Julieta, Estefanía y un niño de dos años viajaban con su familia a través de la carretera Yécora-Maycoba, Sonora, en los límites con Chihuahua, cuando un convoy de vehículos con hombres armados a bordo, los atacó.
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En el lugar murieron Julieta y el menor, mientras que la otra mujer falleció en el hospital por las heridas. Los hechos sucedieron el 3 de febrero de este año, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de Sonora, la cual informó que no hubo detenidos.
En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador uno de cada 10 menores de edad víctimas de homicidio por arma de fuego es un niño de entre 0 y 4 años edad, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En total, de 2019 a la fecha han asesinado con arma de fuego a 307 niñas y niños de entre cero y cuatro años de edad, la mayoría de los casos sucedieron en lugares públicos, sobre la vía pública, en centros comerciales, en reuniones o fiestas familiares.
Las entidades con mayor número de niños y niñas asesinados con arma de fuego en sus primeros cuatro años de vida son: Guanajuato, Estado de México, Zacatecas y Oaxaca.
En Guanajuato, el primero de septiembre pasado, una mamá y su hija de dos años caminaban por el centro del municipio de Apaseo el Alto, cuando fueron atacadas a balazos. La bebé murió en el lugar y la madre falleció en el hospital, de acuerdo con las autoridades de Seguridad Pública.
En esta entidad es donde hay mayor violencia contra menores de edad. Tan solo en la primera mitad del año pasado murieron a causa de un disparo de arma de fuego 72 niños y niñas.
Juan Martín Pérez García, coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, explicó a El Sol de México que estos homicidios se dan en el contexto de la guerra contra el narcotráfico que lleva en el país 15 años, lo que ha generado una mayor cantidad de armas ilegales y violencia desmedida.
“Hay un contexto estructural y es que nuestro país tiene ya 15 años en guerra. Esto se traduce en más de 16 millones de armas ilegales que circulan en territorio nacional; se ha incrementado la militarización de la seguridad en todos los niveles: municipal, estatal y federal”, declaró.
Pérez explicó que en el caso de los niños y niñas en etapa de la primera infancia (0 a 4 años de edad) comenzaron a aparecer como víctimas mortales desde 2009, a los cuales consideraban las autoridades de la administración de Felipe Calderón como daños colaterales.
Fue hasta 2011 que la organización documentó los primeros ataques directos a menores de edad en Guerrero y Morelos, con la intención de generar terror, “para demostrar su fuerza y aumentar el cobro en la extorsión”, detalló el activista.
“En general, son bebés que acompañan a sus madres que son víctimas de ataques directos. Es muy difícil o poco probable que un bebe resulte asesinado por una bala perdida, generalmente atacan al padre y asesinan a toda la familia”, comentó Juan Martín Pérez.
Agregó que otro factor que se suma es el de la impunidad que impera en el país, dado que los crímenes en contra de menores de edad no son investigados hasta sus últimas consecuencias, lo que da pie a que los criminales sigan haciéndolo sin una consecuencia.
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“Hace 12 años el Comité de Derechos del Niño de la ONU le recomendó a México cambiar la estrategia de seguridad y de militarización, además de un registro estadístico confiable, para trabajar la cultura de paz y la resolución no violenta de conflictos desde las escuelas. Sin embargo, nada de esto se ha atendido. Cambió la administración a Peña Nieto, cambió la administración a López Obrador y lo único que hicieron fue incrementar la militarización y las muertes”, aseguró.
Pérez García agregó que en febrero de 2019 lograron desarrollar una estrategia de seguridad integral, pero nunca la han ejecutado, pese a que en su elaboración estuvo la extitular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; pero solo se vieron una vez y nunca más volvieron a verla, aseguró.
