Durante 2023 el Órgano Superior del Estado de México inició seis denuncias penales por presuntos delitos de abuso de autoridad, desobediencia y obstaculización a la función de fiscalización en los municipios de Almoloya de Juárez, Ecatepec, Tepotzotlán y Ocuilan.
Además, derivados de las investigaciones que realizó, el Tribunal de Justicia Administrativa emitió resoluciones que ordenaron indemnizaciones por desvío de recursos y abuso de funciones, pues impuso 13 sanciones por la comisión de faltas administrativas graves y determinó un monto por indemnizaciones de dos millones 350 mil 315 pesos.
La auditora superior del Estado de México, Miroslava Carrillo Martínez explicó que las sanciones fueron contra expresidentes municipales, extesoreros, el exdirector general del Tecnológico de Coacalco, el exdirector de Administración y Finanzas a un exsíndico y en el caso de los exediles fueron de los municipios de Juchitepec, Chinconcuac, Ozumba, Tequisquiac, Soyaniquilpan y San Felipe del Progreso de las administraciones 2016 – 2018.
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Refirió que tardan cerca de un año y ocho meses en que el asunto llegue al tribunal y éste a veces otros tres años en desahogar; por lo cual los procedimientos son tardados pero han sancionado a ex servidores de gestiones anteriores.
Admitió que ha habido resistencias como el no entregar la información, pero en los últimos dos años han impuesto multas que incrementaron pues eran la única entidad donde ascendían a 10 UMAS y ahora la mínima es de 100 UMAS, gracias a una reforma legal.
Desobediencia
Ante la resistencia a entregar información, dijo, han optado por presentar denuncias penales ante la Fiscalía mexiquense por desobediencia contra actuales administraciones, pues hicieron varios requerimientos y no todos los entregaron.
Al hacer entrega del informe de gestión a la Comisión de Vigilancia del OSFEM, del Informe Anual de Gestión 2023 refirió que contempla cinco ejes estratégicos que recopila las actividades realizadas durante ese año e incluye la gestión institucional, la fiscalización superior, entre otras cosas.
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En las Cuentas Públicas 2020 y 2021, precisó, la Unidad de Investigación conoció mil 379 expedientes, de los cuales 838 derivaron de auditorías, 537 de denuncias y cuatro investigaciones de oficio y concluyó 937 expedientes, mientras 442 se encuentran en trámite.
De los mil 379 expedientes, precisó, se han realizado 187 informes de presunta responsabilidad administrativa, y de esos, 112 se encuentran en trámite y 75 están concluidos.
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, añadió, emitió 13 sanciones por la comisión de faltas administrativas graves y determinó un monto por indemnizaciones de dos millones 350 mil 315 pesos y el OSFEM además de las seis denuncias penales que no está dirigida a servidores sino a ayuntamientos y realizó acciones para iniciar 17 procedimientos administrativos de ejecución.
Miroslava Carrillo señaló que de manera periódica han solicitado el estatus de la ejecución y cobro de los créditos fiscales activos a 2023, pero 30 entidades fiscalizables no realizaron gestiones para iniciar dicha ejecución y se han reintegrado a las arcas dos millones 186 mil 567 pesos.
Añadió que suscribieron convenios de colaboración que contribuyeron en los trabajos desarrollados en la fiscalización Superior con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con otras instituciones.
