Mientras el malestar ciudadano crece por la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Social del Estado de México, aprobada el 25 de julio por la mayoría del PRI en el Congreso local, las cifras revelan una realidad contrastante.
El argumento para avalar dicha legislación fue la crisis financiera del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), lo cual detonó que se transformará el sistema de pensiones hacia cuotas individuales manejadas por administradoras de fondos para el retiro (Afores), con lo cual los nuevos servidores públicos serán directamente responsables del ahorro para su jubilación.
Sin embargo, las cifras indican que entre 2012 y 2017 los ingresos del ISSEMyM aumentaron de 9 mil 460 millones a 19 mil 555 millones de pesos, gracias al aumento en las cuotas a los servidores públicos y a las instituciones.
Incluso, de acuerdo con la cuenta pública estatal de 2017, la última que se conoce a la fecha, existieron subejercicios en el gasto del ISSEMYM, en rubros como servicios personales.
Pero eso no es todo. Hasta el cierre de 2017 las instituciones públicas y órganos autónomos debían al citado instituto más de mil 922 millones de pesos por concepto de enteros de cuotas y aportaciones de seguridad social y préstamos a servidores públicos.
La mayoría de los pasivos provenían de organismos descentralizados e incorporados, incluso autónomos, como la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).
Con este balance financiero cobran sentido algunas de las críticas realizadas a la nueva Ley de Seguridad Social, que fundamenta su existencia en la desestabilización financiera del ISSEMyM, sin embargo, tanto los incrementos en los ingresos, como la existencia de pasivos ilustran que las autoridades de este organismo le deben una amplia explicación a los trabajadores estatales y municipales. *
