/ martes 21 de noviembre de 2017

Piden arquitectos investigar obra fantasma en Toluca y requerir a ex ediles

Debió existir una supervisión permanente

Toluca, México.- Los señalamientos del alcalde de Toluca, Fernando Zamora Morales, en torno a la ampliación inexistente de la Unidad Deportiva en San Mateo Otzacatipan ameritan una investigación y explicaciones de los ex alcaldes para saber por qué no se pagó la obra en tiempo y forma, y por qué no se reclamó la falta de cumplimiento.

La Ley de Obra Pública es muy clara al señalar los requisitos para que se adjudique alguna obra, pues si falta algún documento no se puede dar. Existe la obligación de integrar un expediente técnico y las constructoras deben dejar fianzas; además de que las violaciones a la ley se sancionan con multas, inhabilitaciones y hasta destituciones de los servidores públicos responsables.

El presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, Arturo Chavarría advirtió que existe la posibilidad de que la obra se haya asignado bien,  pero después no se haya querido pagar, con lo cual habría omisión de las autoridades, pero es necesario investigar de quién sería la posible responsabilidad.

Refirió que esa norma y el Código Administrativo exigen hacer supervisiones, reportes, informes y que las contralorías, las direcciones, la tesorería, el propio Órgano Superior de Fiscalización del estado de México (OSFEM) den seguimiento al buen uso de los recursos.

“Si la pagó y no se hizo podría haber un fraude, pero debe haber contratos, visitas de supervisión, no creo que un juez se equivoque porque si no habría omisión y fraude; por lo cual debe haber una investigación exhaustiva a las anteriores administraciones y ver por qué hicieron caso omiso a los pagos”, explicó.

Advirtió que por lo regular el juez no se equivoca, pues la empresa tiene que demostrar un adeudo para que la autoridad le dé la razón, pero si existiera algún supuesto fraude, los ex alcaldes Martha Hilda González, Braulio Álvarez; la propia María Elena Barrera y Guillermo Legorreta, quien concluyó esa administración, deberían comparecer para explicar su posible responsabilidad y por qué no pagaron en tiempo y forma.

Toluca, México.- Los señalamientos del alcalde de Toluca, Fernando Zamora Morales, en torno a la ampliación inexistente de la Unidad Deportiva en San Mateo Otzacatipan ameritan una investigación y explicaciones de los ex alcaldes para saber por qué no se pagó la obra en tiempo y forma, y por qué no se reclamó la falta de cumplimiento.

La Ley de Obra Pública es muy clara al señalar los requisitos para que se adjudique alguna obra, pues si falta algún documento no se puede dar. Existe la obligación de integrar un expediente técnico y las constructoras deben dejar fianzas; además de que las violaciones a la ley se sancionan con multas, inhabilitaciones y hasta destituciones de los servidores públicos responsables.

El presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, Arturo Chavarría advirtió que existe la posibilidad de que la obra se haya asignado bien,  pero después no se haya querido pagar, con lo cual habría omisión de las autoridades, pero es necesario investigar de quién sería la posible responsabilidad.

Refirió que esa norma y el Código Administrativo exigen hacer supervisiones, reportes, informes y que las contralorías, las direcciones, la tesorería, el propio Órgano Superior de Fiscalización del estado de México (OSFEM) den seguimiento al buen uso de los recursos.

“Si la pagó y no se hizo podría haber un fraude, pero debe haber contratos, visitas de supervisión, no creo que un juez se equivoque porque si no habría omisión y fraude; por lo cual debe haber una investigación exhaustiva a las anteriores administraciones y ver por qué hicieron caso omiso a los pagos”, explicó.

Advirtió que por lo regular el juez no se equivoca, pues la empresa tiene que demostrar un adeudo para que la autoridad le dé la razón, pero si existiera algún supuesto fraude, los ex alcaldes Martha Hilda González, Braulio Álvarez; la propia María Elena Barrera y Guillermo Legorreta, quien concluyó esa administración, deberían comparecer para explicar su posible responsabilidad y por qué no pagaron en tiempo y forma.

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