El pleno de la Legislatura mexiquense aprobó la Ley para la Inclusión de las Personas en Situación de Discapacidad del Estado de México, enfocada a desarrollar una cultura de la discapacidad, impulsar la contratación de personas en situación de discapacidad en el servicio público, el derecho a la igualdad, de oportunidades, garantizarles espacios en el transporte público y establecer medidas contra la discriminación.
La nueva norma, propuesta por la diputada Alicia Mercado Moreno, a la cual se sumó una iniciativa del PAN, señala la obligación de garantizar los derechos de las personas en situación de discapacidad para acceder a la justicia, a la movilidad, la educación, el trabajo, el turismo, el deporte, el libre desplazamiento, el acceso a apoyos; el impulso de una cultura de respeto y no discriminación.
La nueva ley establece la creación de un Sistema para la Inclusión de las Personas en Situación de Discapacidad y precisa que si las autoridades no acatan la ley serán sancionadas conforme a la Ley de Responsabilidades.
Con esta ley, se abroga la de Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado de México, expedida en 2012.
Nuevos términos
El glosario incluye nuevos términos, entre ellos cambiar el de personas con discapacidad, por el de personas en situación de discapacidad; también otros como: accesibilidad; acciones afirmativas; ajustes razonables; animales de asistencia; animales terapéuticos;
asistencia humana; asistencia social; autonomía individual; ayudas
técnicas y la participación de instituciones como la CEAVEM (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México).
También prevé la CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud); la necesidad de contar con una Clave Única de Registro de Discapacidad (CURED) que será obligatoria para trámites, servicios o gestión de apoyos.
Además, habrá un Programa Estatal para la Inclusión de las Personas en situación de Discapacidad y un Registro Estatal de Discapacidad (REDIS).
La ley
La nueva norma faculta al Ejecutivo a establecer políticas públicas para las personas en situación de discapacidad, apartar recursos para implementar la norma, garantizar el cumplimiento de acciones que permitan el desarrollo integral de las personas en situación de discapacidad, impulsar acciones afirmativas para evitar y compensar las desventajas.
El Sistema estatal estará integrado por dependencias y entidades del gobierno y los municipios, así como por personas físicas y jurídico colectivas de los sectores social y privado que presten servicios a las personas en situación de discapacidad, y se encargará de coordinar y dar seguimiento a los programas, acciones y mecanismos interinstitucionales públicos y privados.
También difundirá los derechos de las personas en situación de discapacidad, promoverá convenios de colaboración y coordinación, fortalecerá los mecanismos de corresponsabilidad, participará en la creación de planes, programas y acciones.
“Me dolió un poco, pero ya me siento protegida”
Reconocer derechos
Con la ley también se pretende garantizar la prestación de servicios de atención a la salud, accesibilidad, asistencia social, laboral, educativa, cultural, deportiva, el acceso a la justicia, la protección de derecho y desarrollo social.
El Instituto Mexiquense en la materia deberá emitir recomendaciones, diseñar, coordinar, aplicar y evaluar el programa en materia de discapacidad para el Estado y los municipios, promover la difusión y reconocimiento del ejercicio de derechos de las personas en situación de discapacidad, impulsar coordinar y evaluar políticas públicas.
Asimismo, proponer, diseñar y aprobar acciones para mejorar la condición social de las personas en situación de discapacidad, facilitar denuncias, promover acercamientos con las autoridades, propiciar la participación de la sociedad, asesorar, y en su caso remitir a las autoridades posibles víctimas de actos de discriminación y ser un órgano de asesoría.
Otra obligación será actualizar periódicamente el diagnóstico sobre la situación de las personas en situación de discapacidad, ejecutar programas de certificación para la enseñanza de lengua de señas mexicana, sistema braille y accesibilidad.
La ley garantiza el derecho de las personas en situación de discapacidad a una educación inclusiva, de calidad y gratuita en todos los tipos y niveles educativos, la necesidad de promover una cultura de respeto a los Derechos Humanos, capacitar a docentes y administrativos, propiciar el equipamiento de planteles y centros educativos con libros en sistema braille, material didáctico, intérpretes de lengua de señas, fomentar la inclusión de la enseñanza del braille y la lengua de señas.
Asimismo, promover acciones para la inclusión laboral y respeto a la dignidad de las personas, fomentar la sensibilización y capacitación especializada, bolsas de trabajo especializadas, de acuerdo con el perfil laboral, acciones de capacitación, orientación y rehabilitación y de incorporación a esas personas como servidores públicos, así como su inclusión en programas de protección y desarrollo social y garantizar su derecho de desplazamiento.
Movilidad
En materia de transporte, las y los prestadores del servicio público deberán reservar espacios para personas en situación de discapacidad y sus animales de asistencia, programas y campañas de educación vial, tener semáforos con señales acústicas banquetas con sendas de huella táctil y placas en sistema braille.
También zonas reservadas en la infraestructura para ascenso y descenso y garantizar que cuenten con cajones de estacionamiento reservados.
El sistema mexiquense de medios públicos deberá hacer transmisiones con intérpretes de la lengua de señas mexicanas y subtítulos. También se deberá garantizar el desplazamiento en todos los edificios públicos y el derecho a que sus animales de asistencia accedan y permanezcan con ellos en los espacios donde se desenvuelven, dar facilidades urbanísticas para su desplazamiento.
También facilidades para recibir créditos o subsidios, eliminar barreras arquitectónicas y en materia de deporte fomentar disciplinas de deporte adaptado, formular programas y acciones para otorgar apoyos a personas en situación de discapacidad y elaborar un programa estatal de deporte paraolímpico.
Otra obligación es procurar el acceso libre y libre desplazamiento, mientras en turismo promover que estas personas tengan facilidades para disfrutar de actividades turísticas. En materia de Justicia se garantizará un trato digno y apropiado.
Alicia Mercado señaló que la ley busca desarrollar una cultura de la discapacidad desde diferentes ámbitos, fortalecer el marco jurídico, dar herramientas jurídicas, económicas y sociales a las instituciones y servidores públicos que ejecuten esa norma.
La ley fue resultado de un trabajo de más de un año de un equipo de trabajo que realizó un profundo estudio, e incluye reformas para garantizar un lenguaje inclusivo, elimina discriminaciones e integra nuevos paradigmas.
Además, incluye una propuesta del PAN para incorporar a las personas con discapacidad al servicio público.
