/ jueves 21 de marzo de 2024

En enero del 2023 desapariciones se dispararon en un 580%

Edomex sigue la cabeza el número de feminicidios y El Oro fue el tercer más alto a nivel nacional

En el Estado de México entre enero del 2022 y enero del 2023 el número de desapariciones de mujeres aumentó en 580% en varios municipios mexiquenses, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, mientras el año pasado la entidad registró el mayor número de feminicidios en el ámbito nacional y El Oro se ubicó como el tercer ayuntamiento con más incidencia.

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2023- 2029 admite que la violencia contra las mujeres ha seguido; por lo cual propone acciones como: un plan de actuación multidimensional y específico para los municipios con alerta, medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación del daño, protocolos de actuación y protección, medidas cautelares, una unidad de atención inmediata a la violencia de género con protocolos actualizados, espacios seguros, y otras.

Un dato alarmante es que según la Comisión Nacional de Búsqueda en enero del 2022 desaparecieron 20 mujeres en los municipios de Ecatepec, Toluca, Jiquipilco y Zumpango, y en el mismo mes del 2023 la cifra aumentó a 116, lo que representó una alarmante incremento del 580% en municipios como Cuautitlán Izcalli, Toluca, Naucalpan, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Atizapán de Zaragoza, Zumpango y Chalco.

El plan destaca que siete municipios sobresalen en desapariciones de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco.

El Plan revela que datos del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres mostraron que el número de defunciones por causas accidentales y violentas aumentó de mil 584 en 2019 a mil 642 en 2022, es decir, 58 defunciones más.

Además, entre enero y noviembre del 2023 se cometieron 827 feminicidios en el país, y de ellos, 89 ocurrieron en el Estado de México; con lo cual la entidad es la que registra el mayor número de delitos de ese tipo y ocupa la décima tercera posición por incidencia de cada 100 mil habitantes.

Feminicidios

El plan señala que aún cuando desde marzo del 2011 el Congreso mexiquense tipificó el delito de feminicidio con una pena de hasta 70 años de prisión, la reforma no desalentó la incidencia, pues en 2015 se registraron 60 feminicidios.

En 2016 fueron 57, en 2017 aumentaron a 70, en 2018 incrementaron a 115, en 2019 otra vez subieron a 121, en 2020 se dispararon a 151, en 2021 hubo una leve disminución a 145, en 2022 fueron 138 y en 2023 bajaron a 89.

Actualmente cien municipios del país concentran el mayor número de feminicidios, y de ellos, 15 pertenecen al Estado de México: Ecatepec, Valle de Chalco, Tlalnepantla, Naucalpan, Toluca, Nicolás Romero, Chicoloapan, Huehuetoca, La Paz, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, El Oro, Lerma, Tecámac y Tultitlán.

El Plan de Desarrollo destaca que El Oro tiene una incidencia de 14.45 delitos por cada 100 mil habitantes, con lo cual es el tercero más alto del país, sólo debajo de Ciénega de Flores, Nuevo León y de Benemérito de las Américas, Chiapas.

Además, tanto Ecatepec como Valle de Chalco se ubican dentro de los 10 municipios con mayor número de feminicidios.

Homicidios

Otros datos que arroja son que dos mil 592 mujeres fueron presuntas víctimas de homicidio doloso en el país, y de ellas, 241 fueron mexiquenses, lo que ubica al Estado de México en el tercer lugar nacional debajo de Guanajuato y Baja California, y en incidencia por cada 100 mil habitantes, la entidad se colocó en la posición 14.

El plan también admite que el estado de México es número uno en el país en ocho delitos donde la víctima es una mujer: feminicidios, lesiones dolosas, lesiones culposas, secuestro, extorsión, trata de personas, violencia de género distinta a la familiar y violación.

Infraestructura insuficiente

El documento admite que la infraestructura para atender a las mujeres, a sus hijas e hijos en situación de violencia resulta insuficiente en presupuesto, instalaciones, personal y procedimientos de atención y no se cuenta con evaluaciones que indiquen los resultados e impacto de las acciones para hacer frente a la violencia de género que son necesarias para conocer lo que se hizo bien, aspectos a mejorar, errores y resultados no deseados.

Deficiencias

En 2021 había 19 instancias receptoras de denuncias y procuración de justicia para los delitos de violencia contra las mujeres del Estado de México y en las investigaciones de feminicidios precedidos de desaparición se identificaron tres deficiencias: la pérdida de evidencias relacionadas con los hechos por parte de personas servidoras públicas, la falta de exhaustividad en las investigaciones, falta de comprensión y aplicación correcta de la perspectiva de género. Uno de los planteamientos es aplicar la perspectiva de género no sólo en materia penal, sino también en la civil familiar y laboral

Acciones

Entre las líneas de acción que se plantean está adecuar el marco legal para convertirlo en un elemento disuasor de la violencia de género en todas sus modalidades; investigar, prevenir y atender de manera integral y contundente la violencia y discriminación de género, fortalecer y dar seguimiento a los mecanismos, acciones, programas y proyectos de atención multidisciplinarios en la violencia de género.

También diseñar un plan de actuación multidimensional y específico para los municipios con alerta que considere cada factor que incide en la violencia contra las mujeres, coordinar con los diferentes niveles de gobierno medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación del daño de las alertas de violencia de género, desarrollar protocolos de actuación y protección, proponer medidas cautelares y penas acordes a las primeras manifestaciones de violencia en los ámbitos familiar, escolar y de noviazgo.

Asimismo, crear una unidad de atención inmediata a la violencia de género con protocolos actualizados, promover acciones de capacitación y sensibilización que fomenten la prevención de la violencia de ese tipo, realizar campañas para promover la denuncia de violencia sexual, familiar y de género, impulsar la creación de redes de apoyo entre mujeres a nivel comunitario, promover la capacitación de instancias municipales de desarrollo integral de la familia.

Asimismo crear entornos y territorios seguros para las mujeres, fomentando la construcción de la paz, generar mecanismos y acciones para que gocen de una vida segura en espacios públicos y privados, promover la formación y articulación de redes de mujeres organizaciones de la sociedad civil, colectivos los distintos niveles de gobierno para impulsar la construcción de comunidades libres de discriminación y violencia.

Actualmente hay 104 centros naranja para prevenir y erradicar la violencia, 11 municipios cuentan con refugios para mujeres y sus hijas e hijos en situación de violencia, pero, de acuerdo con el plan, existe la necesidad de reforzar y reorientar la estrategia para proporcionar atención de calidad y crear un programa de reinserción para mujeres privadas de su libertad.

De hecho, precisa que la falta de acceso a la justicia de las mujeres obedece principalmente a deficiencias en la capacidad de las instituciones para aplicar la perspectiva de género en la investigación, enjuiciamiento y sanción de delitos.

En el Estado de México entre enero del 2022 y enero del 2023 el número de desapariciones de mujeres aumentó en 580% en varios municipios mexiquenses, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, mientras el año pasado la entidad registró el mayor número de feminicidios en el ámbito nacional y El Oro se ubicó como el tercer ayuntamiento con más incidencia.

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2023- 2029 admite que la violencia contra las mujeres ha seguido; por lo cual propone acciones como: un plan de actuación multidimensional y específico para los municipios con alerta, medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación del daño, protocolos de actuación y protección, medidas cautelares, una unidad de atención inmediata a la violencia de género con protocolos actualizados, espacios seguros, y otras.

Un dato alarmante es que según la Comisión Nacional de Búsqueda en enero del 2022 desaparecieron 20 mujeres en los municipios de Ecatepec, Toluca, Jiquipilco y Zumpango, y en el mismo mes del 2023 la cifra aumentó a 116, lo que representó una alarmante incremento del 580% en municipios como Cuautitlán Izcalli, Toluca, Naucalpan, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Atizapán de Zaragoza, Zumpango y Chalco.

El plan destaca que siete municipios sobresalen en desapariciones de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco.

El Plan revela que datos del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres mostraron que el número de defunciones por causas accidentales y violentas aumentó de mil 584 en 2019 a mil 642 en 2022, es decir, 58 defunciones más.

Además, entre enero y noviembre del 2023 se cometieron 827 feminicidios en el país, y de ellos, 89 ocurrieron en el Estado de México; con lo cual la entidad es la que registra el mayor número de delitos de ese tipo y ocupa la décima tercera posición por incidencia de cada 100 mil habitantes.

Feminicidios

El plan señala que aún cuando desde marzo del 2011 el Congreso mexiquense tipificó el delito de feminicidio con una pena de hasta 70 años de prisión, la reforma no desalentó la incidencia, pues en 2015 se registraron 60 feminicidios.

En 2016 fueron 57, en 2017 aumentaron a 70, en 2018 incrementaron a 115, en 2019 otra vez subieron a 121, en 2020 se dispararon a 151, en 2021 hubo una leve disminución a 145, en 2022 fueron 138 y en 2023 bajaron a 89.

Actualmente cien municipios del país concentran el mayor número de feminicidios, y de ellos, 15 pertenecen al Estado de México: Ecatepec, Valle de Chalco, Tlalnepantla, Naucalpan, Toluca, Nicolás Romero, Chicoloapan, Huehuetoca, La Paz, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, El Oro, Lerma, Tecámac y Tultitlán.

El Plan de Desarrollo destaca que El Oro tiene una incidencia de 14.45 delitos por cada 100 mil habitantes, con lo cual es el tercero más alto del país, sólo debajo de Ciénega de Flores, Nuevo León y de Benemérito de las Américas, Chiapas.

Además, tanto Ecatepec como Valle de Chalco se ubican dentro de los 10 municipios con mayor número de feminicidios.

Homicidios

Otros datos que arroja son que dos mil 592 mujeres fueron presuntas víctimas de homicidio doloso en el país, y de ellas, 241 fueron mexiquenses, lo que ubica al Estado de México en el tercer lugar nacional debajo de Guanajuato y Baja California, y en incidencia por cada 100 mil habitantes, la entidad se colocó en la posición 14.

El plan también admite que el estado de México es número uno en el país en ocho delitos donde la víctima es una mujer: feminicidios, lesiones dolosas, lesiones culposas, secuestro, extorsión, trata de personas, violencia de género distinta a la familiar y violación.

Infraestructura insuficiente

El documento admite que la infraestructura para atender a las mujeres, a sus hijas e hijos en situación de violencia resulta insuficiente en presupuesto, instalaciones, personal y procedimientos de atención y no se cuenta con evaluaciones que indiquen los resultados e impacto de las acciones para hacer frente a la violencia de género que son necesarias para conocer lo que se hizo bien, aspectos a mejorar, errores y resultados no deseados.

Deficiencias

En 2021 había 19 instancias receptoras de denuncias y procuración de justicia para los delitos de violencia contra las mujeres del Estado de México y en las investigaciones de feminicidios precedidos de desaparición se identificaron tres deficiencias: la pérdida de evidencias relacionadas con los hechos por parte de personas servidoras públicas, la falta de exhaustividad en las investigaciones, falta de comprensión y aplicación correcta de la perspectiva de género. Uno de los planteamientos es aplicar la perspectiva de género no sólo en materia penal, sino también en la civil familiar y laboral

Acciones

Entre las líneas de acción que se plantean está adecuar el marco legal para convertirlo en un elemento disuasor de la violencia de género en todas sus modalidades; investigar, prevenir y atender de manera integral y contundente la violencia y discriminación de género, fortalecer y dar seguimiento a los mecanismos, acciones, programas y proyectos de atención multidisciplinarios en la violencia de género.

También diseñar un plan de actuación multidimensional y específico para los municipios con alerta que considere cada factor que incide en la violencia contra las mujeres, coordinar con los diferentes niveles de gobierno medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación del daño de las alertas de violencia de género, desarrollar protocolos de actuación y protección, proponer medidas cautelares y penas acordes a las primeras manifestaciones de violencia en los ámbitos familiar, escolar y de noviazgo.

Asimismo, crear una unidad de atención inmediata a la violencia de género con protocolos actualizados, promover acciones de capacitación y sensibilización que fomenten la prevención de la violencia de ese tipo, realizar campañas para promover la denuncia de violencia sexual, familiar y de género, impulsar la creación de redes de apoyo entre mujeres a nivel comunitario, promover la capacitación de instancias municipales de desarrollo integral de la familia.

Asimismo crear entornos y territorios seguros para las mujeres, fomentando la construcción de la paz, generar mecanismos y acciones para que gocen de una vida segura en espacios públicos y privados, promover la formación y articulación de redes de mujeres organizaciones de la sociedad civil, colectivos los distintos niveles de gobierno para impulsar la construcción de comunidades libres de discriminación y violencia.

Actualmente hay 104 centros naranja para prevenir y erradicar la violencia, 11 municipios cuentan con refugios para mujeres y sus hijas e hijos en situación de violencia, pero, de acuerdo con el plan, existe la necesidad de reforzar y reorientar la estrategia para proporcionar atención de calidad y crear un programa de reinserción para mujeres privadas de su libertad.

De hecho, precisa que la falta de acceso a la justicia de las mujeres obedece principalmente a deficiencias en la capacidad de las instituciones para aplicar la perspectiva de género en la investigación, enjuiciamiento y sanción de delitos.

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