Integrantes del Poder Judicial mexiquense propusieron la creación de un Tribunal Constitucional estatal, incluir en la Carta Magna la mediación familiar, temas de bioética, e identidad genética, y analizar si el tribunal burocrático debe ser parte del Tribunal Superior de Justicia.
Durante el diálogo con Integrantes del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional, dos magistradas y un consejero de la Judicatura también plantearon incluir un catálogo de nuevos derechos, el reconocimiento de los Derechos Humanos y un catálogo mínimo de derechos de los trabajadores al servicio del Estado y Municipios.
Advirtieron que deben prevalecer las reformas federales del 2011 para reconocer en la Carta Magna la supremacía de los Derechos Humanos, pues legitiman, protegen la esfera de las personas, son la mejor directriz, fijan límites, establecen caminos y constituyen parámetros.
La magistrada Blanca Colmenares advirtió que la Constitución mexiquense es letra viva y ha habido reformas, pero se requiere afinarlas, en torno a la protección integral de la niñez, que los medios alternativos de atención a conflictos como la mediación sean elevados a rango constitucional y analizar la posibilidad de hacerlos obligatorios para que las familias no se destruyan, además de priorizar el interés de los menores.
También planteó incluir la bioética en la Carta Magna, pues es una realidad que los está rebasando en temas como la maternidad subrogada y no está incluida en la Constitución, mientras otros países ya tienen protecciones y avances jurisdiccionales, como el de garantizar la identidad genética frente al uso de las tecnologías y la investigación y experimentación científica.
La magistrada María Alejandra Almazán advirtió la necesidad de adecuar el marco legal a la realidad y propuso ampliar el catálogo constitucional, pues en otros países ya se ha hecho y se han reconocido derechos como: la libertad de expresión, propiedad privada, medio ambiente, el uso de tecnologías, pero también se requiere un órgano para hacer valer esos derechos.
La Constitución, dijo, necesita que alguien la proteja, una garantía jurisdiccional a través de un Tribunal Constitucional, como un órgano local especializado que publique precedentes, criterios e interprete las normas, con carácter vinculatorio.
En otras entidades se prevé el control previo de constitucionalidad, el juicio de protección constitucional para nulificar normas o actos que violen disposiciones, la acción de protección efectiva, la restitución obligatoria de derechos humanos por recomendaciones de DDHH no cumplidas.
Todo eso, dijo, se encomienda a salas y tribunales constitucionales y aunque la entidad tiene una Sala Constitucional, se debe fortalecer y ampliar sus competencias para que la ciudadanía cuente con esta herramienta que le permita acceder a una administración tangible, donde le harán efectiva la tutela de los derechos, acompañado en ocasiones por instituciones.
Gerardo de la Peña, consejero de la Judicatura, propuso plantear un catálogo mínimo de derechos de los trabajadores al servicio del Estado y de los municipios para regir las relaciones entre los trabajadores y los gobiernos y buscar un diseño constitucional local que permita ser una entidad de vanguardia.
También planteó analizar la posibilidad de incluir la génesis del tribunal burocrático local en la Constitución y analizar si ese órgano debería depender del Poder Judicial. Pidió ser pioneros y lograr una Constitución mexiquense eficaz, eficiente y moderna.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Sodi, señaló que se busca avanzar en el diseño constitucional y ofreció trabajar por una propuesta vanguardista de reforma. Anunció que han designado a magistradas y magistrados y a algunos jueces para participar con el SECTEC, pues las y los juzgadores quienes son la primera trinchera hacia la sociedad y su voz debe ser escuchada.
Ofreció que participarán en el parlamento abierto y destacó que hay un diálogo constructivo entre poderes.
