La injusticia duele.
Los tres vecinos de Tlanixco, quienes fueron encarcelados por un homicidio que no cometieron, refieren una serie de irregularidades en su proceso penal y judicial que cimbran al Estado de derecho.
Fue una injusticia basada en el racismo y la falta de evidencias, no había ningún testigo, a mí nunca me señalaron directamente de que yo había cometido el homicidio y así como a mí nunca me señalaron, a ninguno de mis compañeros los señalaron, a nadie nos señalaron
expresa Marco Antonio Pérez González
Él es uno de los ocho comuneros de San Pedro Tlanixco que fueron acusados de homicidio calificado y privación ilegal de la libertad, tras la muerte de un empresario español. Seis de los vecinos fueron encarcelados, mientras dos permanecían prófugos. Las detenciones ocurrieron en 2003 y 2006.
Todo inició cuando el pueblo de Tlanixco protagonizó una disputa por el agua de su región.
El 17 de febrero, tras la intervención de organismos internacionales y nacionales, fueron liberados tres de los vecinos acusados, quienes ya habían sido sentenciados a 50 años de prisión. Ellos son Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González.
Su liberación se registró después de la reapertura del juicio, donde la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se desistió de la denuncia en su contra.
OPACIDAD
“No sabría decirle quién me acusó, yo cuando me enteré ya tenía una orden de aprehensión, pero ni me la enseñaron los judiciales que me detuvieron, ni se identificaron que eran judiciales, nomás me dijeron: queda usted detenido por el homicidio de fulano de tal, ya te vas para Almoloya y te vas a pudrir en Almoloya porque nunca más vas a salir de ahí”, indica Pérez González.
Comenta que también fue un golpe emocional el conocer que había sido sentenciado a 50 años de cárcel.
Mientras tanto, su familia vivía un escenario adverso, pues el sistema de justicia lo había considerado culpable.
“Es una falta de respeto que a nosotros, por ser indígenas, vulnerables y pobres, abusen hasta de nuestra inocencia, por eso les pido a las autoridades que antes de acusarnos investiguen, pero de verdad, que hagan bien su trabajo para que no sigan encerrando o condenando a más gente inocente", señala.
Lorenzo Sánchez Berriozábal, el otro comunero de Tlanixco ya liberado, pide a las autoridades ser conscientes de la forma en como se conducen.
Recuerda que los policías ministeriales que lo detuvieron fueron del amago a la intimidación.
“Porque saben cómo hacerlo, pero yo les pediría que hicieran su trabajo conforme a derecho, sin violar los derechos humanos”, suplica.
Para Dominga González Martínez todo el proceso judicial fue amargo. Admite que tiene resentimientos.
“Sí, porque siendo inocentes, y tratarnos como delincuentes es una gran violación a nuestros derechos. Nos quitaron 15 años de vida (las primeras detenciones fueron en 2003)", afirmá la única mujer de los ocho comuneros acusados.
Aún recuerda la noche que fue detenida por policías ministeriales a bordo de automóviles blancos, nuevos, quienes se brincaron la barda de su casa, sin tocar antes las puertas, sin avisarle previamente.
Mi hermano les pedía, les exigía, que le mostraran la orden de aprehensión, pero aunque dijeron que la tenían nunca se la mostraron, sólo me llevaron, me presionaban, me decían; por qué lo mataste, cómo lo hiciste, confiesa o nos vamos por tu familia, pero yo que les decía que era inocente
De la vida en la cárcel de Santiaguito, ubicada en Almoloya de Juárez, también le queda una memoria amarga.
Mientras tanto, los otros tres comuneros presos esperan obtener su libertad. Recuperar el camino arrebatado por una injusticia que duele.
RESPALDO
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha respaldado la liberación de los tres vecinos de Tlanixco, cuya reclusión habría sido en represalia por su labor en defensa del agua.
"La ONU-DH hizo un llamado a las autoridades competentes para asumir las necesarias garantías de no repetición que puedan generar un ambiente propicio para la defensa de los derechos humanos, especialmente previniendo y sancionando la desviación de poder que supone la criminalización de quienes desarrollan una función esencial para el fortalecimiento de la democracia", indica un comunicado de la ONU emitido esta semana.