Toluca, México.- Mientras diputados locales cuestionaron que algunos alcaldes salientes están sindicalizando trabajadores y hasta a “aviadores”; Gerardo Becker Ania, presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje defendió las reformas laborales hechas por la anterior Legislatura, pues afirmó que protegen los bienes, establecen controles y prevé que destinen recursos para contingentes laborales.
El funcionario estatal explicó que el 22% de los juicios ya tienen laudos, por lo cual de los 7 mil millones de pesos que se han mencionado como posible adeudo municipal por temas laborales, sol 2 mil millones de pesos están firmes y son exigibles por ley, mientras los otros 5 mil millones pueden ser negociables y salvables.
Advirtió que la deuda institucional es del municipio, pero una vez que concilian se eliminan las multas para los ayuntamientos y afirmó que no tiene demandas por el tema de sindicalizaciones, ni de violaciones laborales a los trabajadores.
Los diputados pidieron conocer los montos de laudos de cada municipio, consideraron que existe desconocimiento sobre el tema y legisladores de Morena reprocharon que los cambios a la ley llegan justo cuando vendrán gobiernos de oposición. Cuestionaron por qué no se hizo antes.
Principales problemas laborales
Entre los puntos medulares de la problemática laboral el presidente del tribunal refirió: la falta de cultura de conciliación, debilidad procesal en la ley, procesos laborales muy extensos, falta de conocimiento de los alcaldes de la situación que enfrentan y recortes de nóminas con el cambio de administraciones.
Refirió que al 8 de noviembre de este año llevan 20 mil 872 juicios, de los cuales 17 mil 626 corresponden a municipios, es decir, el 84%, mientras el 16% son relacionados con el Gobierno estatal y de los que se han iniciado contra ayuntamientos el 78% se encuentra en trámite, es decir, unos 13 mil 766 equivalentes a 5 mil millones por el cálculo de salarios caídos.
No obstante, solo el 22% tiene laudos por 2 mil millones de pesos, es decir, el monto realmente cuantificable y exigible por ley, pues los que están en trámite pueden ser negociables y salvables.
El funcionario estatal señaló que en 2010 inició el incremento en las demandas laborales; sobre todo en los años de cambios de administraciones municipales y refirió que este año conciliaron 4 mil casos con y sin juicio, y si no se hubiera hecho, la cifra sería de 6 mil demandas.
Defendió que la nueva ley es bondadosa, pues permite conciliar en cualquier momento, pero para los municipios ese tema no es su carta fuerte y es penoso que se retiren recursos a los municipios que debieran destinarse a servicios, por lo cual invitó a los alcaldes electos a acercarse al tribunal.
Aseguró que la nueva norma es la primera ley que deja sin efectos multas y sanciones a los presidentes municipales cuando pagan un laudo, acelera el procedimiento, eleva sanciones a quienes no cumplen con sus determinaciones; establece mecanismos de control sobre asuntos laborales para que lo alcaldes sepan de sus asuntos laborales, apoyan al municipio para que en su presupuesto destinen recursos para contingentes, crean comisión específica para ese tema y se establece el no embargo de recursos, algo que no existe en otros estados.
Legisladores locales cuestionaron en torno a las medidas de apremio impuestas, cómo llegar a la conciliación sino hay recursos, y denunciaron acciones de ayuntamientos como la sindicalización de trabajadores de confianza. Preguntaron por las causas de los juicios y por qué no publican a todos los municipios con juicios en su página.
