El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de México alista una propuesta de reforma en materia de transparencia para que se publique más información sobre las Alertas de Género.
Esa iniciativa busca que sea obligatorio publicar datos sobre el uso y destino de los recursos, las acciones que realizan las autoridades, las capacitaciones a sus empleados, estadísticas, los protocolos a seguir, entre otras que ayuden a las mujeres a saber qué hacer en caso de ser víctimas de violencia o de considerar que están en riesgo.
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Además, busca generar indicadores que permitan rendir cuentas sobre cuestiones como: las órdenes de protección que se otorgan, los casos de desapariciones y localización de mujeres, los feminicidios, entre otros.
El Estado de México tiene once municipios con alerta en materia de violencia feminicida y siete alertados por desapariciones, que en algunos casos coinciden.
Las y los diputados locales asignaron este año 459 millones de pesos para atender las dos alertas en el Estado de México, y entre otras cosas, para dar recursos al fondo de desapariciones, a la investigación de esos delitos, asegurar la reparación del daño y atender a menores en situación de orfandad por esos ilícitos.
Además, también recibirán de la Federación once millones 650 mil 412 pesos, destinados a acciones de coadyuvancia para las declaratorias de alerta de género para establecer, entre otras cosas, un registro de víctimas y de agresores.
La iniciativa
Al presentar la investigación sobre la "Utilidad de la Transparencia en la Alerta de Género del Estado de México", la comisionada Zulema Martínez señaló que en estos momentos no hay una obligación de transparencia con perspectiva de género; por lo cual es necesario hacer ajustes y perfeccionar las leyes general y local de Transparencia, a efecto de incluir obligaciones específicas relacionadas con las alertas de género.
Martínez explicó que la propuesta de reforma a la Ley General incluye publicar y actualizar información de planes, programas y presupuestos, pues actualmente los datos son genéricos y no se habla con perspectiva de género.
La intención es señalar monto, origen y destino de los recursos específicos para la alerta, además del listado de personas físicas o morales a las que se asignan.
De igual forma, los contratos o convenios que se han celebrado para la ejecución de estrategias, programas para la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, programas de servicios que se ofrecen para prevenir, atender sancionar y erradicar la violencia de género, los objetivos, metas e indicadores.
Señaló que los protocolos actualizados deberían estar disponibles en cualquier página para auxiliar a las mujeres, al igual que actas, acuerdos de sistemas para la igualdad, programas y servicios para apoyar a víctimas, listado de personas servidoras públicas especializadas, a fin de saber a quién acudir, la obligación de tener policía de género, sus capacitaciones.
Para la reforma local se harían cambios en el mismo sentido, pues Martínez consideró que tener información homologada y estandarizada tendría que servir para tomar decisiones y generar políticas públicas, por lo cual pretende plantearla a la Legislatura local.
La propuesta de reforma en materia federal será impulsada para que el Congreso local la retome y la presente a la Legislatura federal.
Anunció que también trabajará en los rubros de justicia para incluir al Poder Judicial mexiquense y a la Fiscalía del Estado de México con mayores obligaciones de transparencia.
