidos seguros de vida e indemnizaciones son martirios que pueden demorar de uno a dos años, sin resolver.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad, el tiempo para resolver los casos en que se inicia un juicio para reparar el daño a las víctimas, depende directamente de la Fiscalía General de Justicia del estado de México (FGJEM), por lo que la espera para obtener apoyo económico en gastos médicos, y en su caso, la indemnización que obliga la ley, no tiene un tiempo definido.
Ese lapso puede demorar más de medio año, el cual se convierte en procesos que pocas víctimas soportan, revelaron propios transportistas consultados.
“Depende de los tiempos que defina la Fiscalía estatal y los peritajes que requiera desarrollar”, sostuvo la dependencia estatal en una solicitud de información hecha por este diario.
Tan solo en cuatro años, de 2014 a 2017 se cuantificaron 410 muertes causadas por el transporte público, es decir un promedio de 100 víctimas mortales cada año.
Mientras que en los primeros cinco meses del 2018, de enero a junio, el transporte público ya rebasó las 50 muertes.
- Caso Crucero
El pasado 28 de abril en el municipio de Otzolotepec, una unidad de la línea Crucero provocó la muerte de una persona y dejó lesionadas a cinco más.
De ese hecho, la Secretaría de Movilidad informó en su momento, que la indemnización se podría otorgar hasta que culminen los peritajes de la Fiscalía, cuando se sepa si hubo responsabilidad o no del operador.
Aurora Luciano Estrada, quien fue una de las cinco pasajeros junto con su esposo, de los lesionados, informó que tras un meses y medio de ocurrir el accidente la línea Crucero, sólo otorgó apoyo económico parcial para pago de parte de los gastos de hospital.
“Seguimos en las mismas, los dueños de la línea han declarado que ya se pagó la indemnización en su totalidad pero sólo fue para gastos, mi esposo aún sigue sin poderse mover y eso nunca lo pagarán”, acusó la víctima en entrevista telefónica para este diario.
En su caso, la línea Crucero entregó un apoyo de 90 mil pesos, lo cual no cubrió en su totalidad los gastos de hospital, pues a su esposo se le debió realizar una intervención quirúrgica y tras el accidente sufrió daño cerebral.
“Él tiene trauma craneoencefálico, estuvo en coma quince días y ahora está en cama, no puede hablar ni moverse”, denunció Aurora Luciano.
De acuerdo con la Norma Técnica de la Semov para operatividad de las unidades concesionadas, se requiere de un seguro de vida vigente, que se debe renovar.
Además este tipo de seguros deben considerar montos de entre 500 mil a 1 millón de pesos.
Sin embargo Aurora denunció que hasta el momento desconoce cómo va el peritaje, y de qué forma se pagará la indemnización.
“En el Ministerio Público sólo nos han pedido el certificado médico legista de mi esposo y los expedientes clínicos de ambos que el peritaje pero de ahí no hemos sabido nada”, relató la víctima del transporte público.
- Dos casos ejemplares
Los casos casos ocurridos con Diana Segura y Diana Rubí, dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), reflejan la impunidad y tramitología con que operan el pago de indemnizaciones por parte de las empresas transportistas en casos de accidentes.
Ambos casos, demoraron en su resolución cerca de dos años y sólo se aceleraron por la intervención y seguimiento de los medios de comunicación.
