/ miércoles 13 de diciembre de 2023

¿Hackeo en el TRIJAEM? Investigan traspasos por más de 30 millones de pesos

Tanto la Fiscalía General de Justicia del Estado de México como las institución financiera fueron informados de estos hechos

El Tribunal de Justicia Administrativa reportó movimientos no reconocidos por más de 30 millones de pesos, por lo cual esa institución investiga quién los realizó y dio vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ante un posible hackeo de sus cuentas bancarias.

Por esos hechos se investiga la posible falsificación y utilización indebida de títulos al portador documentos de crédito público y otros relativos al crédito, en agravio de la fe pública.

De acuerdo con copias en poder de este medio, el 4 de diciembre el presidente del tribunal, Gerardo Becker Ania, informó al titular del Órgano de Control Interno, Everardo Camacho, que el director de Administración de esa institución, Tomás Delgado acudió a informarle que se realizaron movimientos no reconocidos por más de 30 millones de pesos; por lo cual lo instruyó a realizar las gestiones necesarias para evitar un daño patrimonial.

También se comunicaron a la institución bancaria para evitar que fueran dispersados los recursos financieros, y hasta ese día no se habían concretado las transferencias y los movimientos se registraban en tránsito.

“Por este medio me permito informar que el día de hoy siendo aproximadamente las trece horas del día acudió a mi oficina el servidor público Tomás Delgado León, director de Administración de este Tribunal de Justicia Administrativa, con la finalidad de hacer de mi conocimiento que se habían realizado diversos movimientos no reconocidos a cargo de la cuenta número CHQ-MXN-TOLUCA, ED-03802268817 de la institución bancaria Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. por un monto superior a los $30,000,000.00.

“Ante ello, procedí a instruir de inmediato a dicho servidor público a efecto de que llevará a cabo todas y cada una de las gestiones necesarias para evitar un daño al patrimonio del Tribunal. Por esta razón se hizo comunicación inmediata en forma electrónica y mediante oficio a esa institución bancaria, con la finalidad de evitar que fueran dispersados esos recursos financieros, reportándome el director de Administración que aún no se han concretado esas transferencias y los movimientos se encuentran registrados como “en tránsito”, señala el oficio firmado por Becker Ania.

No obstante, de manera extraoficial, integrantes de ese órgano señalan que finalmente sí se concretó la operación y el dinero salió de ese órgano.

En el oficio se precisa que al momento de la elaboración del documento acudió un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia para tomar declaraciones al personal de la Dirección de Administración, cuyas funciones se vinculan al manejo de cuentas bancarias.

También dio la instrucción al titular de Administración de fortalecer las medidas de seguridad en el control de las cuentas, realizar cambios periódicos de contraseñas bancarias y emprender un análisis de la viabilidad de retirar los fondos para migrarlos a otra institución bancaria.

En otro oficio, también firmado por el magistrado presidente y dirigido al titular del Órgano de Control, fechado el 5 de diciembre, Gerardo Becker indica que solicitaron investigar el hecho e iniciaron la carpeta 496/2023, en contra de quien resulte responsable, por falsificación y utilización indebida de títulos al portador, documentos de crédito público y documentos relativos al crédito, en agravio de la fe pública.

En las primeras horas de ese día, refiere el documento, ante la Sala número tres del Juzgado de Control de Toluca se realizó una audiencia, a través de la cual se hizo denuncia formal de los hechos ante la Fiscalía General de Justicia para que se realizaran actos de investigación, con autorización judicial.

En el mismo documento se añade que a través de la audiencia se solicitó la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para realizar actos de inmovilización de cuentas de ese órgano jurisdiccional y un informe sobre la pertenencia de los números de cuenta receptora, lo cual se realizó con la intervención de un juez y quedó documentado a través de un comprobante de envío y acuse de recepción con un número de folio PJEMEXCTOL/2023/000101.

Por ello, el magistrado presidente del TRIJAEM remitió en memoria USB la videograbación de la audiencia referida, el comprobante de envío y acuse de recepción electrónica que el Poder Judicial realizó a la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores en un sobre cerrado.


Presupuesto

Este año el Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con un presupuesto de 287 millones 242 mil 648 pesos que incluyen previsiones para incremento salariales y sus gastos de operación.

En los artículos transitorios se precisa que se incluyen cinco millones de pesos para fortalecer el gasto de operación de ese tribunal, a fin de apoyar acciones tendientes a la orientación, asesoría o patrocinio a la ciudadanía que lo requiera.

También para la integración de proyectos institucionales, mediante la suscripción de convenios con todo tipo de instituciones públicas y privadas, autoridades jurisdiccionales, administrativas y académicas que permitan el intercambio de mejores prácticas en la materia fiscal y administrativa.

El Tribunal de Justicia Administrativa reportó movimientos no reconocidos por más de 30 millones de pesos, por lo cual esa institución investiga quién los realizó y dio vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ante un posible hackeo de sus cuentas bancarias.

Por esos hechos se investiga la posible falsificación y utilización indebida de títulos al portador documentos de crédito público y otros relativos al crédito, en agravio de la fe pública.

De acuerdo con copias en poder de este medio, el 4 de diciembre el presidente del tribunal, Gerardo Becker Ania, informó al titular del Órgano de Control Interno, Everardo Camacho, que el director de Administración de esa institución, Tomás Delgado acudió a informarle que se realizaron movimientos no reconocidos por más de 30 millones de pesos; por lo cual lo instruyó a realizar las gestiones necesarias para evitar un daño patrimonial.

También se comunicaron a la institución bancaria para evitar que fueran dispersados los recursos financieros, y hasta ese día no se habían concretado las transferencias y los movimientos se registraban en tránsito.

“Por este medio me permito informar que el día de hoy siendo aproximadamente las trece horas del día acudió a mi oficina el servidor público Tomás Delgado León, director de Administración de este Tribunal de Justicia Administrativa, con la finalidad de hacer de mi conocimiento que se habían realizado diversos movimientos no reconocidos a cargo de la cuenta número CHQ-MXN-TOLUCA, ED-03802268817 de la institución bancaria Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. por un monto superior a los $30,000,000.00.

“Ante ello, procedí a instruir de inmediato a dicho servidor público a efecto de que llevará a cabo todas y cada una de las gestiones necesarias para evitar un daño al patrimonio del Tribunal. Por esta razón se hizo comunicación inmediata en forma electrónica y mediante oficio a esa institución bancaria, con la finalidad de evitar que fueran dispersados esos recursos financieros, reportándome el director de Administración que aún no se han concretado esas transferencias y los movimientos se encuentran registrados como “en tránsito”, señala el oficio firmado por Becker Ania.

No obstante, de manera extraoficial, integrantes de ese órgano señalan que finalmente sí se concretó la operación y el dinero salió de ese órgano.

En el oficio se precisa que al momento de la elaboración del documento acudió un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia para tomar declaraciones al personal de la Dirección de Administración, cuyas funciones se vinculan al manejo de cuentas bancarias.

También dio la instrucción al titular de Administración de fortalecer las medidas de seguridad en el control de las cuentas, realizar cambios periódicos de contraseñas bancarias y emprender un análisis de la viabilidad de retirar los fondos para migrarlos a otra institución bancaria.

En otro oficio, también firmado por el magistrado presidente y dirigido al titular del Órgano de Control, fechado el 5 de diciembre, Gerardo Becker indica que solicitaron investigar el hecho e iniciaron la carpeta 496/2023, en contra de quien resulte responsable, por falsificación y utilización indebida de títulos al portador, documentos de crédito público y documentos relativos al crédito, en agravio de la fe pública.

En las primeras horas de ese día, refiere el documento, ante la Sala número tres del Juzgado de Control de Toluca se realizó una audiencia, a través de la cual se hizo denuncia formal de los hechos ante la Fiscalía General de Justicia para que se realizaran actos de investigación, con autorización judicial.

En el mismo documento se añade que a través de la audiencia se solicitó la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para realizar actos de inmovilización de cuentas de ese órgano jurisdiccional y un informe sobre la pertenencia de los números de cuenta receptora, lo cual se realizó con la intervención de un juez y quedó documentado a través de un comprobante de envío y acuse de recepción con un número de folio PJEMEXCTOL/2023/000101.

Por ello, el magistrado presidente del TRIJAEM remitió en memoria USB la videograbación de la audiencia referida, el comprobante de envío y acuse de recepción electrónica que el Poder Judicial realizó a la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores en un sobre cerrado.


Presupuesto

Este año el Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con un presupuesto de 287 millones 242 mil 648 pesos que incluyen previsiones para incremento salariales y sus gastos de operación.

En los artículos transitorios se precisa que se incluyen cinco millones de pesos para fortalecer el gasto de operación de ese tribunal, a fin de apoyar acciones tendientes a la orientación, asesoría o patrocinio a la ciudadanía que lo requiera.

También para la integración de proyectos institucionales, mediante la suscripción de convenios con todo tipo de instituciones públicas y privadas, autoridades jurisdiccionales, administrativas y académicas que permitan el intercambio de mejores prácticas en la materia fiscal y administrativa.

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