/ jueves 13 de octubre de 2022

Dictan 85 sentencias por hechos de corrupción a funcionarios y particulares 

Sancionan municipios e instituciones estatales diferentes actos

En el Estado de México, entre octubre del 2021 y el mismo mes de este año, a 85 personas se les ha dictado sentencia penal firme por hechos de corrupción: cinco de ellas han sido en contra de particulares, pero la mayoría de las resoluciones corresponden a personas del servicio público.

De las que fueron emitidas contra personas funcionarias 76 fueron por abuso de autoridad y cuatro más por cohecho, mientras cinco sentencias dirigidas a particulares fueron por cohecho.

Este jueves el presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, José Guadalupe Luna ofreció su informe anual, donde señaló que las diferentes instituciones han iniciado investigaciones, pero también han impuesto sanciones por actos de corrupción.

Municipios y TRIJAEM

Destacó que los órganos internos de control de los municipios concluyeron mil 59 procedimientos administrativos con sanciones firmes por faltas no graves.

De manera general, precisó, el nivel de cumplimiento de las funciones del Sistema presenta un rendimiento del 85% durante el periodo 2021-2022, es decir, un nivel general de cumplimiento óptimo.

También informó que el Tribunal de Justicia Administrativa reportó 238 procedimientos recibidos, 111 admitidos, 18 con cierre de instrucción, 121 sentencias dictadas por las salas especializadas.

Otros 25 procedimientos culminaron con sanción firme y determinaron 19 sanciones económicas o indemnizaciones.

Fiscalía y Poder Judicial

En la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía mexiquense se iniciaron 148 carpetas de investigación por hechos de corrupción sobre delitos cometidos por personas servidoras públicos y tres en contra de particulares.

Hubo 26 carpetas que culminaron con sentencia condenatoria y 16 con sentencia absolutoria.

Además, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial mexiquense reportó que 486 personas fueron iniciadas por hechos de corrupción, a 81 personas se les dictó sentencia penal por ese tipo de conductas y 85 ya tienen sentencia penal ejecutoria.

Cinco sentencias penales fueron dictadas en contra de particulares por hechos de corrupción.

De las sentencias que han causado estado y fueron determinadas en contra de personas servidores públicos, 76 correspondieron al delito de abuso de autoridad y cuatro por cohecho; otras cinco fueron hacia particulares por cohecho.

OSFEM y Contraloría

En materia de fiscalización, el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) concluyó 38 de las 82 auditorías iniciadas de cumplimiento financiero e inversión física, cerró 24 de las 57 programadas de desempeño y legalidad y la conclusión de las seis mil 429 iniciadas de las ocho mil 271 programadas de revisión de información de las entidades fiscalizables.

La Secretaría de la Contraloría concluyó mil 172 auditorías, 191 con presunta responsabilidad y realizó seis mil 477 inspecciones de las que 75 concluyeron con presunta responsabilidad.

Política Anticorrupción

José Guadalupe Luna declaró formalmente el inicio de la etapa de implementación de la Política Estatal Anticorrupción, con la cual inician las cuentas regresivas de dos, cuatro y seis años para concluir las acciones concretas y atender las prioridades definidas en dicha política pública. El estado de México es la quinta entidad en su implementación.

Luna precisó que los controles gubernamentales depositados en las entidades de control y fiscalización cuando trabajan de manera aislada, son fácilmente superables, eludibles y la sola existencia de mecanismos de carácter gubernamental son insuficientes.

"El problema de la corrupción requiere de una respuesta sistémica, integral, de Estado, pero, sobre todo, inclusiva. Nadie va a controlar el fenómeno de la corrupción si trabaja solo", alertó.

También afirmó que es justo exigir una actuación responsable, íntegra y consistente con la norma por parte de las personas servidoras públicas y confió en que la implementación de la política estatal anticorrupción, la inteligencia que genere la información disponible en la Plataforma Digital Estatal, y los productos del sistema contribuyan a lograrlo.

En el Estado de México, entre octubre del 2021 y el mismo mes de este año, a 85 personas se les ha dictado sentencia penal firme por hechos de corrupción: cinco de ellas han sido en contra de particulares, pero la mayoría de las resoluciones corresponden a personas del servicio público.

De las que fueron emitidas contra personas funcionarias 76 fueron por abuso de autoridad y cuatro más por cohecho, mientras cinco sentencias dirigidas a particulares fueron por cohecho.

Este jueves el presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, José Guadalupe Luna ofreció su informe anual, donde señaló que las diferentes instituciones han iniciado investigaciones, pero también han impuesto sanciones por actos de corrupción.

Municipios y TRIJAEM

Destacó que los órganos internos de control de los municipios concluyeron mil 59 procedimientos administrativos con sanciones firmes por faltas no graves.

De manera general, precisó, el nivel de cumplimiento de las funciones del Sistema presenta un rendimiento del 85% durante el periodo 2021-2022, es decir, un nivel general de cumplimiento óptimo.

También informó que el Tribunal de Justicia Administrativa reportó 238 procedimientos recibidos, 111 admitidos, 18 con cierre de instrucción, 121 sentencias dictadas por las salas especializadas.

Otros 25 procedimientos culminaron con sanción firme y determinaron 19 sanciones económicas o indemnizaciones.

Fiscalía y Poder Judicial

En la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía mexiquense se iniciaron 148 carpetas de investigación por hechos de corrupción sobre delitos cometidos por personas servidoras públicos y tres en contra de particulares.

Hubo 26 carpetas que culminaron con sentencia condenatoria y 16 con sentencia absolutoria.

Además, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial mexiquense reportó que 486 personas fueron iniciadas por hechos de corrupción, a 81 personas se les dictó sentencia penal por ese tipo de conductas y 85 ya tienen sentencia penal ejecutoria.

Cinco sentencias penales fueron dictadas en contra de particulares por hechos de corrupción.

De las sentencias que han causado estado y fueron determinadas en contra de personas servidores públicos, 76 correspondieron al delito de abuso de autoridad y cuatro por cohecho; otras cinco fueron hacia particulares por cohecho.

OSFEM y Contraloría

En materia de fiscalización, el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) concluyó 38 de las 82 auditorías iniciadas de cumplimiento financiero e inversión física, cerró 24 de las 57 programadas de desempeño y legalidad y la conclusión de las seis mil 429 iniciadas de las ocho mil 271 programadas de revisión de información de las entidades fiscalizables.

La Secretaría de la Contraloría concluyó mil 172 auditorías, 191 con presunta responsabilidad y realizó seis mil 477 inspecciones de las que 75 concluyeron con presunta responsabilidad.

Política Anticorrupción

José Guadalupe Luna declaró formalmente el inicio de la etapa de implementación de la Política Estatal Anticorrupción, con la cual inician las cuentas regresivas de dos, cuatro y seis años para concluir las acciones concretas y atender las prioridades definidas en dicha política pública. El estado de México es la quinta entidad en su implementación.

Luna precisó que los controles gubernamentales depositados en las entidades de control y fiscalización cuando trabajan de manera aislada, son fácilmente superables, eludibles y la sola existencia de mecanismos de carácter gubernamental son insuficientes.

"El problema de la corrupción requiere de una respuesta sistémica, integral, de Estado, pero, sobre todo, inclusiva. Nadie va a controlar el fenómeno de la corrupción si trabaja solo", alertó.

También afirmó que es justo exigir una actuación responsable, íntegra y consistente con la norma por parte de las personas servidoras públicas y confió en que la implementación de la política estatal anticorrupción, la inteligencia que genere la información disponible en la Plataforma Digital Estatal, y los productos del sistema contribuyan a lograrlo.

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