/ lunes 30 de marzo de 2020

Requiere defensoría pública el doble de abogados

Cada abogado atiende entre 80 y 120 asuntos al año, pero asegura a los mexiquenes una defensa técnica y adecuada


Aunque el número ideal de abogados defensores de oficio sería el doble de la actual plantilla, que es de 351 abogados, se atienden con profesionalismo y eficiencia todas las solicitudes de orientación, asesoría y patrocinio que presentan los mexiquenses al Instituto de la Defensoría de Oficio del Estado de México, aseguró su titular Hilda Nely Servín Moreno.

Si nos hacen falta abogados, pero se están haciendo las convocatorias a través de las publicaciones que se están haciendo para el Servicio Profesional de Carrera y de otras gestiones que realiza el Secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espelta Aladro, para fortalecer a la Defensoría Pública, para incrementar poco a poco la plantilla del Instituto”, indicó.

Explicó que de manera general durante el año pasado se registraron poco más de 184 mil actuaciones de la Defensoría Pública, lo cual indica que a cada abogado corresponde atender entre 80 a 120 asuntos, además de las actuaciones que deben realizar en suplencia de las ausencia de los abogados privados.

Indicó que pese al exceso de asuntos, el trabajo de los abogados de oficio no afecta los intereses de los representados, pues tratan de coordinarse con los jueces para que las audiencias en las que intervienen de manera continua se puedan llevar a cabo para realizar una defensa técnica y adecuada.

“En aquellas audiencias donde se nos nombra como suplencia del abogado privado tratamos de estudiar el expediente en el momento que nos nombran para poder representarlo (al imputado), pero no son constante. En este caso, la defensa técnica y adecuada es responsabilidad del abogado y del imputado”, aseguró Hilda Nelly Servín Moreno.

Los trámites más solicitados como patrocinio son temas de derecho familiar, extinción y divorcio, en tanto que en materia penal se tienen solicitudes de servicio pero no se pueden contabilizar por asunto total, porque en ocasiones se nombra un abogado de oficio para un trámite ante el Ministerio Público, pero cuando se realiza otra diligencia nos revocan porque ya tienen abogado privado.

Y así vamos en todas las audiencias, nos nombra como defensor público y en las siguientes audiencias nos revocan o si no asiste el abogado privado nos mandan a nosotros como Defensoría Pública y tenemos que asistir a los imputados”.

Por ello tampoco determinar qué porcentaje de asuntos se resuelven a favor de los imputados o de quienes nos solicitan patrocinio, pues a veces sí participamos en el asunto de principio a fin, pero en muchas otras ocasiones somos nombrados y luego revocados, sostuvo Hilda Nelly Servín Moreno, directora general del Instituto de la Defensoría de Oficio.

Finalmente, aseguró que los abogados de la Defensoría de Oficio se capacitan de manera permanente gracias a convenios con el Poder Judicial, tanto estatal como local, con las comisiones de Derechos Humanos y otras instituciones que imparten temas de derecho civil, familiar, penal, administrativa y otras internacionales como Iniciativa Mérida que ofrece capacitación para el litio estratégico; es decir, sobre técnicas de litigación oral para hacer más rápida y eficiente la actuación en las audiencias públicas.


Aunque el número ideal de abogados defensores de oficio sería el doble de la actual plantilla, que es de 351 abogados, se atienden con profesionalismo y eficiencia todas las solicitudes de orientación, asesoría y patrocinio que presentan los mexiquenses al Instituto de la Defensoría de Oficio del Estado de México, aseguró su titular Hilda Nely Servín Moreno.

Si nos hacen falta abogados, pero se están haciendo las convocatorias a través de las publicaciones que se están haciendo para el Servicio Profesional de Carrera y de otras gestiones que realiza el Secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espelta Aladro, para fortalecer a la Defensoría Pública, para incrementar poco a poco la plantilla del Instituto”, indicó.

Explicó que de manera general durante el año pasado se registraron poco más de 184 mil actuaciones de la Defensoría Pública, lo cual indica que a cada abogado corresponde atender entre 80 a 120 asuntos, además de las actuaciones que deben realizar en suplencia de las ausencia de los abogados privados.

Indicó que pese al exceso de asuntos, el trabajo de los abogados de oficio no afecta los intereses de los representados, pues tratan de coordinarse con los jueces para que las audiencias en las que intervienen de manera continua se puedan llevar a cabo para realizar una defensa técnica y adecuada.

“En aquellas audiencias donde se nos nombra como suplencia del abogado privado tratamos de estudiar el expediente en el momento que nos nombran para poder representarlo (al imputado), pero no son constante. En este caso, la defensa técnica y adecuada es responsabilidad del abogado y del imputado”, aseguró Hilda Nelly Servín Moreno.

Los trámites más solicitados como patrocinio son temas de derecho familiar, extinción y divorcio, en tanto que en materia penal se tienen solicitudes de servicio pero no se pueden contabilizar por asunto total, porque en ocasiones se nombra un abogado de oficio para un trámite ante el Ministerio Público, pero cuando se realiza otra diligencia nos revocan porque ya tienen abogado privado.

Y así vamos en todas las audiencias, nos nombra como defensor público y en las siguientes audiencias nos revocan o si no asiste el abogado privado nos mandan a nosotros como Defensoría Pública y tenemos que asistir a los imputados”.

Por ello tampoco determinar qué porcentaje de asuntos se resuelven a favor de los imputados o de quienes nos solicitan patrocinio, pues a veces sí participamos en el asunto de principio a fin, pero en muchas otras ocasiones somos nombrados y luego revocados, sostuvo Hilda Nelly Servín Moreno, directora general del Instituto de la Defensoría de Oficio.

Finalmente, aseguró que los abogados de la Defensoría de Oficio se capacitan de manera permanente gracias a convenios con el Poder Judicial, tanto estatal como local, con las comisiones de Derechos Humanos y otras instituciones que imparten temas de derecho civil, familiar, penal, administrativa y otras internacionales como Iniciativa Mérida que ofrece capacitación para el litio estratégico; es decir, sobre técnicas de litigación oral para hacer más rápida y eficiente la actuación en las audiencias públicas.

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