Organizaciones y colectivos llamaron a garantizar los derechos de las personas, impulsar políticas públicas para prevenir y sancionar conductas como el acoso y una educación integral sin tabúes.
Durante los trabajos del Secretariado Técnico para el análisis y estudio de la reforma constitucional, plantearon la necesidad de garantizar los derechos de las y los menores en prisión que viven con sus madres, la igualdad y equidad, pero también los derechos de integrantes de la comunidad LGBT+.
Colectivos feministas también solicitaron garantizar el derecho a decidir y una educación sexual integral.
Comunidad LGBT+
Leonardo Espinoza, de la comunidad LGBT+, pidió se respeten los derechos, se apruebe el matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género. Admitió que hay un compromiso de que el 20 de julio esa última se aprobaría en el pleno y buscan que los crímenes de odio no queden en la impunidad, pero además que se respeten los criterios legales que han ganado a través de la lucha que han dado.
De la comunidad Trans pidieron aprobar la Ley de Identidad de Género para garantizar que tengan derecho a una salud digna, a concluir con sus estudios, pues por falta de capacitación y de una legislación que garantice la seguridad e igualdad, los derechos no se reconocen y más del 95% de las personas transgénero no tienen acceso a un empleo.
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Otros representantes de la comunidad LGBT+ advirtieron que por años les han negado derechos básicos como el nombre, por lo cual piden la Ley de Identidad de Género y una educación integral sexual, pues en estos momentos se estigmatiza, pero permitiría formar una sociedad sin tabúes hacia ellas y ellos; así como protocolos de actuación y reconocerlos.
Igualdad
Otras organizaciones propusieron incorporar un protocolo de actuación que reglamente la estancia de niñas y niños que nacen en prisión y de las madres que están privadas de la libertad, pues pueden estar en las prisiones, de acuerdo con la ley, hasta los tres años de edad, pero por falta de reglamentación hay quienes están hasta los seis sin contextos dignos.
El Poder Judicial, señalaron, ha conformado una comisión para atender el tema, a fin de garantizar sus derechos.
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Del colectivo feminista Voces Sororas, surgida por la violencia sexual en la Universidad Autónoma del Estado de México, señalaron que aun cuando se reconocen delitos como el abuso y el acoso, falta incidir en las políticas para prevenir y sancionar esas conductas.
Ese colectivo envió cuatro iniciativas, entre ellas: para que la violencia de género sea una falta administrativa grave, la despenalización del aborto y promover educación sexual integral.
Santiago García coincidió en integrar en la educación básica la educación sexual integral.
De la organización Abejas de Lumbre de la UAEM propusieron a la comisión de medios de comunicación una perspectiva de género, el derecho a la ciudadanía, la obligación del Estado para un acceso abierto a la investigación científica y humanística.
De la Asociación Pequeños Castores Rescatadores plantearon la participación de las mujeres en la ciencia, el derecho a la ciudad, integrar a menores como un indicador sensible en ese tema.
Representantes de colectivos feministas pidieron legislar sobre el derecho a decidir, ampliar los derechos de las mujeres, garantizar la necesidad de condiciones de igualdad y una vida libre de violencia.
En cuanto al medio ambiente, pidieron analizar el tema del servicio del agua, su distribución, el presupuesto participativo, profesionalizar a las personas.
Otras y otros jóvenes plantearon la necesidad de hacer valer derechos, el impulso a la educación y el desarrollo sostenible.
