Toluca, México.- La Legislatura local analizará la propuesta de presupuesto del siguiente año, a fin de definir si habrá recursos para una posible segunda alerta de género, ahora por desapariciones de personas en siete de los 125 municipios, solicitada por organizaciones civiles.
Sin embargo, ese dinero tendría que ser etiquetado, con la obligación de ser transparentado para garantizar que se utilice en lo que se requiere, además de tener un informe de lo que ya se ha destinado al tema de género para verificar cómo se ha gastado, advirtió el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Legislatura local, Maurilio Hernández.
Ante la posible alerta por el tema de desapariciones en siete municipios, el secretario general de Gobierno, Alejandro Ozuna anunció que requerirán recursos para atender las sugerencias en torno al tema de desapariciones de mujeres en siete municipios, que entre otras cosas implica: crear una policía especializada, ampliar turnos en la Fiscalía y mejorar el 911.
La organización Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos solicitó este año la segunda Alerta de Violencia de Género para la entidad mexiquense en los municipios de Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco por las reiteradas desapariciones que se han registrado.
El gobierno estatal ya aceptó las recomendaciones que le hicieron y en un plazo de seis meses deberá informar a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) el avance en el cumplimiento, a fin de que se defina si procede o no la emisión de una segunda Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, pero ahora por desaparición de mujeres.
La solicitud de alerta fechada en junio de este año se basa en “los hechos, resultados y conclusiones que reúne el Diagnóstico sobre la desaparición de mujeres en el estado de México”, donde se identifica una situación de violencia feminicida en la entidad, sustentada en los casos de desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, especialmente en el rango de edad de 15 a 17 años.
El diputado local advirtió que quien hace la propuesta presupuestal es el Ejecutivo y ellos podrán redireccionar recursos para las áreas más prioritarias . “A partir de que nosotros tengamos en nuestras manos la propuesta presupuestal desde luego que estaremos en condiciones de poder priorizar asuntos de urgencia o de emergencia.
“La responsabilidad de la Legislatura es etiquetar en un momento dado para garantizar que los recursos vayan a donde se destinen, son aspectos que habremos de revisar”, explicó.
La petición de alerta
La solicitud de alerta recomienda al gobernador reconocer públicamente la difícil problemática de desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres, condenar ese delito, reconocer a colectivos de víctimas; asumir el compromiso de la prevención y erradicación de este fenómeno; mesas de trabajo, un Plan Estatal de Búsqueda, convenios con otras entidades, un sistema de información público, atención a familiares, planes de búsqueda.
A la Legislatura le piden tipificar el delito de desaparición de personas y desaparición forzada de personas en el código penal del Estado, con agravantes cuando se trate de casos de niñas y mujeres; homologar la norma estatal a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en México, con la obligación a los Ministerios Públicos de abrir carpetas de investigación y llevar a cabo la implementación inmediata de protocolos.
Al Poder Judicial estatal le recomienda capacitar a su personal, revisar periódicamente sentencias en materia de desaparición de niñas y mujeres que emiten las cortes y organismos internacionales y nacionales, comentarlas y divulgarlas; ordenar la reclasificación de las investigaciones y sancionar a los servidores que incurran en discriminación, trato no igualitario, o falta de respeto.
A la Comisión de Derechos Humanos también le recomienda emitir un pronunciamiento público sobre la gravedad de la situación de desaparición de mujeres, adolescentes y niñas en la entidad, de la obligación de las autoridades de prevenir, investigar, sancionar y reparar de forma integral el daño; así como de proteger a familiares, colectivos y organizaciones civiles.
Le pide abrir investigaciones de oficio cuando estén involucrados de forma directa o indirecta servidores, en casos de estigmatización y/o criminalización a las víctimas o sus familiares; y por la omisión de los servidores públicos de investigar de forma inmediata o demorar la búsqueda; emitir un informe general sobre la situación, establecer procedimientos transparentes, eficaces, fáciles, rápidos, profesionales y gratuitos para que las víctimas o sus familias pueden acercarse a la institución y formular su queja, entre otras.
También hacer recomendaciones a la Fiscalía General, ala Secretaría General de Gobierno y a otras instancias.
