La detención de la activista social guerrerense Kenia Inés “N”, efectuada el pasado fin de semana por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en inmediaciones de la caseta de cobro conocida como La Hortaliza, en la carretera Toluca-Valle de Bravo, ha generado múltiples acusaciones en contra de la institución por supuesta “fabricación” de delitos.
Según información emitida por la FGJEM el pasado 7 de junio, “en colaboración con autoridades federales desde hace varios meses se inició un seguimiento a Kenia Inés N, y se pudo establecer que al parecer lideraba a un grupo de personas provenientes del Estado de Morelos quienes bloqueaban la circulación de casetas de peaje en esa entidad y en territorio mexiquense; para permitir el paso exigían dinero a los automovilistas”.
En consecuencia, fue cumplimentada una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en el delito de robo con violencia, e ingresada al Penal de Ecatepec, en donde quedó a disposición de la Autoridad Judicial, según lo detallado por la Fiscalía de Justicia mexiquense.
“Derivado de información proporcionada por la Guardia Nacional, la detenida fue ubicada en la caseta de cobro conocida como La Hortaliza, en la carretera Toluca-Valle de Bravo, en donde se encontraba con alrededor de 40 personas provenientes del Estado de Morelos, quienes al parecer pretendían cerrar la circulación vehicular y pedir cuotas a los automovilistas que por ahí transitaban”, detalló la información emitida por la FGJEM.
Además la Fiscalía de Justicia mexiquense detuvo a dos menores de edad, de 16 y 17 años, mismos que fueron puestos en libertad horas más tarde, según lo detallado por la Comisión de Derechos Humanos de la entidad.
Sin embargo, luego de darse a conocer la detención realizada el pasado 6 de junio, activistas de aproximadamente 70 organizaciones defensoras de derechos humanos de varias entidades, entre ellas Guerrero y Estado de México, pidieron la liberación inmediata de Kenia, con el argumento de que al parecer le están “fabricando un delito”.
Esta no sería la primera vez que la FGJEM es acusada de supuestamente "fabricar" delitos a activistas sociales, e incluso ésta casa editorial ha solicitado a la institución en diversas ocasiones su postura respecto a las acusaciones, sin embargo, hasta este momento no ha dado respuesta a las solicitudes.
Según lo manifestado por los activistas inconformes, Kenia 2019 es beneficiaria del mecanismo federal de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas desde el año 2019.
Trascendió que Kenia tuvo que desplazarse por una supuesta persecución política e intentos de actos de judicialización que vivió en el estado de Guerrero.
Cabe destacar que tras la detención de Kenia, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) solicitó a las autoridades estatales de procuración y administración de justicia “garantizar los derechos al debido proceso y a una adecuada defensa legal de Kenia Inés, al considerarla dentro del sector vulnerable de los defensores de DDHH”.
Hasta este momento no se ha informado la liberación de Kenia ni la vinculación a proceso por el delito que se le imputa.