Es innegable que la violencia que se produce en cualquier parte del país, tiene un efecto negativo sobre las elecciones y que la relación que guarda con la seguridad pública es indudable.
En los últimos años la mayoría de los y las ciudadanas hablamos de la inseguridad que se vive en nuestro entorno; es difícil que no se tenga conocimiento propio o de algún familiar o amistad de actos relacionados con la inseguridad pública.
Por ello resulta importante reflexionar en torno a lo que la seguridad pública significa de cara también a los procesos electorales en marcha tanto en el ámbito federal como el local.
Seguridad proviene del latín securitis que significa confianza, tranquilidad de una persona y lo que nos dice es que no hay nada que temer, es como tendríamos que sentirnos ¿nos sentimos así?
Así, la seguridad ha transitado y evolucionado a travez de la historia desde la época medieval en donde la sociedad se gobernaba por leyes que procedían de la voluntad divina y en donde el Estado absolutista usaba a los ejércitos al servicio del monarca para imponer orden.
Hasta el Estado moderno en donde la seguridad pública modifico su visión y se relaciono con el concepto de bien común; esos bienes y valores que la sociedad asegura en beneficio de la persona humana materializados en el orden, la paz, la justicia, el bienestar y claro, la seguridad.
En esta época la seguridad pública se vincula con el concepto de policía, entendido como un subsistema del sistema político que funciona a través de demandas en torno a la regulación de conductas y de obediencia de las leyes por quienes las infrinjan.
Vemos que la dicotomía de la seguridad pública se observa en la función que tiene por un lado de proteger y tutelar a la sociedad y por el otro de frenar y castigar a quienes cometen actos arbitrarios, violentos y contrarios a la ley.
Si nos situamos en los regímenes democráticos sabemos que en ellos es vital la existencia de seguridad pública, una seguridad que funcione adecuadamente y que realmente tutele los derechos humanos de la sociedad; que todos y todas nosotras salgamos sin miedo a la calle para ejercerlos plenamente.
En el caso de nuestro sistema electoral, éste contempla que la ciudadanía pueda ser parte de la organización de las elecciones a travez de diferentes formas, en nuestra entidad por ejemplo nuestros órganos desconcentrados distritales y municipales se conforman con ciudadanía mexiquense que tiene importantes responsabilidades en la organización de la elección.
Otro ejemplo son los monitoristas que se encargan de la verificación de la propaganda electoral y también los consejeros electorales tanto de los órganos locales como federales que realizan tareas muy importantes, uno de ellos el recorrido a los lugares en donde se instalarán las casillas el día de la jornada electoral.
Qué decir de los Capacitadores Asistentes Electorales (CAEs) que tocan a nuestras puertas para invitarnos a ser funcionarios de mesa directiva de casilla y de los observadores electorales, todos ellos deben salir de sus casas para llevar a cabo su trabajo y lamentablemente en muchas ocasiones se encuentran con actos de completa inseguridad.
Peor aún, existen casos en los que el Estado se puede ver rebasado por grupos delictivos y organizaciones criminales que generan miedo en la sociedad, por ello resulta importante que se atienda este tema ya que el riesgo de no hacerlo es grave.
De acuerdo con el índice de Estado de Derecho en México 2019- 2020 realizado por World Justice Project, el Estado de México ocupa en el tema de orden y seguridad la posición número 30 de 32 muy por debajo del promedio; lo cual debe hacernos reflexionar y por supuesto actuar en consecuencia quienes tienen a su cargo tal facultad.
La ausencia de seguridad pública puede inhibir a la ciudadanía para que sea partícipe del ciclo elctoral que comprende todas las etapas en las que se desarrolla el proceso electoral y es algo que no se debe permitir.
La seguridad pública es una tarea que corresponde al Estado como institución, las autoridades estatales son quienes deben garantizar la protección y la tutela de los derechos humanos a la sociedad mexiquense.
