/ miércoles 15 de diciembre de 2021

Si se retrasa aprobación del paquete fiscal seguirán vigentes los criterios del 2021

El Gobierno del Estado de México no tendrá problemas, pues cuenta con remanentes

Ante la posibilidad de que la Legislatura mexiquense por segundo año consecutivo no apruebe el paquete fiscal del 2022 en diciembre, el próximo año se mantendrían los mismos criterios fiscales del 2021 y el gobierno podría seguir operando con los recursos que no alcance a ejercer.

En entrevistas por separado el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), Aldo Muñoz Armenta y el director general del Centro de Planeación Estratégica y Prospectiva política, Juan Carlos Villareal Martínez advirtieron que en el Congreso el tema financiero también es político, y por tanto, siguen las negociaciones entre las bancadas.

Ambos coincidieron en que el gobierno del Estado de México prácticamente está blindado, pues la ley prevé lo que puede ocurrir en caso de que el paquete fiscal no se apruebe en diciembre, pero además Villareal subrayó que tradicionalmente no se alcanzan a ejercer todos los recursos en el año fiscal y hay sobrantes que pueden usarse.

De acuerdo con la Constitución mexiquense, si la Legislatura local no aprueba el paquete fiscal en diciembre podrá hacerlo en enero, y mientras tanto, seguirán vigentes las disposiciones del año anterior. De terminar el primer mes del año sin ser aprobado el paquete fiscal entraría en vigor la propuesta del Ejecutivo.

Opiniones

Por su parte, Aldo Muñoz señaló que mientras el paquete fiscal no se apruebe en diciembre, se mantienen los criterios fiscales de 2021 y no se actualizan partidas presupuestales, tasas de impuestos, ni nuevos gravámenes.

Advirtió que el único impacto negativo podría ser retrasos en pago a proveedores con contratos multinacionales.

Consideró que la decisión del PRI de reconsiderar la creación de nuevos impuestos tiene una carga política, pues vendrán elecciones y los gravámenes impactarían a su ya golpeada base electoral.

Sobre la posibilidad de que la Legislatura autorice al gobierno estatal a contratar deuda opinó que si los créditos están justificados y bien vigilado su uso, no hay motivo de preocupación.

Por su lado, Juan Carlos Villareal señaló que los grupos parlamentarios realizan negociaciones que no se conocen, pero forman parte del sistema de presiones políticas en la Legislatura con la variante de que como están tan cerrados los espacios de mayorías la oposición puede presionar para lograr acuerdos.

Consideró que en caso de retrasarse la aprobación no habrá un impacto para la población mexiquense, pues la entidad tiene los recursos suficientes para que no le suceda lo que ocurre con los ayuntamientos que llegan a no pagar salarios. En el caso del Estado de México advirtió que tiene la suficiencia presupuestal, y como no todo el recurso se ejerce este año, iniciará el 2022 con un remanente.

También advirtió que la oposición no ha planteado una propuesta distinta de cómo orientar el presupuesto, por lo cual su posición, más que en beneficio de la población, es por negociaciones y acuerdos.

Morena, apuntó, ha venido ejerciendo presión, aunque no se sabe qué ha negociado porque no se hace transparente, pero normalmente las bancadas buscan apoyos para los municipios, más recursos para ciertos programas y hace tiempo negociaron presupuesto adicional para un actor cercano a ellos para la construcción de un Centro de Estudios en la Universidad Autónoma del Estado de México.

La apuesta de todos los actores políticos, advirtió, es ganar ganar, pues tanto los grupos parlamentarios, como el gobierno buscan beneficios.

Destacó el papel del mini bloque integrado por Partido Verde, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, que incluso ha sido más aguerrido que otras bancadas para rechazar la creación de nuevos impuestos, mientras el PRD se ha plegado al gobierno, en una actitud que consideró lamentable.

Advirtió que en otros países también hay negociaciones entre los diferentes grupos parlamentarios y los gobiernos, pero se dan a conocer; sin embargo en México no son transparentes y mantienen debates ajenos a la población que no se interesa en estos temas.

Ante la posibilidad de que la Legislatura mexiquense por segundo año consecutivo no apruebe el paquete fiscal del 2022 en diciembre, el próximo año se mantendrían los mismos criterios fiscales del 2021 y el gobierno podría seguir operando con los recursos que no alcance a ejercer.

En entrevistas por separado el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), Aldo Muñoz Armenta y el director general del Centro de Planeación Estratégica y Prospectiva política, Juan Carlos Villareal Martínez advirtieron que en el Congreso el tema financiero también es político, y por tanto, siguen las negociaciones entre las bancadas.

Ambos coincidieron en que el gobierno del Estado de México prácticamente está blindado, pues la ley prevé lo que puede ocurrir en caso de que el paquete fiscal no se apruebe en diciembre, pero además Villareal subrayó que tradicionalmente no se alcanzan a ejercer todos los recursos en el año fiscal y hay sobrantes que pueden usarse.

De acuerdo con la Constitución mexiquense, si la Legislatura local no aprueba el paquete fiscal en diciembre podrá hacerlo en enero, y mientras tanto, seguirán vigentes las disposiciones del año anterior. De terminar el primer mes del año sin ser aprobado el paquete fiscal entraría en vigor la propuesta del Ejecutivo.

Opiniones

Por su parte, Aldo Muñoz señaló que mientras el paquete fiscal no se apruebe en diciembre, se mantienen los criterios fiscales de 2021 y no se actualizan partidas presupuestales, tasas de impuestos, ni nuevos gravámenes.

Advirtió que el único impacto negativo podría ser retrasos en pago a proveedores con contratos multinacionales.

Consideró que la decisión del PRI de reconsiderar la creación de nuevos impuestos tiene una carga política, pues vendrán elecciones y los gravámenes impactarían a su ya golpeada base electoral.

Sobre la posibilidad de que la Legislatura autorice al gobierno estatal a contratar deuda opinó que si los créditos están justificados y bien vigilado su uso, no hay motivo de preocupación.

Por su lado, Juan Carlos Villareal señaló que los grupos parlamentarios realizan negociaciones que no se conocen, pero forman parte del sistema de presiones políticas en la Legislatura con la variante de que como están tan cerrados los espacios de mayorías la oposición puede presionar para lograr acuerdos.

Consideró que en caso de retrasarse la aprobación no habrá un impacto para la población mexiquense, pues la entidad tiene los recursos suficientes para que no le suceda lo que ocurre con los ayuntamientos que llegan a no pagar salarios. En el caso del Estado de México advirtió que tiene la suficiencia presupuestal, y como no todo el recurso se ejerce este año, iniciará el 2022 con un remanente.

También advirtió que la oposición no ha planteado una propuesta distinta de cómo orientar el presupuesto, por lo cual su posición, más que en beneficio de la población, es por negociaciones y acuerdos.

Morena, apuntó, ha venido ejerciendo presión, aunque no se sabe qué ha negociado porque no se hace transparente, pero normalmente las bancadas buscan apoyos para los municipios, más recursos para ciertos programas y hace tiempo negociaron presupuesto adicional para un actor cercano a ellos para la construcción de un Centro de Estudios en la Universidad Autónoma del Estado de México.

La apuesta de todos los actores políticos, advirtió, es ganar ganar, pues tanto los grupos parlamentarios, como el gobierno buscan beneficios.

Destacó el papel del mini bloque integrado por Partido Verde, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, que incluso ha sido más aguerrido que otras bancadas para rechazar la creación de nuevos impuestos, mientras el PRD se ha plegado al gobierno, en una actitud que consideró lamentable.

Advirtió que en otros países también hay negociaciones entre los diferentes grupos parlamentarios y los gobiernos, pero se dan a conocer; sin embargo en México no son transparentes y mantienen debates ajenos a la población que no se interesa en estos temas.

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