/ miércoles 27 de marzo de 2024

Nueva Ley de Protección Civil es un avance: Adrián Hernández

El director de Protección Civil estatal consideró que permitirá ofrecer respuestas más ágiles

Para Adrián Hernández, coordinador general de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México, la nueva Ley General de Protección Civil, recién aprobada en la Legislatura federal, representa un avance que permitirá ofrecer una respuesta más ágil, e implementar medidas de manera inmediata, sin pasar por largos procesos burocráticos.

Además, consideró que la creación de un fondo con recursos propios, por parte de estados y municipios, también garantiza una mayor autonomía y capacidad de respuesta y reconoce la importancia de la prevención y la preparación ante desastres.

“Esta nueva ley representa un avance significativo en la gestión integral del riesgo en México. Establece reglas claras para la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y se fortalece la capacidad del país para enfrentar y responder a situaciones de emergencia de manera más efectiva y coordinada.

“Es fundamental destacar que esta ley reconoce la importancia de la prevención y la preparación ante desastres, al obligar a las entidades federativas y municipios a destinar recursos propios para la atención de riesgos y desastres. También promueve una cultura de prevención que puede salvar vidas y reducir los daños materiales”, aseguró.

El titular de Protección Civil del Estado de México sostuvo que la sustitución de las declaratorias de emergencia y desastre por acuerdos específicos permite una respuesta más ágil y adaptada a las necesidades de cada situación. “Esto significa que se podrán implementar medidas de manera inmediata, sin necesidad de pasar por largos procesos burocráticos”.

Adrian Hernández también destacó que el fondo que se pretende crear permitirá tener mayor autonomía, fomentar la responsabilidad y el compromiso; por lo cual confió en que la ley será aprobada en el Senado.

‘La creación de un fondo con recursos propios, por parte de los estados y municipios, también garantiza una mayor autonomía y capacidad de respuesta ante desastres, esto también fomenta la responsabilidad y el compromiso de las autoridades locales con la protección de sus ciudadanos.

“En resumen, la Ley General de Protección Civil representa un paso importante hacia la construcción de un país más resiliente y preparado para enfrentar los desafíos que plantea el cambio climático y otros riesgos naturales. Su implementación efectiva contribuirá a salvaguardar vidas, proteger bienes y fortalecer la seguridad de toda la población mexicana, por lo que espero su ratificación en el Senado”.

De acuerdo con el dictamen, con esa norma, las entidades federativas deberán prever recursos en sus presupuestos para atender a la población en situación de emergencia y, en su caso, la infraestructura pública estatal que hubiera quedado afectada, por la ocurrencia de amenazas naturales.

También considera obligación y responsabilidad de los gobiernos de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales, conforme a su disponibilidad presupuestaria, la contratación de seguros y demás instrumentos de administración y transferencia de riesgo de desastre para la cobertura de daños causados por un desastre, originado por amenazas naturales.

Para Adrián Hernández, coordinador general de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México, la nueva Ley General de Protección Civil, recién aprobada en la Legislatura federal, representa un avance que permitirá ofrecer una respuesta más ágil, e implementar medidas de manera inmediata, sin pasar por largos procesos burocráticos.

Además, consideró que la creación de un fondo con recursos propios, por parte de estados y municipios, también garantiza una mayor autonomía y capacidad de respuesta y reconoce la importancia de la prevención y la preparación ante desastres.

“Esta nueva ley representa un avance significativo en la gestión integral del riesgo en México. Establece reglas claras para la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y se fortalece la capacidad del país para enfrentar y responder a situaciones de emergencia de manera más efectiva y coordinada.

“Es fundamental destacar que esta ley reconoce la importancia de la prevención y la preparación ante desastres, al obligar a las entidades federativas y municipios a destinar recursos propios para la atención de riesgos y desastres. También promueve una cultura de prevención que puede salvar vidas y reducir los daños materiales”, aseguró.

El titular de Protección Civil del Estado de México sostuvo que la sustitución de las declaratorias de emergencia y desastre por acuerdos específicos permite una respuesta más ágil y adaptada a las necesidades de cada situación. “Esto significa que se podrán implementar medidas de manera inmediata, sin necesidad de pasar por largos procesos burocráticos”.

Adrian Hernández también destacó que el fondo que se pretende crear permitirá tener mayor autonomía, fomentar la responsabilidad y el compromiso; por lo cual confió en que la ley será aprobada en el Senado.

‘La creación de un fondo con recursos propios, por parte de los estados y municipios, también garantiza una mayor autonomía y capacidad de respuesta ante desastres, esto también fomenta la responsabilidad y el compromiso de las autoridades locales con la protección de sus ciudadanos.

“En resumen, la Ley General de Protección Civil representa un paso importante hacia la construcción de un país más resiliente y preparado para enfrentar los desafíos que plantea el cambio climático y otros riesgos naturales. Su implementación efectiva contribuirá a salvaguardar vidas, proteger bienes y fortalecer la seguridad de toda la población mexicana, por lo que espero su ratificación en el Senado”.

De acuerdo con el dictamen, con esa norma, las entidades federativas deberán prever recursos en sus presupuestos para atender a la población en situación de emergencia y, en su caso, la infraestructura pública estatal que hubiera quedado afectada, por la ocurrencia de amenazas naturales.

También considera obligación y responsabilidad de los gobiernos de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales, conforme a su disponibilidad presupuestaria, la contratación de seguros y demás instrumentos de administración y transferencia de riesgo de desastre para la cobertura de daños causados por un desastre, originado por amenazas naturales.

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