En México, las mujeres en prisión preventiva oficiosa sufren una mayor violencia, pues estar recluidas les afecta más que a los hombres y muchas veces llegan a las cárceles víctimas de violencia, pero además hay quienes, acusadas de delitos federales, llevan hasta 14 años esperando una sentencia en condiciones poco dignas.
Layla Almaraz, Secretaría Técnica de Cooperación del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) refirió que hicieron una visita conjunta con la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No.16 en Coatlán del Río, Morelos, para entrevistar a 22 mujeres privadas de la libertad, a quienes se les ha impuesto una prisión preventiva oficiosa excesiva.
En todo el país hay 288 centros penitenciarios, y de esos solo 20 son exclusivos para mujeres donde se concentra cerca del 46% de la población penitenciaria femenina y el 54% restante está en cárceles mixtas, sujetas a distintas violencias donde los custodios y médicos son hombres y están expuestas a abusos.
Un problema generalizado del sistema penitenciario, agregó, es que no se ofrecen condiciones de vida digna y el Cefereso 16 preocupa particularmente porque es exclusivo para mujeres y ni siquiera tiene una ginecóloga.
Las mujeres representan el 5% de la población penitenciaría nacional, pero son más afectadas por la prisión, pues una de cada dos mujeres privadas de su libertad está en prisión preventiva, pero además son doblemente castigadas porque cargan con el estigma de entrar en conflicto con la ley penal y por incumplir con el rol de género, donde se les señala por no estar en su casa y se les acusa de no ser buenas mujeres, ni buenas madres.
La visita
Layla Almaraz explicó que entrevistaron a 22 mujeres detenidas arbitrariamente.
La mayoría fueron víctimas de tortura y tortura sexual, y quienes llevan entre ocho y 14 años en prisión sin haber recibido una sentencia y viven en condiciones de internamiento muy poco dignas.
Muchas, explicó, están acusadas por delitos como: delincuencia organizada, secuestro, trata de personas y portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército.
"Muchas de ellas están en prisión por haber estado en el momento equivocado en el lugar equivocado, o por haber tenido parejas que se estaban dedicando a esto: a la comisión de estos ilícitos.
"Muchas de ellas estaban sujetas a relaciones violentas de las que no podían escapar en las que no tenían otra opción" explicó y añadió que lamentablemente hay quienes creen que no tienen otra opción.
Detalló que buscan combatir el punitivismo, pues la prisión no es la solución para todo y la prisión preventiva implica mantener a gente inocente en prisión en condiciones no dignas.
Advirtió que hay muchos factores por los cuales los procesos duran tanto: pues muchos iniciaron con irregularidades como detenciones arbitrarias y tortura, la cual quiebra a las personas y los procesos penales, sin seguir el debido proceso y deben hacer correcciones que alargan todo, pero además muchos fueron en el marco de la guerra contra el crimen organizado, donde era común que se colocaban retenes aleatorios en los cuales levantaban a quien estuviera.
También hay trabas, añadió, porque son causas penales viejitas, en las cuales tienen que buscar a peritos a ratificar peritajes de hace 16 años y pueden tardar año y medio en encontrarlos, aunado a la falta de debida diligencia de ciertas autoridades.
Por primera vez, explicó, la Defensoría Pública federal está litigando ante instancias internacionales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ante la ONU, pues estudiaron sus asuntos, y en el caso de una mujer conocida como Irma por ejemplo, existe un estudio psicológico de una especialista, quien señaló que no tenía otra opción por la violencia de género tan fuerte que vivía.
Advirtió que las mujeres están viviendo una doble violencia primeros por sus parejas y después por el Estado, e incluso este año una mujer murió por falta de atención médica adecuada.
El Cefereso 16, de Morelos, el único exclusivo para mujeres del fuero federal, señaló, alberga más de mil mujeres y no tiene ningún ginecólogo.
Tras las visitas que hicieron, dijo, ahora deben redoblar esfuerzos y lo que sigue es seguir litigando los asuntos, buscar que en el caso de las 22 mujeres se les garantice su derecho a un juicio justo, rápido, buscar que tengan reparación integral del daño, atención médica adecuada porque muchas son sobrevivientes de tortura.
Un punto fundamental es cambiar la medida cautelar, a fin de que sigan sus procesos en libertad y que eso no vuelva a pasar.
En ese marco, refirió, acaban de ganar el amparo 315/2021, a fin de poner límites a la prisión preventiva oficiosa y siguen impulsando litigios internacionales y enviarán cartas al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, como al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria.
Dos de las 22 mujeres, explicó, ya tienen una opinión de ese grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias: Brenda Quevedo y Verónica Razón: a quienes se pide liberarlas y reparar el daño y la Defensoría busca que sean liberadas. Además, irán al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el cual conoce el caso de Irma.
