/ domingo 26 de julio de 2020

Fijará Legislatura ruta para analizar la Ley de Amnistía del Edomex

Dicha ley permitiría que alcancen su libertad unos 5 mil indígenas y campesinos que no tuvieron acceso a un debido proceso judicial, jóvenes criminalizados por ser fumadores de marihuana y al menos 46 mujeres acusadas de aborto


A partir de este lunes la Legislatura mexiquense reiniciará los trabajos en las comisiones, y entre otras cosas, establecerá la ruta a seguir para analizar, y en su caso, dictaminar la Ley de Amnistía en este periodo ordinario de sesiones que concluye el 15 de agosto. Prevén escuchar a familiares de personas que han sido criminalizadas, o a quienes les han fabricado delitos, así como a organizaciones, a la Comisión estatal de Derechos Humanos y a autoridades.

Esa ley va encaminada a hacer justicia a, entre otras, personas privadas de su libertad que defendieron sus derechos, su agua, su territorio, a mujeres que decidieron abortar, a jóvenes que portaban marihuana y la usaron de manera personal y a quienes les han fabricado delitos, a través de métodos como la tortura, testigos falsos, entre otros.

Este lunes están citadas las comisiones unidas para establecer el método de trabajo que permitirá dictaminar la Ley de Amnistía del Estado de México, una prioridad para bancadas como Morena y sus aliados, pues la pretenden aprobar en el segundo año legislativo, es decir, antes del cinco de septiembre.

El diputado Max Correa Hernández, uno de los autores de la iniciativa de Morena refirió que las comisiones de Derechos Humanos y de Procuración y Administración de Justicia sostendrán su primera reunión, donde se planteará aplicar el esquema de parlamento abierto para su discusión, mediante reuniones virtuales.

“Vamos a trazar una ruta de reuniones virtuales, un parlamento a distancia, donde invitaremos al Poder Ejecutivo, al Poder judicial, a la Fiscalía, a la Comisión de Derechos humanos, a las organizaciones de derechos humanos, a víctimas, a académicos y a especialistas en la materia”, detalló.

La Ley de Amnistía mexiquense, añadió, permitiría alcanzar su libertad a unos 5 mil indígenas y campesinos que no tuvieron acceso a un debido proceso judicial, a jóvenes criminalizados por ser fumadores de marihuana y al menos 46 mujeres privadas de su libertad, acusadas de aborto.

También a quienes han sido acusadas de algún delito grave que ameritaba prisión preventiva oficiosa, pero llevan más de dos años sin que se presente la parte acusadora.

“Hoy están presas personas que defendieron sus derechos, su agua, su territorio, mujeres que decidieron abortar, jóvenes que portaban marihuana y la usaron de manera personal. Son ejercicios de derechos pero están criminalizadas esas conductas y no es sostenible que sigan privadas de la libertad”, refirió.

Activistas y familiares de personas injustamentemente presas, explicó, les platicaron varios casos de fabricación de culpables en el Edomex y en los cuales se ha criminalizado el aspecto, y determinada fisonomía, pues policías ministeriales, o "madrinas" los remiten ante el Ministerio Público, con el fin de "cuadrar" un delito.

Tratan de cuadrarte las características de ese hecho de acuerdo a su descripción. Te siembran testigos, pero son parte del acuerdo de esa red de corrupción.

Max Correa advirtió la necesidad de usar la figura de parlamento abierto en la cual participen organizaciones de la derecha, a fin de que tomen conciencia de que no pretenden liberar a delincuentes, sino a personas inocentes a quienes se les fabricaron delitos.

En la Legislatura existen actualmente 4 iniciativas: una de Morena, una del Partido del Trabajo, otra de la organización Presunción de Inocencia, que encabeza Humbertus Pérez Espinoza y una propuesta del PRD para dar amnistía a mujeres acusadas de aborto.

El planteamiento de Morena considera 14 supuestos en los que se concede amnistía, entre otras, a personas en situación de vulnerabilidad, como: adolescentes, mujeres en situación de pobreza, indígenas, campesinos, mayores de 65 años, y a quienes hayan delinquido presionados por cónyuges, parejas o familiares, u obligados por el crimen organizado.

Considera la creación de una Comisión Especial en la Legislatura, que daría seguimiento a los asuntos con violaciones graves a los derechos humanos.


A partir de este lunes la Legislatura mexiquense reiniciará los trabajos en las comisiones, y entre otras cosas, establecerá la ruta a seguir para analizar, y en su caso, dictaminar la Ley de Amnistía en este periodo ordinario de sesiones que concluye el 15 de agosto. Prevén escuchar a familiares de personas que han sido criminalizadas, o a quienes les han fabricado delitos, así como a organizaciones, a la Comisión estatal de Derechos Humanos y a autoridades.

Esa ley va encaminada a hacer justicia a, entre otras, personas privadas de su libertad que defendieron sus derechos, su agua, su territorio, a mujeres que decidieron abortar, a jóvenes que portaban marihuana y la usaron de manera personal y a quienes les han fabricado delitos, a través de métodos como la tortura, testigos falsos, entre otros.

Este lunes están citadas las comisiones unidas para establecer el método de trabajo que permitirá dictaminar la Ley de Amnistía del Estado de México, una prioridad para bancadas como Morena y sus aliados, pues la pretenden aprobar en el segundo año legislativo, es decir, antes del cinco de septiembre.

El diputado Max Correa Hernández, uno de los autores de la iniciativa de Morena refirió que las comisiones de Derechos Humanos y de Procuración y Administración de Justicia sostendrán su primera reunión, donde se planteará aplicar el esquema de parlamento abierto para su discusión, mediante reuniones virtuales.

“Vamos a trazar una ruta de reuniones virtuales, un parlamento a distancia, donde invitaremos al Poder Ejecutivo, al Poder judicial, a la Fiscalía, a la Comisión de Derechos humanos, a las organizaciones de derechos humanos, a víctimas, a académicos y a especialistas en la materia”, detalló.

La Ley de Amnistía mexiquense, añadió, permitiría alcanzar su libertad a unos 5 mil indígenas y campesinos que no tuvieron acceso a un debido proceso judicial, a jóvenes criminalizados por ser fumadores de marihuana y al menos 46 mujeres privadas de su libertad, acusadas de aborto.

También a quienes han sido acusadas de algún delito grave que ameritaba prisión preventiva oficiosa, pero llevan más de dos años sin que se presente la parte acusadora.

“Hoy están presas personas que defendieron sus derechos, su agua, su territorio, mujeres que decidieron abortar, jóvenes que portaban marihuana y la usaron de manera personal. Son ejercicios de derechos pero están criminalizadas esas conductas y no es sostenible que sigan privadas de la libertad”, refirió.

Activistas y familiares de personas injustamentemente presas, explicó, les platicaron varios casos de fabricación de culpables en el Edomex y en los cuales se ha criminalizado el aspecto, y determinada fisonomía, pues policías ministeriales, o "madrinas" los remiten ante el Ministerio Público, con el fin de "cuadrar" un delito.

Tratan de cuadrarte las características de ese hecho de acuerdo a su descripción. Te siembran testigos, pero son parte del acuerdo de esa red de corrupción.

Max Correa advirtió la necesidad de usar la figura de parlamento abierto en la cual participen organizaciones de la derecha, a fin de que tomen conciencia de que no pretenden liberar a delincuentes, sino a personas inocentes a quienes se les fabricaron delitos.

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