Al comparecer ante el pleno del Congreso local, el secretario de Justicia y Derechos Humanos de la entidad, Rodrigo Espeleta Aladro, aseguró que la promoción, respeto y defensa de los derechos humanos en la entidad empieza con las mujeres adolescentes y las niñas, quienes exigen políticas que garanticen la igualdad sustantiva y se garantice su seguridad.
Al referirse a la creación de la Secretaría de la Mujer, dio a conocer que será ésta la que presida las mesas de trabajo de las alertas de género.
Dio a conocer el registro de 17 mil 500 víctimas de delitos a quienes se les han brindado 69 mil 100 servicios multidisciplinarios, la distribución de 64 botones de pánico, 20 extracciones domiciliarias y la entrega de 295 becas a hijos de víctimas de feminicidio y desaparición de personas.
Defendió el papel de los defensores públicos y recordó que si bien se tienen autorizadas 420 plazas, actualmente se cuenta con 380.
El confinamiento sanitario sólo permitió realizar 20 caravanas por la justicia de octubre a marzo y se retomarán, a las cuales se destinan 20 millones de pesos anuales.
En la entidad, señaló Espeleta Aladro, no han faltado actas de defunción, pero sí hubo insuficiencia de certificados de defunción.
Reconoció la existencia de actas de defunción por Covid-19, por probable Covid-19 y por neumonía atípica, debido a la falta de diagnósticos precisos o no corroborados con los exámenes correspondientes, pero negó manipulación para esconder las muertes provocadas por la pandemia.
El secretario de Justicia y Derechos Humanos defendió la permanencia del DUF, pero reconoció la posibilidad de analizar en qué giros pedirlo e incluso ver la posibilidad de que los ayuntamientos puedan tener atribución para autorizar algunos giros.
Rechazó que se necesiten gestores para iniciar los trámites del DUF, pues los requisitos están en línea y la asesoría pueden conseguirla los empresarios de manera gratuita si así lo solicitan.
Cuestionan sobre violencia
Durante la comparecencia del secretario de Justicia y Derechos Humanos, los diputados de la 60 Legislatura pusieron en duda la eficacia de los trabajos en materia de justicia cotidiana, promoción, respeto y defensa de los derechos humanos en la entidad.
La diputada independiente Juliana Felipa Arias Calderón recordó los índices de inseguridad y la violencia que enfrentan las mujeres, niñas y adolescentes en la zona norte de Toluca, donde no se ha hecho nada por defender sus derechos, por lo cual consideró que la alerta de género no está funcionando.
La diputada del PVEM, María Mendoza Mendoza, criticó el papel del Dictamen Único de Factibilidad como un instrumento de sobrerregulación administrativa y la parálisis de las Caravanas por la Justicia de marzo a la fecha.
La diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal habló de la desconfianza ciudadana en la asesoría legal del gobierno estatal, de la opacidad que prevalece pese a que se ofreció transparencia al crear el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (IVAEM).
El diputado Omar Ortega, del PRD, abordó la violencia de género.
Dijo que no se ha podido resolver ni reducir, tampoco se han podido garantizar los derechos de la comunidad LGBTTTI.
Por el PAN, la diputada Ingrid Krasopani calificó de inútiles los mecanismos contra la violencia de género.
