/ martes 3 de agosto de 2021

Feministas convocan a funcionarios a "romper el pacto patriarcal"

Construir una sociedad más humana, promover un marco normativo laico y la integración de gabinetes paritarios, entre las peticiones

Mujeres y activistas feministas lanzaron un llamado a los presidentes municipales y diputados electos a nivel nacional para que incluyan en sus agendas, y como temas prioritarios, la interrupción legal del embarazo, los feminicidios, las desapariciones y la violencia en contra de las mujeres y niñas.

Durante una conferencia de prensa virtual convocada por la Alianza de Redes Feministas, se dio a conocer que, de enero a junio de 2021, en México se registraron más de mil 500 asesinatos de mujeres, según datos del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Aunado a que en el primer semestre de este año se generaron 129 mil carpetas de investigación en materia de violencia familiar, 33 mil lesiones dolosas en contra de mujeres y, en promedio, más de 11 mujeres mueren diariamente en México y su muerte es clasificada como feminicidio, pero si se agregan los homicidios dolosos, son 20 víctimas en promedio.

La Alianza acusó que únicamente 2 de cada cien casos reciben una sentencia, es decir, cerca del 98% los asesinatos de mujeres quedan impunes, situación que deja al descubierto que en México las mujeres no tienen su seguridad garantizada.

“Les convocamos (a las y los candidatos y diputados electos) a romper el pacto patriarcal y a construir una sociedad más humana, digna y libre de violencia, es indispensable después del proceso electoral más grande de la historia mexicana, las 15 entidades en donde se realizaron las elecciones los nuevos gobiernos deben integrarse por gabinetes paritarios.

Así mismo, exigimos se asegure en todo el país el respeto al marco normativo del estado laico, que se aplique la ley y no se permita la promoción del odio y la insistente intromisión de propuestas religiosas, ya que estas transgreden los derechos humanos”, comentó una de las feministas.

En este contexto, la Alianza de Redes Feministas catalogó como indispensables las políticas públicas para prevenir feminicidios, además de fortalecer y garantizar la operación de los mecanismos de protección para mujeres víctimas de violencia y, en su caso, sus hijos e hijas, como lo son los refugios, las casas de emergencia y transición.

También solicitaron asegurar la igualdad sustantiva, la no discriminación y una vida libre de violencias, con la aprobación de presupuestos con perspectiva de género que contribuya a la promoción de derechos humanos de las infancias y las mujeres, en todas sus etapas de vida.

Pidieron que las organizaciones de la sociedad civil sean las receptoras de los recursos asignados para este fin, para realmente garantizar la vida, seguridad y la dignidad de las mujeres.

Exigimos a todas las personas que en el pasado periodo electoral fueron favorecidas con el voto de la ciudadanía, que prioricen sus agendas y que centren en ellas a las mujeres y sus diversidades, promoviendo la participación horizontal de las organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía y académicos”.

La Alianza de Redes Feministas también demandó que la 3de3 contra la violencia sea obligatoria bajo una Ley en todo el país, pues con ello se evitará que deudores de pensión alimenticia, hostigadores sexuales y opresores que hayan ejercido violencia de género en cualquiera de sus modalidades, asuman un cargo de elección popular.

Agregaron que la exigencia también abarca a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres y niñas, incluyendo la interrupción legal del embarazo de forma libre, segura y gratuita.

No basta que en cuatro estados la interrupción legal del embarazo sea una realidad si aun en otros estados de la República se encarcela a las mujeres que han decidido o tenido por alguna razón que interrumpir su embarazo por la causa que sea. Pedimos que todos y cada uno de los congresos locales aprueben el derecho humano y fundamental a decidir sobre nuestro propio cuerpo y nuestra sexualidad”, argumentó la Alianza.

A su pliego petitorio añadieron abolir la explotación sexual en contra de niñas, niños y mujeres en todas sus variantes.

Deben ser tratados como delitos graves y juzgados con perspectiva de género y una visión de progresividad y transparencia la prostitución, la trata de mujeres y niñas, la venta de niñas y adolescentes, los matrimonios infantiles y el alquiler de vientres. No a la explotación y al comercio de los cuerpos”, agregó la Alianza.

Mujeres y activistas feministas lanzaron un llamado a los presidentes municipales y diputados electos a nivel nacional para que incluyan en sus agendas, y como temas prioritarios, la interrupción legal del embarazo, los feminicidios, las desapariciones y la violencia en contra de las mujeres y niñas.

Durante una conferencia de prensa virtual convocada por la Alianza de Redes Feministas, se dio a conocer que, de enero a junio de 2021, en México se registraron más de mil 500 asesinatos de mujeres, según datos del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Aunado a que en el primer semestre de este año se generaron 129 mil carpetas de investigación en materia de violencia familiar, 33 mil lesiones dolosas en contra de mujeres y, en promedio, más de 11 mujeres mueren diariamente en México y su muerte es clasificada como feminicidio, pero si se agregan los homicidios dolosos, son 20 víctimas en promedio.

La Alianza acusó que únicamente 2 de cada cien casos reciben una sentencia, es decir, cerca del 98% los asesinatos de mujeres quedan impunes, situación que deja al descubierto que en México las mujeres no tienen su seguridad garantizada.

“Les convocamos (a las y los candidatos y diputados electos) a romper el pacto patriarcal y a construir una sociedad más humana, digna y libre de violencia, es indispensable después del proceso electoral más grande de la historia mexicana, las 15 entidades en donde se realizaron las elecciones los nuevos gobiernos deben integrarse por gabinetes paritarios.

Así mismo, exigimos se asegure en todo el país el respeto al marco normativo del estado laico, que se aplique la ley y no se permita la promoción del odio y la insistente intromisión de propuestas religiosas, ya que estas transgreden los derechos humanos”, comentó una de las feministas.

En este contexto, la Alianza de Redes Feministas catalogó como indispensables las políticas públicas para prevenir feminicidios, además de fortalecer y garantizar la operación de los mecanismos de protección para mujeres víctimas de violencia y, en su caso, sus hijos e hijas, como lo son los refugios, las casas de emergencia y transición.

También solicitaron asegurar la igualdad sustantiva, la no discriminación y una vida libre de violencias, con la aprobación de presupuestos con perspectiva de género que contribuya a la promoción de derechos humanos de las infancias y las mujeres, en todas sus etapas de vida.

Pidieron que las organizaciones de la sociedad civil sean las receptoras de los recursos asignados para este fin, para realmente garantizar la vida, seguridad y la dignidad de las mujeres.

Exigimos a todas las personas que en el pasado periodo electoral fueron favorecidas con el voto de la ciudadanía, que prioricen sus agendas y que centren en ellas a las mujeres y sus diversidades, promoviendo la participación horizontal de las organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía y académicos”.

La Alianza de Redes Feministas también demandó que la 3de3 contra la violencia sea obligatoria bajo una Ley en todo el país, pues con ello se evitará que deudores de pensión alimenticia, hostigadores sexuales y opresores que hayan ejercido violencia de género en cualquiera de sus modalidades, asuman un cargo de elección popular.

Agregaron que la exigencia también abarca a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres y niñas, incluyendo la interrupción legal del embarazo de forma libre, segura y gratuita.

No basta que en cuatro estados la interrupción legal del embarazo sea una realidad si aun en otros estados de la República se encarcela a las mujeres que han decidido o tenido por alguna razón que interrumpir su embarazo por la causa que sea. Pedimos que todos y cada uno de los congresos locales aprueben el derecho humano y fundamental a decidir sobre nuestro propio cuerpo y nuestra sexualidad”, argumentó la Alianza.

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