El Mecanismo de Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México quedará establecido el 30 de noviembre de este año y la Legislatura mexiquense deberá asignar los recursos presupuestales para su implementación y operación.
A través de un oficio, el director general de Delitos Cometidos en contra de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, Gerardo Mendoza Vázquez, informó lo anterior y añadió que siguen las investigaciones de los homicidios de los periodistas de Nevith Condés Jaramillo y Enrique García García; así como del secuestro de Teresa Montaño Delgado.
Mendoza Vázquez respondió al oficio 93491 ingresado el 24 de agosto, tras una protesta de periodistas de diversos puntos de la entidad mexiquense, para exigir justicia por esos tres casos, la implementación del mecanismo de protección y aclarar otras agresiones y amenazas a periodistas del Estado de México.
La respuesta puntualiza que la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México, expedida el 31 de mayo de 2021, en sus artículos transitorios señala que el mecanismo quedará establecido dentro de los seis meses siguientes a partir de la entrada en vigor de la ley, es decir, hasta el 30 de noviembre de este año.
También añade que los recursos presupuestales para su implementación y operación serán asignados por la Legislatura del Estado de México y serán la Secretaría de Finanzas, en conjunto con la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, las responsables de llevar a cabo los actos necesarios para constituir el Fondo para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Sobre los homicidios de Nevith Condés Jaramillo y Enrique García, así como el secuestro de Teresa Montaño, el director general de Delitos Cometidos en contra de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas asegura que las investigaciones se están realizando "bajo los lineamientos y protocolos de actuación que para caso se requieren, con respeto irrestricto a los derechos humanos y bajo los principios de inmediatez, eficacia, profesionalismo e imparcialidad, con el objeto de salvaguardar los derechos de la víctima, y así poder esclarecer los hechos que se investigan atento al derecho de acceso a la justicia a que todo gobernado tiene derecho (sic)".
En el oficio también menciona que la información derivada de los actos de investigación, que se llevan a cabo en cada uno de los casos, han sido comunicados a las víctimas directas e indirectas.
Sobre el listado de agresiones que las y los periodistas señalaron en su escrito, registradas en los últimos años en territorio mexiquense, la fiscalía señaló la importancia de proporcionar los nombres completos de las personas relacionadas y, en su caso, el número de carpeta iniciada con motivo de los hechos, para darles seguimiento.
