Tras darse a conocer que el desbordamiento del río Molino se dio por el colapso de una represa privada en Valle de Bravo, asociaciones civiles ambientales lamentaron el hecho y piden a las autoridades se sancione a los dueños de la represa.
A través de un comunicado en conjunto, 10 asociaciones civiles reiteraron las omisiones de la autoridad gubernamental y solicitan que a los dueños de la represa se les obligue a pagar los daños ocasionados a las comunidades afectadas.
“La prevaleciente impunidad con la que continúan realizándose construcciones irregulares en Valle de Bravo dio lugar, el pasado 3 de septiembre, a un nuevo incidente, el cual ha ocasionado graves afectaciones económicas y ambientales”.
“Una de las tantas presas privadas que se construyen irregularmente en Valle de Bravo sufrió un daño en el talud de contención, ocasionando que millones de litros de agua se desbordaran, inundando sembradíos, propiedades privadas y llevando grandes cantidades de azolve a la zona del río El Molino, el cual desemboca en la presa de Valle de Bravo”, lamentaron los integrantes de las 10 asociaciones civiles firmantes.
De acuerdo con dichas asociaciones, el evento se pudo prevenir “si las autoridades hubieran cumplido con su obligación, actuando en tiempo y forma”, pues aseguraron que, desde el pasado 17 de agosto de 2021, se han presentado una serie de denuncias populares ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Procuraduría de Protección al Medio ambiente del Estado de México (Propaem).
Estas denuncias fueron hechas por diversas obras y actividades al interior de un predio particular en la comunidad de “Los Álamos”, lugar en el que se presume se construyó dicha represa, gracias a la evidencia de fotografías y videos enviados por vecinos de la zona.
Dicho número de carpeta de investigación por las denuncias se mantienen en privado, puesto que la investigación continúa abierta y su divulgación podría entorpecerla.
Siguiendo con el comunicado de las 10 asociaciones civiles, para presentar dicha denuncia partieron de la respuesta de las autoridades ambientales federales y locales a solicitudes de información que realizaron.
En las cuales, las autoridades aseguraron que en la zona de la denuncia solo se encontraba una autorización para infraestructura eléctrica.
Motivados por dicha respuesta, realizaron una búsqueda en la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), arrojando que en la zona denunciada no existían trámites, autorización o licencia ambiental alguna para la construcción de una presa privada.
“La construcción de presas privadas en Valle de Bravo, sin contar con las Autorizaciones de Impacto Ambiental correspondientes, no puede quedar impune, pues son inconmensurables las afectaciones ambientales y materiales que estas obras pueden ocasionar, sin mencionar el riesgo de pérdidas humanas”, explican en el comunicado de prensa emitido este 9 de septiembre.
Las asociaciones civiles firmantes son: “Observatorio Ciudadano de la Subcuenca Valle de Bravo-Amanalco”, “Sé la voz de la Naturaleza”, “Cielo Rojo”, “Asociación de Colonos de Avándaro” y “Mazahui A.C”.
Así como “Espacio Odisea”, “Centro Mexicano de Derecho Ambiental A. C. (CEMDA)”, “Asociación de Comunidades de Valle de Acatitlán”, “Cambia Arte” y “Ectagono”. Además de 200 firmas que se recolectaron de manera individual.