Ante titulares de las entidades de fiscalización superior de 23 estados del país, el diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, reconoció que su labor es vital para el funcionamiento de la democracia, impulsar la credibilidad de las instituciones y combatir y erradicar la corrupción.
En la clausura de los trabajos de la “7ª Reunión Nacional de Titulares de las Entidades de Fiscalización Superiores” y de la “1ª Reunión Nacional de Autoridades Investigadoras de las Entidades de Fiscalización Superior Locales”, en presencia de presencia de Miroslava Carrillo Martínez, titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), el legislador enfatizó que la entidad y el país viven un proceso de transición y modernización de las instituciones, especialmente de las fiscalizadoras, que comparten una responsabilidad histórica en la transición que la sociedad mexicana reclama.
Con la anfitrionía del OSFEM, personas titulares de los órganos de fiscalización de 23 estados del país firmaron una solicitud para que la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno federal, reactiven el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) con el fin de trazar una ruta de trabajo que propicie reanudar actividades.
En el acto de clausura, las y los titulares enfatizaron también que, así como existe el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), hay que caminar hacia la creación de un Consejo de Armonización de Fiscalización que se encargue de analizar la información que generan las entidades de fiscalización y crear un estándar único en la materia.
Durante los trabajos, el OSFEM, a través de la Auditora Superior, Miroslava Carrillo, firmó dos convenios de colaboración con sus homólogos de Tlaxcala y Aguascalientes, María Isabel Delfina Textle y Francisco Martín Muñoz Castillo, respectivamente, con el propósito de promover el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias para avanzar en el desarrollo del SNF.
Entre las obligaciones de los convenios se incluyen propiciar la consecución de un sistema que amplíe la cobertura e impacto de la fiscalización de los recursos estatales y municipales mediante la construcción de un modelo de coordinación, intercambio de información y trabajo conjunto; homologar, cuando resulte procedente y en el ámbito de sus respectivas competencias, los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización.
Además, buscan impulsar la creación de capacidades para incrementar la calidad profesional del personal auditor, propiciar el mejoramiento de los resultados de la labor fiscalizadora y fortalecer el papel de la fiscalización en la promoción, determinación y fincamiento de responsabilidades a servidores públicos.
