De tres mil 446 solicitudes de amnistía que se han presentado en el Estado de México, han sido liberadas mil 526 personas en la entidad por la Ley de Amnistía del Estado de México, informó el diputado de Morena, Max Correa Hernández.
Sin embargo, la Legislatura mexiquense recibió 425 solicitudes relacionadas por delitos de alto impacto que fueron turnadas a diversas instituciones para que den su opinión, y a las cuales, afirmó, les darán seguimiento.
"En la pasada Legislatura estatal se recibieron 425 solicitudes de Amnistía por delitos de alto impacto, y todas fueron turnadas a las instituciones que deben dar su opinión como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Fiscalía estatal, Poder Judicial local y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno estatal.
“Ahora que ya quede integrada la Comisión de Amnistía de la nueva Legislatura mexiquense, de la que voy a ser miembro y que estará presidida por un diputado del Partido del Trabajo, tenemos que darle un cauce y seguimiento", afirmó.
Refirió que quedó instalada una mesa diálogo, donde participan el Poder Judicial y la Comisión de Derechos Humanos (CODHEM) para atender a familiares y abogados de personas privadas de su libertad por delitos de alto impacto y consideró que los casos de las y los familiares que hicieron huelga de hambre serán los primeros que deberá revisar la nueva Comisión, pues está pendiente una reunión con ellas y ellos.
La aplicación de esa ley, dijo, demuestra que estaban equivocados quienes se opusieron a su aprobación por una postura racista y por sus prejuicios hacia la gente humilde, campesina o de origen humilde.
“Podemos decir que estaban equivocados quienes siempre han tenido una postura racista y prejuiciosa contra gente humilde, campesina, que tiene origen indígena, o que simplemente es diferente a quienes son parte de una élite”, afirmó.
Admitió que en el Estado de México lamentablemente hay fallas en el sistema de impartición de justicia y fenómenos de corrupción que generan un esquema de criminalización de la pobreza, porque a mucha gente que hoy purga sentencias les fabricaron delitos, o no tuvieron una defensa adecuada.
Además, hay quienes robaron por necesidad, son primo delincuentes que cometieron el delito de robo simple, sin violencia, no usaron armas, no le quitaron la vida a nadie y merecen una nueva oportunidad, pues los reclusorios son escuelas del crimen.
Resaltó que la ley es una esperanza para quienes fueron criminalizadas por su condición de pobreza, pues tendrán una oportunidad de transformar sus vidas, reinsertarse a la sociedad, y le da al Estado de México la oportunidad de construir paz y reconciliación de la ciudadanía con sus instituciones de impartición de justicia.
Destacó que esa norma es un ejemplo a nivel nacional que ofrece la oportunidad de construir la paz y reconciliación entre la ciudadanía y sus instituciones de impartición de justicia.
El diputado, quien fue uno de los promoventes de la ley, y en la anterior Legislatura presidió la comisión de Amnistía admitió que la norma debe perfeccionarse.
Consideró que es un instrumento para la construcción de paz, y otorga la oportunidad a las personas privadas de la libertad y a sus familias de transformar sus vidas, sin afectar los derechos de las víctimas. Destacó que está funcionando y puede ser un ejemplo para otros congresos locales.
