La presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Legislatura local, María Mercedes Colín Guadarrama, consideró necesario el que los 125 municipios adopten medidas y sanciones en contra del acoso callejero, al cual catalogó como un tipo de violencia en contra de las mujeres.
Al referir que en anteriores legislaturas ya han emitido exhortos, urgió a las autoridades municipales a tomar cartas en el asunto, pues no sólo se trata de una acción que puede considerarse como falta de respeto hacia una mujer, sino que en muchos casos de violencia agravada como el feminicidio es el primer antecedente.
"Hay que implementar algún tipo de acción para que se les respete -a las mujeres- y para que se sientan seguras, porque a veces en la calle no se sienten seguras porque se ven agredidas, no físicamente pero psicológicamente y verbalmente sí, (...) se ha ido avanzando en la Ley de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, seguramente habrá ahí alguna adecuación pero la difusión, la promoción, la comunicación y la educación es lo más importante", destacó la legisladora.
Pese a que el Ayuntamiento de Toluca fue el primer municipio de la entidad en sancionar el acoso callejero, la legisladora consideró que no es suficiente trabajo, por lo que exhortó a los tres órdenes de gobierno y a la ciudadanía en general a establecer un frente fuerte que contribuya en la erradicación de la violencia de género en todas sus modalidades.
La diputada priista sostuvo que lo primordial es educar con perspectiva de género a los niños y niñas, pues ellos son los ciudadanos del mañana y si se trabaja desde el núcleo familiar, las acciones que realicen las autoridades serán un complemento que refuerce la prevención.
También consideró que los Ayuntamientos están obligados a destinar un porcentaje de su presupuesto en campañas de prevención de la violencia en todas sus modalidades, acción que los sacará del rezago en el que se encuentran en la materia por falta de continuidad en los avances que se tienen por el cambio de administración cada tres años.
