/ domingo 11 de diciembre de 2022

Sistema penitenciario del Estado de México registra un déficit de abogados defensores de oficio

Aproximadamente hay 300 litigantes para los 23 penales mexiquenses


En el Estado de México hay menos de 300 defensores de oficio para los 23 penales de la entidad pagados por el gobierno que representan a quienes no tienen recursos para contratar un privado y atienden las necesidades de poco más de 35 mil internos.

De acuerdo con el diputado Ariel Juárez Rodríguez existe un déficit de defensores de oficio en los centros penitenciarios mexiquenses quienes al final terminan yéndose a despachos privados dejando procesos inconclusos.

El presidente de la Comisión especial del Sistema Penitenciario e integrante de Amnistía y Procuración de Justicia presentará una iniciativa de ley donde se busca castigar las malas prácticas de los abogados o representantes legales de las personas privadas de su libertad.

Hay mucho dolo en las actitudes que tienen los defensores de oficios durante la defensa de los internos que no les pagan y que tienen que defender sus casos.

Los mejores abogados son los de oficio nada más que enfrentan una situación entendible pero no justificable porque trabajan años con un salario de aproximadamente 30 mil pesos al mes y posteriormente se van a la iniciativa privada o instalan sus despachos porque es válido que puedan aspirar a otra cosa” explicó el legislador.

Además, tienen una carga de trabajo tremenda, “que no les permite avanzar en los juicios que llevan porque en la justicia no se invierte en el Estado de México”.

El diputado dijo que no hay interés en fortalecer la defensoría de oficio para poder contratar a más abogados en mejores condiciones económicas por ello a muchos abogados no les interesa contratarse en el sistema penitenciario mexiquense.

Hoy no llegamos a los 300 defensores de oficio para los 23 penales del Estado de México con el fin de cubrir la necesidad de poco más de 35 mil internos porque no les alcanza el tiempo”, reiteró el diputado.

Según estadísticas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) sus clientes tienen significativamente más posibilidades de perder el caso y quedarse en las cárceles porque presentan expedientes inconclusos.


En el Estado de México hay menos de 300 defensores de oficio para los 23 penales de la entidad pagados por el gobierno que representan a quienes no tienen recursos para contratar un privado y atienden las necesidades de poco más de 35 mil internos.

De acuerdo con el diputado Ariel Juárez Rodríguez existe un déficit de defensores de oficio en los centros penitenciarios mexiquenses quienes al final terminan yéndose a despachos privados dejando procesos inconclusos.

El presidente de la Comisión especial del Sistema Penitenciario e integrante de Amnistía y Procuración de Justicia presentará una iniciativa de ley donde se busca castigar las malas prácticas de los abogados o representantes legales de las personas privadas de su libertad.

Hay mucho dolo en las actitudes que tienen los defensores de oficios durante la defensa de los internos que no les pagan y que tienen que defender sus casos.

Los mejores abogados son los de oficio nada más que enfrentan una situación entendible pero no justificable porque trabajan años con un salario de aproximadamente 30 mil pesos al mes y posteriormente se van a la iniciativa privada o instalan sus despachos porque es válido que puedan aspirar a otra cosa” explicó el legislador.

Además, tienen una carga de trabajo tremenda, “que no les permite avanzar en los juicios que llevan porque en la justicia no se invierte en el Estado de México”.

El diputado dijo que no hay interés en fortalecer la defensoría de oficio para poder contratar a más abogados en mejores condiciones económicas por ello a muchos abogados no les interesa contratarse en el sistema penitenciario mexiquense.

Hoy no llegamos a los 300 defensores de oficio para los 23 penales del Estado de México con el fin de cubrir la necesidad de poco más de 35 mil internos porque no les alcanza el tiempo”, reiteró el diputado.

Según estadísticas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) sus clientes tienen significativamente más posibilidades de perder el caso y quedarse en las cárceles porque presentan expedientes inconclusos.

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