El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores dejó la madrugada de este sábado el centro penitenciario de Tenango del Valle, en el Estado de México, donde estuvo recluido durante seis años.
Por la noche del viernes, una camioneta Suburban blanca con placas de la Ciudad de México y vidrios polarizados ingresó al penal y en ella salió el ex mandatario.
Su defensa informó este viernes que un juez federal otorgó un amparo y modificó la medida cautelar, por lo cual seguirá su proceso en libertad.
El ex mandatario es señalado de presunto enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Fue detenido en 2017.
Hernández Flores enfrentó cuatro procesos locales que de acuerdo con su defensa fueron fabricados en Tamaulipas para mantenerlo privado de la libertad.
La defensa también señaló que los jueces federales que conocieron los amparos presentados contra los actos de las autoridades participantes en la integración y seguimiento de los expedientes establecieron que el actuar de los servidores públicos encargados del impartición de justicia en la entidad fue legal y arbitraria.
A través de un comunicado precisaron que tras advertir que no había elementos suficientes para continuar los procesos concedieron el amparo, a través del cual, diversos jueces locales dictaron autos de libertad por falta de elementos para procesar.
La defensa también afirmó que el ex mandatario estuvo indebidamente recluido y ahora desde la libertad podrá dar trámite a las cuestiones legales pendientes.
En tanto, a través de un comunicado la Fiscalía General de la República informó que interpuso un recurso de revisión ante la decisión del juez de conceder la libertad al exgobernador de Tamaulipas.
Recordó que Hernández es reclamado por el gobierno de los Estados Unidos de América para llevarle juicio por los delitos de lavado de dinero, fraude bancario y operar un negocio de navíos sin licencia.
También informó que el juez le condicionó a exhibir una fianza por cinco millones de pesos, que le costará al requerido, el 10% de dicho monto, y consideró que existe un "evidente riesgo de evasión", pues se ha declarado procedente su extradición.
El boletín señala además que Estados Unidos lo acusa de que, en complicidad con su cuñado, establecieron empresas ficticias para robar fondos públicos del gobierno de Tamaulipas mediante contratos falsos estatales y de aperturar cuentas bancarias en los Estados Unidos de América por un monto de 300 millones de pesos, utilizando el sistema financiero del propio país, con la finalidad de depositar los fondos públicos robados mediante transacciones basadas en información falsa, con la intención de lavar el dinero sustraído.
Desde enero del 2018, añade el comunicado, otro Juez Federal aprobó la extradición a los Estados Unidos de América y en marzo del 2018 el Gobierno de México concedió la extradición, pero en abril del 2018 el juez de amparo admitió la demanda en contra del acuerdo que concede su extradición, concedió suspensión de plano para que no sea ejecutada la extradición y hasta la fecha no ha resuelto el juicio de amparo, a pesar de que han pasado cinco años.
La FGR criticó que ahora le conceden la libertad argumentando que no había una prisión preventiva dictada por la autoridad judicial, sin embargo, el juez de amparo lo tenía a su disposición para efectos del juicio, ya que si no existiera ese juicio se le habría extraditado desde el 2018.
Para la fiscalía, la conducta judicial es "inadmisible", pues deja en libertad a un fugitivo buscado por las autoridades de otro país con una garantía ilusoria, que pone en grave riesgo de fuga al extraditable que ha cometido graves delitos internacionales mediante el saqueo de fondos públicos mexicanos, sólo porque el juicio se ha extendido en razón de las dilaciones provocadas por el propio extraditable y quejoso en el amparo, y por dilaciones del mismo juzgador, que ahora las usa a su favor.
