Toluca, México.- En lo que va de la actual administración se han impuesto dos mil 157 sanciones administrativas, las cuales se han traducido en 54 destituciones y 89 inhabilitaciones, informó Javier Vargas Zempoaltécatl, secretario de la Contraloría, al afirmar que el combate a la corrupción en la entidad está funcionando.
Estas dos mil 157 sanciones han sido impuestas a dos mil 43 servidores públicos, pues en algunos casos se puede imponer más de una sanción; de esos 2 mil 43 servidores públicos 25 son mandos superiores, 361 mandos medios y personal operativo mil 628 servidores públicos
Indicó que el resto de las sanciones se refieren a 533 han sido amonestaciones, 88 sanciones económicas, 68 sanciones resarcitorias y mil 75 sanciones pecuniarias, las cuales se refieren al incumplimiento en la manifestación de bienes de los servidores públicos.
El secretario Vargas Zempoaltécatl señaló que de las sanciones resarcitorias que preveía la anterior ley, se han impuesto 27 sanciones a particulares, particularmente a proveedores y contratistas, por incumplimiento en las especificaciones de las obras o servicios que les fueron contratados.
Destacó que en la actual legislación ya se establece un catálogo de hechos de corrupción, pero en el caso de las infracciones resarcitorias, generalmente relacionados con contratos de obra pública y servicios relacionados.
Por otra parte, refirió que se han recibido, de septiembre de 2017 hasta el pasado 30 de abril, alrededor de 31 mil denuncias por hechos que podrían constituir actos de corrupción, de ellas, a través de la aplicación de telefonía celular que inició en noviembre pasado, se registraron 700 denuncias aproximadamente.
El secretario de la Contraloría sostuvo que el combate a la corrupción en la administración va avanzando, sobre todo desde la puesta en funcionamiento, en noviembre del año pasado, de la App Denuncia Edomex, desde la cual se facilita la denuncia a cualquier ciudadano o servidor público.
Ello en virtud de que la denuncia puede hacerse de manera anónima, pues no es necesario proporcionar datos personales, pero sí puede adjuntar documentos y medios de prueba como audios, videos, fotografías, documentos en PFD, tampoco es necesario que el denunciante asista a ratificar su denuncia ante el órgano de control.
Otra ventaja es que en el mismo teléfono va a recibir el acuse de recibo y un folio para darle seguimiento a su denuncia y en tan sólo un día estará informado de a qué autoridad se turno y estar enterado de la evolución hasta concluir la calificación..
Finalmente, afirmó que éste y todos los demás sistemas informáticos con que cuenta la administración pública estatal se están alineando al nuevo marco jurídico de la reforma anticorrupción.