Cada 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas de Edad, con el objetivo de reconocer la gran contribución de las personas adultas mayores dentro del desarrollo económico y humano, impulsando acciones que generen conciencia sobre la importancia de este grupo poblacional y los retos relacionados al envejecimiento demográfico a nivel mundial.
En México, viven 15.1 millones de personas de 60 años y más (adultas mayores) 12% de la población total, de los cuales 87.7% vive en hogares donde residen una o más familias y prácticamente uno de cada diez vive solo. De aquellos que viven solos, prácticamente el 70% tiene alguna discapacidad o limitación, el 27.1% presenta una discapacidad y el 42.3% una limitación para realizar una actividad básica como caminar, ver, mover o usar sus brazos o manos, aprender, recordar, concentrarse, escuchar, bañarse, vestirse, comer o hablar, lo que los expone a una situación de vulnerabilidad, debido a que no cuentan con una red familiar que las apoye en un momento de su vida donde su salud o sus condiciones económicas pueden ser precarias.
Es precisamente en esta etapa de la vida cuando diversos problemas se acentúan, en materia de salud el acceso a un servicio de salud digno y de calidad es fundamental para vivir una vejez digna, actualmente ante la migración a un sistema de salud deficiente, entre compra de medicamentos y pago de estudios el panorama se torna preocupante. Si a esto sumamos que, con la edad las oportunidades laborales se ven disminuidas, pues solo 4 de cada 10 adultos mayores son económicamente activos, la población mayor a 60 años se enfrenta a una compleja realidad.
Teniendo en cuenta que México no es inmune al fenómeno demográfico global del envejecimiento de la población, es importante generar un cambio significativo en las políticas públicas en favor de este sector, en este sentido, en el Grupo Parlamentario del PRI impulsamos una iniciativa al art 4° de la Constitución Política, para reducir a 60 años la edad de jubilación constitucional, disminuyendo la presión sobre el grupo de edad de 60 a 65 años para permanecer en el mercado laboral, lo que se traduciría en importantes beneficios, contribuyendo considerablemente a disminuir los retos a los que se enfrentan los adultos mayores de nuestro país. Es fundamental que lo establecido en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, pase de estar plasmado en papel a convertirse en una realidad que se traduzca en que este sector de la población tenga acceso al mismo trato, oportunidades, reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, retribuyendo así tanta experiencia, amor y cuidados que ellas y ellos han compartido con nosotros.
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