/ miércoles 11 de octubre de 2023

Siete de diez padres no pagan la pensión en Edomex

En el Estado de México se buscará acabar con la morosidad en el pago de pensiones a los niños y niñas mexiquenses

En el Estado de México se buscará acabar con la morosidad en el pago de pensiones a los niños y niñas mexiquenses o "Ley Sabina" (95% de los deudores son hombres), con la creación del registro en la materia, el cual será un requisito indispensable para aspirar a cargos de elección popular.

En sesión del Congreso local, Karina Labastida Sotelo, legisladora de Morena, indicó que de 10 divorcios que se tramitan en la entidad, alrededor de siete padres no cumplen con la pensión alimenticia, en perjuicio de los menores de edad, y por ende ahora se pretende cumplir a cabalidad con la “Ley Sabina” en la entidad.

Derivado de ello, Labastida Sotelo propuso diversas reformas que forman parte de esta ley, con la intención de que los deudores alimentarios cumplan con la obligación de satisfacer las necesidades de sustento y supervivencia de sus hijos.

Según información de la Dirección General del Registro Civil del Gobierno del Estado de México, desde su creación a la fecha, han sido inscritas un total de 561 personas como deudores alimentarios morosos, de éstas 534 han sido hombres y 27 mujeres; esto es, el 95% de los deudores alimentarios, son hombres.

Con esta reforma, explicó, se contempla la creación de un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con el objeto de concentrar la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias y utilizar los sistemas e instrumentos tecnológicos del Sistema Nacional DIF.

Labastida Sotelo aseguró que una vez efectuados los cambios será necesario presentar el certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para procedimientos y tramitaciones como: Obtención de licencias y permisos para conducir, de pasaporte o documento de identidad y viaje, y para participar como candidato a cargos concejiles y de elección popular, así como en el proceso de selección para asumir el cargo de juez o magistrado en el ámbito local y federal.

También en los trámites realizados ante notario público relativos a la compraventa de inmuebles será necesario presentar el certificado de no deudor, y para solicitudes de matrimonio en donde el juez deberá hacer del conocimiento de los contrayentes si alguno se encuentra en el Registro y la situación que guarda respecto de sus obligaciones.

Esta propuesta establece que, como requisito para ser gobernadora o gobernador, diputada o diputado, propietario o suplente, miembro de un ayuntamiento, magistrada o magistrado, tanto del Poder Judicial, como del Tribunal de Justicia Administrativa o aspirante a notario será necesario no estar inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias”, enfatizó.

Finalmente, la principal impulsora de la “Ley Sabina”, Diana Luz Vázquez, acompañada de madres e hijas e hijos cuyos acreedores no han cumplido con el pago de pensión alimenticia, fueron recibidas por la legisladora mexiquenses y estuvieron en el pleno durante la presentación de la iniciativa que reforma ocho leyes, incluida la Constitución local.

En el Estado de México se buscará acabar con la morosidad en el pago de pensiones a los niños y niñas mexiquenses o "Ley Sabina" (95% de los deudores son hombres), con la creación del registro en la materia, el cual será un requisito indispensable para aspirar a cargos de elección popular.

En sesión del Congreso local, Karina Labastida Sotelo, legisladora de Morena, indicó que de 10 divorcios que se tramitan en la entidad, alrededor de siete padres no cumplen con la pensión alimenticia, en perjuicio de los menores de edad, y por ende ahora se pretende cumplir a cabalidad con la “Ley Sabina” en la entidad.

Derivado de ello, Labastida Sotelo propuso diversas reformas que forman parte de esta ley, con la intención de que los deudores alimentarios cumplan con la obligación de satisfacer las necesidades de sustento y supervivencia de sus hijos.

Según información de la Dirección General del Registro Civil del Gobierno del Estado de México, desde su creación a la fecha, han sido inscritas un total de 561 personas como deudores alimentarios morosos, de éstas 534 han sido hombres y 27 mujeres; esto es, el 95% de los deudores alimentarios, son hombres.

Con esta reforma, explicó, se contempla la creación de un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con el objeto de concentrar la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias y utilizar los sistemas e instrumentos tecnológicos del Sistema Nacional DIF.

Labastida Sotelo aseguró que una vez efectuados los cambios será necesario presentar el certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para procedimientos y tramitaciones como: Obtención de licencias y permisos para conducir, de pasaporte o documento de identidad y viaje, y para participar como candidato a cargos concejiles y de elección popular, así como en el proceso de selección para asumir el cargo de juez o magistrado en el ámbito local y federal.

También en los trámites realizados ante notario público relativos a la compraventa de inmuebles será necesario presentar el certificado de no deudor, y para solicitudes de matrimonio en donde el juez deberá hacer del conocimiento de los contrayentes si alguno se encuentra en el Registro y la situación que guarda respecto de sus obligaciones.

Esta propuesta establece que, como requisito para ser gobernadora o gobernador, diputada o diputado, propietario o suplente, miembro de un ayuntamiento, magistrada o magistrado, tanto del Poder Judicial, como del Tribunal de Justicia Administrativa o aspirante a notario será necesario no estar inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias”, enfatizó.

Finalmente, la principal impulsora de la “Ley Sabina”, Diana Luz Vázquez, acompañada de madres e hijas e hijos cuyos acreedores no han cumplido con el pago de pensión alimenticia, fueron recibidas por la legisladora mexiquenses y estuvieron en el pleno durante la presentación de la iniciativa que reforma ocho leyes, incluida la Constitución local.

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