Toluca, México.- Organizaciones civiles pidieron a los legisladores locales construir una Ley en materia de Desaparición Forzada de Personas que no sea una copia de la norma federal, fortalecer la atención a víctimas indirectas e incluir la declaración especial de ausencia para que familiares puedan reclamar los derechos de las víctimas.
Representantes de distintas organizaciones también advirtieron la necesidad de que la Comisión de Búsqueda de Personas de la entidad y las áreas especializadas cuenten con presupuesto, personal, perfiles idóneos, perspectiva de género transversal y comunicación con las entidades y con el Gobierno federal.
Al asistir a una reunión con la presidenta de la comisión de Igualdad en la Legislatura mexiquense, Mariana Uribe, también señalaron la necesidad de tener datos forenses actualizados y pidieron que no se generen falsas expectativas y tomen en cuenta las participaciones de organizaciones y familiares de víctimas.
Resaltaron que la problemática del estado de México en materia de desapariciones es más alta que la media nacional.
Organizaciones como idheas pidieron el año pasado la segunda declaratoria de alerta de género por desapariciones en 7 de los 125 municipios: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Chimalhuacán, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Cuautitlán Izcalli.
Hasta el momento, hay dos entidades federativas que ya tienen una ley estatal en materia de desapariciones forzadas: Veracruz y Coahuila.
Siguen los estereotipos y faltan recursos
Ximena Ugarte Trangay del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia advirtió que los principales obstáculos que encuentran familiares de las víctimas para denunciar desapariciones y buscar a sus parientes son los estereotipos de género y condición social en las autoridades.
Lamentó que aún hay quienes señalan que las mujeres desaparecidas tal vez se fueron con el novio y piden esperar 72 horas para empezar a buscarlas. “Se sigue culpabilizando a la víctima de la situación y es un tema que no se acaba de quitar y tiene que ver más con sensibilidad”.
Además, explicó, en todas las entidades faltan mecanismos de información adecuada y de enfoque diferenciado para ver cuántas desaparecidas son mujeres, cuántas en condiciones de vulnerabilidad económica y educativa, pues esa información no es accesible, aun cuando debería serlo para ver cuántas desapariciones se convirtieron en feminicidios.
La comisión de búsqueda estatal, advirtió, tiene muy poco personal para el nivel del problema del estado de México, le falta presupuesto, personal especializado con perspectiva de género, protocolos adecuados y tecnología adecuada para las búsquedas
Refirió que a veces los policías de investigación y las células de búsqueda ocupan sus propios celulares y grupos de Whats App para atender temas de desapariciones y muchas veces no tienen la capacidad de realizar búsquedas. “Les falta presupuesto, personal, tecnología, a veces es imposible atender un problema tan grave con tan pocos elementos”.
También advirtió que la elección de la comisionada de búsqueda de personas, nombrada en junio del año pasado debió ser con la participación de familiares y colectivos, a fin de que pudiera tener acercamiento y legitimidad con los afectados.
Edomex: con un problema grave de desapariciones
En el estado de México, advirtió, un tema muy importante es el de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres que incluso dio lugar a solicitar una segunda alerta de género, pues mientras en el país la desaparición de mujeres era de un 25%, en otras entidades y en el territorio mexiquense más de la mitad de personas desaparecidas son mujeres, y de esas la mayoría de 15 a 21 años.
Ximena Ugarte resaltó la necesidad de una segunda alerta porque de 2015 a 2018 no solo no disminuyeron las desapariciones en la entidad; sino aumentaron, por lo cual solicitaron la segunda alerta.
Las organizaciones, donde participaron además idheas, el comité internacional de la Cruz Roja plantearon la necesidad de incluir la figura de declaración especial de ausencia, pues en estos momentos debe existir una presunción de muerte para tener acceso a los bienes o a los derechos laborales y civiles de las víctimas.
También llamaron a analizar el tema de manejo de panteones y reconocieron avances en unidades de análisis, células de búsqueda, protocolos, áreas especializadas, por la creación de la fiscalía especializada para atender feminicidios y desapariciones, producto de la primera declaratoria de alerta de género, pero reconocieron que no hay elementos para ver si han sido eficaces.
Las organizaciones y la legisladora acordaron impulsar un grupo de trabajo técnico, realizar sesiones públicas con 10 participantes entre organizaciones civiles, familiares y colectivos. El próximo 13 de febrero enviarán sus propuestas.
