Familiares de presos acusaron ante diputados y funcionarios de la CODHEM la existencia de negocios en las cárceles del Edomex, además de abusos y violaciones a sus derechos, por lo cual cada visita al penal les cuesta mil 259 pesos.
En los penales del Estado de México existen vicios, extorsiones, abuso y acoso sexual, irregularidades y la comisión de delitos; por lo cual, las familias de personas privadas de su libertad (PPL) exigieron a las y los diputados locales y a la (CODHEM ponerse a trabajar en el tema para evitar violaciones a derechos, cobros ilegales y garantizar que se aplique la ley.
Al presentar el segundo informe sobre Situación Carcelaria en el Estado de México: violaciones a los derechos humanos de los internos y las visitas, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) señaló que el 71.2% de las personas privadas de su libertad (PPL) no tiene acceso a agua potable y en las celdas no existen las condiciones mínimas para una habitabilidad digna, mientras el 89.8% en algún momento de su estancia en la cárcel no ha tenido acceso a una cama.
Adicionalmente, existen mercados internos ilegales, pagos directos, y a través de depósitos en cuentas de custodios, donde los principales cobros son por ingreso de alimentos y artículos de primera necesidad como: vestimenta y aseo, de medicamentos, por el color de la ropa para ingresar, para no hacer fila, para no ser revisados, para tener un espacio de visitas, por el uso de sillas y mesas en el espacio de visitas.
El informe deriva de 59 entrevistas a profundidad a familiares cercanos de personas privadas de su libertad en las cárceles del Estado de México, con la aplicación de 110 cuestionarios afuera de los penales en el año 2020, quienes realizan de tres a cuatro visitas al penal por mes y con familiares que llevan en las cárceles un promedio de tiempo de 5.2 años y de los cuales, el 40% no tiene sentencia.
Otros datos
De acuerdo con el informe, el 63.7% de las personas privadas de su libertad tiene acceso a llamadas reglamentarias, pero el 93% señala que para poder realizarlas debe comprar una tarjeta al interior del penal, mientras el 84.7% no tiene acceso a una atención médica oportuna, pues no hay revisiones y diagnósticos acertados frente a las enfermedades, y en el caso de las que son crónicas, no hay posibilidades dar seguimiento a tratamientos.
Además, en las prisiones mexiquenses existe una sobrepoblación del 300% en cada celda, el 72.9% de las visitas ha experimentado prácticas de abuso de autoridad por parte de funcionarios del penal y el análisis de testimonios da cuenta de que una práctica común y masificada es el abuso y acoso sexual por parte de personas custodias hacia las visitas, violentando el derecho a la integridad física y psicológica.
Mientras un 86.4% de las visitas ha tenido que pagar por el ingreso de alimentos, al 83.1% ha tenido que pagar por el ingreso de otros artículos de primera necesidad y el 61% señala que tiene un espacio apropiado de convivencia, pero para utilizarlo, el 83.1% debe desembolsar dinero.
Fabiola Vite, del Centro Zeferino Ladrillero, alertó que el porcentaje de personas familiares que señala haber sido extorsionado por custodios es muy alto, por lo cual pidió atender esa problemática. Admitió que existe apertura y destacó que la comisión de amnistía ya es permanente, pero también cuestionó si las sentencias de 70 años están funcionando y la necesidad de una justicia restaurativa para que la gente no esté en prisión y que sea la última medida. Las víctimas, precisó, requieren justicia.
Andrés Arasena Mora señaló que el informe arroja que existe impunidad, corrupción en los penales y que la cárcel no disminuye los niveles de criminalidad porque, de acuerdo con cifras oficiales, los índices crecen; por lo cual las prisiones no están dando resultados y las violaciones de derechos se han extendido a familiares de PPL solo por ser su familia.
Por su parte, el diputado Ariel Juárez refirió que el 40% de las personas privadas de su libertad no tienen sentencia, hay problemas de salud, fabricación de carpetas, violaciones a la norma, anunció que buscarán hacer visitas sorpresa a los penales; el presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández, señaló que el sistema penitenciario es injusto, opaco, con sobrepoblación, por lo cual generaron una comisión especial del sistema penitenciario ante la necesidad de atender a las personas privadas de su libertad. Admitió que requieren dar resultados y abren las puertas a la gente.
Testimonios
Familiares de PPL, como Claudia Juárez, denunciaron que sus padres, hermanos, hijos, entre otros, son víctimas de sentencias injustas; pidieron que las intenciones no queden en palabras y acusaron que se han normalizado los tocamientos, las insinuaciones, pero es necesario visibilizarlo y cambiarlo.
Acusaron que grupos delictivos operan en penales, donde hay cobros y pactos. Pidió acciones que generen cambios. En tanto, Carmela Flores denunció que las discriminan por su vestimenta y por ser pobres; María Montoya narró que su hijo duerme en el pasillo, convive con personas que cometieron delitos y los custodios les dicen que la cárcel es el hotel más caro donde cobran de 30 a 70 pesos por sentarse en la mesa, custodios manosean a mujeres, piden dinero por dejar pasar artículos y extorsionan a familiares.
“Queremos hechos, no palabras porque estamos sufriendo; que no queden las palabras en el aire, ni en letra muerta. Que custodios no extorsionen, estamos cansados de callar ante las injusticias”, clamaron.
“Estamos siendo violentados en nuestros derechos y vengo no a pedir, sino a exigir”, señaló otra familiar.
Las familias exigieron que se cumplan las leyes, advirtieron que la cárcel es lo peor donde sobrevive el más fuerte y pidieron a la Comisión de Derechos Humanos hacer su trabajo y reclamaron al Poder Judicial que entierra a gente inocente con sentencias injustas.
A las y los diputados locales les llovieron peticiones de apoyo, pero también la exigencia de ponerse a trabajar porque ya ha pasado mucho tiempo. Pidieron aplicar la Ley de Amnistía.
El diputado Ariel Juárez advirtió la necesidad de revisar que no se pidan cobros a familiares y generar un reglamento en todos los reclusorios sobre vestimenta, quiénes pueden entrar y quiénes no, aplicar la ley en apego y ofreció tener comunicación con las organizaciones
