Durante el último año, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de México enfrentó desafíos y oposición, pero luchó por lograr la autonomía de ese órgano, mientras algunos integrantes de los sistemas municipales fueron víctimas de intentos de impedir que realizaran sus funciones, presión a través de las contraprestaciones, entre otras.
Al rendir su informe de labores, del 20 de octubre del 2021 al 19 de octubre del 2022, el presidente, José Guadalupe Luna exhibió que la voz ciudadana de ese sistema ha encontrado obstáculos y lo más complicado, dijo, fue convencer al Comité Coordinador, el órgano máximo del sistema integrado en su mayoría por funcionarios, que la instancia ciudadana no tiene por qué someterse a las decisiones del poder público.
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El CPC realizó 25 investigaciones, hizo recomendaciones, propuestas al Órgano Superior de Fiscalización del estado de México (OSFEM), analizó la deuda del ISSEMyM, propuso al Congreso la necesaria regulación de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar (CUSAEM) y establecer el 3de3, pero no han sio aprobadas.
Destacó que tras el empantanamiento de los trabajos de la Política Estatal Anticorrupción (PEA), aprobada desde el año 2020, este 10 de octubre por fin inició el arranque de los trabajos de implementación y habrá acciones específicas para combatir la corrupción.
En este año, señaló, la actuación del CPC fue responsable, respetuosa, pero disruptiva cuando fue necesario, pues no quiso que la presidencia y el comité quedaran atrapados en los márgenes de la domesticación y de la vida políticamente correcta “Y de eso asumo plenamente la responsabilidad”, enfatizó.
Luna dijo que fue un año para recuperar la autoridad moral en el seno del sistema de frente a la sociedad, por lo cual fomentaron el diálogo, la generación de investigaciones, propuestas, la búsqueda de buenas prácticas y de “digna resistencia” frente al sabotaje que padecieron, además de impulsar la transparencia para que se percibiera quién y cómo incumplía sus deberes, de comunicar y denunciar públicamente cuando imperó la conveniencia mayoritaria.
El presidente del CPC incluso marchó y acompañó protestas sociales, al tiempo de reprochar que las instituciones públicas no accedieran a emitir una recomendación por la situación de los centros penitenciarios.
Consideró inaceptable que durante los cuatro años anteriores el Sistema Anticorrupción del Estado de México emitiera recomendaciones que solo iban dirigidas a los municipios, cuando en el ámbito estatal hay también hay sesgos, riesgos y brechas y destacó que lograron una recomendación estatal, pero señaló que en ese sistema la voz ciudadana enfrenta obstáculo, por lo cual es necesario asumir una postura valiente.
Refirió que asumió su labor en un contexto difícil por la renuncia de una integrante, el empantanamiento de trabajos de la PEA y reclamos a la labor del CPC y opinó que las resistencias en el Sistema Anticorrupción frente a dicho comité denotan la poca comprensión de su naturaleza.
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Luna comentó que ante la inconformidad y el embate institucional que padecieron, desde la presidencia y con el respaldo de quienes integran el CPC respondieron afianzando su existencia.
Señaló que aún tienen pendiente que el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) haga públicos los informes trimestrales, hubo dos exhortos detenidos en el Comité Coordinador: uno de Ecatepec y otro por los centros penitenciarios rechazados en el comité coordinador, mientras en el Congreso no han avanzado las propuestas para reformar la Ley Orgánica Municipal, establecer el 3de3 para publicar declaraciones de bienes, conflicto de interés y la constancia fiscal y se mostró sorprendido de que no avance la iniciativa para regular los Cuerpos de Seguridad (CUSAEM) que es un tema esencial.
Pese a los obstáculos, el presidente del CPC consideró que hay futuro para ese órgano ciudadano, pero se requiere voluntad para hacer valer su autonomía.
