Los Cuerpos de Seguridad Auxiliar (CUSAEM) no son un ente público, por lo cual no puede ser fiscalizados por el Órgano Superior de Fiscalización del estado de México (Osfem), pero algunos de sus elementos están dados de alta en el ISSEMyM, al cual hasta 2017 adeudaban mil 318 millones de pesos por concepto de aportaciones.
El auditor superior del estado de México, Fernando Baz Ferreira explicó que los policías reciben seguridad social por una sentencia laboral, donde se ordenó entregarles esa prestación, pero no han podido auditarlos porque hay jurisprudencia en el sentido de que al no ser un ente público no pueden revisarlo.
El 27 de abril de 1998 el entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado de México (TRICAEM) ordenó al ISSEMyM dar de alta a los integrantes de los CUSAEM, aun cuando ese ente, según el OSFEM, no recibe recursos públicos.
Baz refirió que de enero a diciembre del 2017 los CUSAEM pagaron mil 307 millones de pesos de aportaciones, es decir, más de 100 millones de pesos por mes, pero no saben cuáles son sus ingresos totales, pues aun cuando iniciaron una investigación existe una sentencia federal y jurisprudencia que no les permiten revisar.
El Osfem, dijo, ha solicitado a los CUSAEM información de cuáles empresas lo conforman, número de activos, dependientes económicos registrados al ISSEMyM a 2018, de pensionados y pensionistas, requerimientos de pago, entre otros.
Durante la reunión de trabajo de la Comisión de Vigilancia los legisladores cuestionaron al auditor por qué si los policías de CUSAEM son trabajadores privados tienen seguridad social y el auditor explicó que deriva de un mandato judicial por pagos de laudos y a proveedores.
También dijo que la sentencia no cubre a todos, solo a quienes en el momento promovieron el juicio ante el entonces TRICAEM.
Los diputados de Morena Valentín González, Gerardo Ulloa, Tanech Sánchez y el legislador sin partido Juan Carlos Soto cuestionaron que un ente privado que presta servicios en otros estados sea afiliado al ISSEMyM, pero también que nueve años después de estar al frente del Órgano Superior el auditor apenas revise los CUSAEM y nunca lo hayan hecho con el Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC) que manejaban los legisladores.
El auditor explicó que no hay ningún elemento para presumir que se destinan recursos públicos a esos cuerpos, insistió en que ha entregado toda la información y admitió que es difícil trabajar cuando se ha perdido la confianza, pero consideró que es necesario dejar claro que no ha sido omiso.
También señaló que hay 200 millones de pesos observados al ISEM y otros 300 millones pendientes de aclarar en 2018, mientras en 2017 fueron 70 millones.