Valle de México.- Dos diputadas mexiquenses se encuentran dentro de las 6 legisladoras homofóbicas del PRI que lanzaron gritos a un compañero rival en plena sesión de la Cámara el pasado 9 de noviembre. Una de ellas es la expresidenta municipal de Tecámac, Rocío Díaz Montoya, y Cristina Sánchez, del distrito 5 de Teotihuacán.
Las legisladoras por el Estado de México no han ofrecido disculpas ni tampoco han salido aclarar el tema, hasta el momento.
“¡Quiere llorar!”, “fuera” y “eeh p…” fueron algunos de los abucheos hacia Ariel Juárez, diputado de Morena, quien desde la tribuna llamó corrupto a César Camacho Quiroz, coordinador del grupo parlamentario del PRI, durante la discusión del presupuesto de egresos de la Federación 2018.
Rocío Díaz Montoya es diputada por el distrito 28 de Zumpango. Fue expresidenta municipal de Tecámac durante el periodo 2013-2015 y es gente muy cercana al también exalcalde Aron Urbina, uno de los operadores políticos del exgobernador Eruviel Ávila Villegas.
En el Congreso federal es secretaria de las comisiones en la Ciudad de México de Infraestructura, e integrante de seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, así como de Salud.
Su currículo profesional y académico, que el Congreso federal maneja, es muy escaso y sin trabajo relevante en su partido.
Cristina Sánchez es legisladora por el Ddstrito 5 de Teotihuacán, exregidora del municipio de Axapusco y secretaria de la Comisión del Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, integrante de la Comisión del Deporte y Protección Civil. Su currículo tanto profesional como laboral solo se suscribe al municipio donde ha sido funcionaria local.
La Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) exhortó a las legisladoras que participaron en el grito homofóbico, expresado en la Cámara de Diputados, a ofrecer disculpas a la ciudadanía y se comunique de manera amplia y suficiente las medidas que se tomarán, no solo para evitar su repetición, sino para impulsar una forma de expresión conforme a la Constitución, las leyes reglamentarias y el propio reglamento de la Cámara.
Este hecho, expuso en un comunicado, equivale a una expresión de desprecio a los esfuerzos educativos en materia de no discriminación.
