La Legislatura mexiquense exhortó al gobernador Alfredo del Mazo a cumplir las recomendaciones 97/2019 y 98/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que implican reglamentar la supervisión de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM) y permitir que sea auditados.
También le pidieron girar instrucciones al secretario de Seguridad, Rodrigo Martínez- Celis, para cumplir con la verificación y capacitación de esos cuerpos, bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Azucena Cisneros Coss, diputada de Morena, sostuvo que la falta de legalidad en la regulación y supervisión de los CUSAEM ha permitido que esa corporación opere bajo la protección del Gobierno del Estado con total impunidad, sin rendir cuentas, y sin que se fiscalicen sus ingresos, pese a denuncias en contra de los CUSAEM por violación a derechos humanos y presuntos hechos delictivos.
Aun cuando el Gobierno del Estado, añadió, ha señalado que el CUSAEM no está integrado por servidores públicos, la corporación usa insignias, escudos y armas de fuego de la policía estatal, al amparo de la licencia oficial colectiva 139, otorgada a la ex Comisión Estatal de Seguridad, hoy Secretaría de Seguridad estatal.
Es hecho, señaló, ha generado sanciones administrativas a la secretaría por el empleo de armamento en actividades de seguridad privada realizadas por el CUSAEM, fuera de los límites del Estado de México, sin autorización, y su personal se encuentra afiliado al ISSEMYM y adeuda más de mil 400 millones de pesos por cuotas a ese organismo.
Ocultan información
La legisladora señaló que se han presentado solicitudes de información, pero las diferentes dependencias de gobierno han negado los datos y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), ha ratificado los argumentos de las dependencias, violentando el derecho a la información pública.
En el gobierno de Enrique Peña Nieto, refirió, los CUSAEM recibieron contratos millonarios para brindar seguridad a dependencias del Gobierno estatal, sin que se pudiera conocer el servicio, el número de elementos, el importe y el sitio donde se brindaba el servicio, pues los anexos uno y dos de los Convenios de Prestación de Servicios de Seguridad y Vigilancia de los años 2014 y 2015 fueron clasificados como información reservada por nueve años.
El argumento fue que la información podía ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza a la seguridad de las personas en las instalaciones administrativas, poniendo en riesgo su vida e integridad física y lo mismo sucedió con los convenios celebrados con el ISSEMYM, durante los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013, clasificados como información reservada por nueve años.
Azucena Cisneros señaló que de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, durante el periodo de Enrique Peña Nieto, como presidente de la República, se otorgó a los CUSAEM unos 105 contratos para brindar seguridad a instituciones o dependencias federales por tres mil 389 millones de pesos y algunos no se encuentran disponibles para su consulta o parte de la información está reservada.
Las recomendaciones
Refirió que hay denuncias contra elementos de CUSAEM; entre ellos por abuso de autoridad, extorsión y triangulación de recursos en diferentes entidades, por lo cual es necesario que se atiendan las recomendaciones de la CNDH, entre ellas la 97/2019 sobre violaciones a derechos humanos a la vida, a la integridad personal, al acceso a la justicia y a la seguridad jurídica en agravio de todas las víctimas, por acciones y omisiones de autoridades en relación con la actuación del CUSAEM y la 98/2019 del 31 de octubre de 2019 sobre violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la vida, a la integridad personal, atribuibles a elementos de los CUSAEM.
Las recomendaciones piden al gobierno estatal incluir en la página electrónica de la Secretaría de Seguridad estatal el Manual Interno de Operación con las normas operativas, administrativas, y en general, las actividades de los CUSAEM; reglamentar los mecanismos de supervisión de los CUSAEM, para que sean auditados y supervisados y verificar que todos los elementos a quienes se les haya autorizado portar armas de fuego cumplan con los requisitos y condiciones.
También pide que se capacite a los elementos que cumplan con los requisitos y condiciones de la licencia, la emisión de un Protocolo del Uso de la Fuerza para los Cuerpos de Seguridad del Estado de México e impartir un curso integral a los elementos de los CUSAEM, relacionado con la capacitación y formación en materia de derechos humanos y sobre el uso de la fuerza.
