El gobierno de Delfina Gómez Álvarez propuso asignar para 2024 una bolsa de 100 millones de pesos al Fondo de Desastres del Estado de México, una cantidad idéntica a la que planteaban los gobiernos anteriores.
El artículo 26 del proyecto de presupuesto para el siguiente año prevé un monto señalado en el capítulo 6000 “Inversión Pública”, por 100 millones de pesos asignados a la Coordinación General de Protección Civil, para la atención de desastres y siniestros ambientales o antropogénicos.
La exposición de motivos señala que el gasto de inversión considera 100 millones de pesos asignados a la Atención de Desastres y Siniestros Ambientales o Antropogénicos, para atender a la población afectada y a los daños causados a la infraestructura pública estatal por desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones de prevención y mitigación del impacto en las finanzas estatales.
Añade que ese fondo prevé recursos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Más adelante, en el artículo 44 se precisa que en caso de que se presenten contingencias por desastres naturales o antropogénicos, que requieran para su atención inmediata la erogación de recursos adicionales a los autorizados en el presupuesto para el ejercicio fiscal
2024, el Ejecutivo del Estado adoptará las medidas presupuestales pertinentes, e informará a la Legislatura en un plazo no mayor a 15 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se adoptaron dichas medidas extraordinarias.
Las Dependencias y Entidades Públicas que reciban recursos para la atención de desastres naturales o antropogénicos, de acuerdo con la propuesta, serán las responsables de destinar y ejercer los recursos para los fines que fueron autorizados; así como de dar el seguimiento a las acciones que se ejecuten al respecto.
El fondo
El fondo fue creado en el año 2010 con una asignación de 75 millones de pesos y para el año 2011 el Congreso le apartó 150 millones.
Entre los años 2012 y 2016 el monto fue de 200 millones. En 2017 aumentó a 222 millones y en 2018, prácticamente se duplicó a 500 millones para apoyar en la reconstrucción por los sismos de un año antes.
Sin embargo, a partir del 2019 y los años siguientes la cantidad bajó a 100 millones, mismos que se han mantenido.
Los recursos
Con esa asignación de 100 millones aprobada por la Legislatura local se deberá dar cumplimiento a lo señalado en el artículo nueve de la Ley de Disciplina Financiera, donde se establece que el presupuesto de las entidades federativas debe prever recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal, ocasionados por desastres naturales; así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto en las finanzas estatales.
El monto de recursos deberá determinarse en cada entidad, pero como mínimo debe corresponder al 10% de la aportación realizada por cada estado para la reconstrucción de la infraestructura de la entidad federativa dañada que en promedio se registró en los últimos cinco ejercicios, medido a través de las autorizaciones de recursos aprobados por el fondo de desastres naturales.
Ese artículo también señala que los recursos deberán ser destinados primero a financiar obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal, aprobadas en el marco de las reglas generales del fondo de desastres, y si hubiera remanente podrá utilizarse para acciones de prevención y mitigación, a fin de financiar proyectos preventivos.
