Al cierre de 2022, el Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex) concluyó con un total de 2 mil 827 amnistías concedidas a las personas privadas de su libertad en cárceles mexiquenses. Dicha cantidad se generó a casi dos años de haberse aprobado esa medida en la entidad.
La institución puntualiza que 167 amnistías han sido concedidas a mujeres.
De acuerdo con el portal del Poder Judicial estatal y al último corte del 18 de noviembre de este año, las solicitudes recibidas, suman 5 mil 573, lo que indica que al momento, de esas peticiones, el 50.7% han sido otorgadas, es decir, poco más de la mitad.
Ese sitio resalta además que 13 solicitudes las han hecho personas indígenas y cinco campesinos.
De las solicitudes que ha recibido el Poder Judicial estatal, predominan las presentadas por un defensor, con 3 mil 219, enseguida de aquellas tramitadas por el propio imputado, con 2 mil 119, y en tercer lugar las que fueron presentadas por un familiar, las cuales suman 156; al final se encuentran, con 79 casos, las realizadas por organizaciones u organismos públicos.
Tipo de delito
Del universo de amnistías concedidas, el mayor número, con 2 mil 805, se han otorgado por casos de robo, once por delitos contra la salud, mientras que tres han sido por abigeato y dos por homicidio culposo.
Asimismo, una por uso de objeto o documento falso alterado, otra por daño de bienes y evasión y una más por violación equiparada con modificativa agravante por haberse cometido por persona de confianza con la víctima.
Las solicitudes de amnistía, señala el Poder Judicial, deben ser presentadas por escrito o por medios electrónicos ante el juez competente donde se acredite la calidad de quien acude a solicitarla.
Además, también debe incluir el supuesto por el que se considera se podría ser beneficiario. También se deben adjuntar medios de prueba en los cuales se sustente la petición y, en su caso, solicitar que se integren aquellos que no estén al alcance por no estar facultados para tenerlas.
La amnistía es un instrumento jurídico con el que se deja de investigar a alguien por un delito, o cuando ya existe una sentencia, dicha conducta deja de existir y la persona puede recuperar su libertad cuando se encuentre en algún Centro Penitenciario y de Reinserción Social.
