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En el último año el Estado de México mejoró la calidad de su información presupuestal en un 15.56%, de acuerdo con el Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE) 2023, pues logró un mayor cumplimiento que en años anteriores y pasó de tener un 74.1% en la evaluación del 2022, a 89.66% en 2023.
En los resultados generales, el estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) muestra que este año la entidad mexiquense se ubicó en el lugar 24 de 32.
Sin embargo, para especialistas en transparencia esa mejora no se traduce en una transparencia eficaz que haya permitido combatir la corrupción en la entidad, ni tener un desglose de todos los datos, ni de programas cuestionados como el Salario Rosa, y en gran parte, el avance se debe a la obligación de cumplir con reformas legales.
El Barómetro evalúa la calidad de información presupuestal de los estados, en busca de eliminar la opacidad en el manejo de recursos públicos.
Edomex
Para este año, con datos del 2022, los rubros donde el Edomex fue calificado con un 100% en información presupuestal son: acceso público, estructura y datos abiertos, poderes y secretarías, recursos a municipios.
En reasignación y excedentes tuvo un 93%, en deuda pública un 92%, en armonización contable 83%, en tabuladores y plazas 78%, en subsidios, fideicomisos y otros 71% y en recursos federales un 0%.
El rubro de subsidios, fideicomisos y otros, que incluye el financiamiento de partidos políticos y programas presupuestales, es el de menor nivel de desglose y transparencia y el segundo de menor calificación para la entidad mexiquense.
El Barómetro muestra que el Edomex en la evaluación 2022 registró una baja calificación en deuda pública de apenas el 31% y para este año llegó al 92%, pero sigue bajo en tabuladores y plazas, aunque con una mejora al pasar del 67 al 78%.
En el puntaje histórico la entidad mexiquense ha tenido evaluaciones que paulatinamente han mejorado, pues en 2008 tuvo un 50%; logró un 63% en 2012, pero bajó a 61% en los años 2013 y 2015. Para el 2016 disminuyó a 59%.
En 2017 su puntaje llegó al 73% aunque en 2019 cayó a 69%, en 2021 aumentó al 74% y este año por primera vez superó los 80 puntos para sumar 89.66%.
Los datos muestran el crecimiento en la deuda pública qué pasó de 52 mil 748 millones en 2017, a 61 mil 377.7 millones de pesos para 2022.
Insuficiente
El politólogo con maestría en Administración y Gobierno Electrónico y especialista en Gobierno Abierto, Daniel Rosemberg Cervantes Pérez destacó que ha habido un avance importante en materia de transparencia presupuestal en el Estado de México, al igual que en la mayoría de las entidades, en parte como una incidencia exitosa del IMCO, que ha generado evaluaciones y propuestas, pero también por reformas nacionales y estatales que se han hecho, entre ellas a la Ley General de Transparencia, a la Ley de Disciplina Financiera, y a nivel local, por armonizaciones en rendición de cuentas, la Política Anticorrupción y el Sistema Anticorrupción.
Sin embargo, advirtió, son insuficientes, pues falta identificar dónde se requieren reformas para lograr, como plantea el IMCO, que la asignación de recursos se haga a través de resultados y viene un reto importante con el cambio de gobierno y la posibilidad de que la gobernadora electa valore el barómetro, las causas y las recomendaciones que se hacen.
La transparencia, precisó Cervantes, es una primera capa de información, pero no suficiente para decir que existen políticas públicas exitosas o que el ejercicio del gasto se lleva de manera correcta, pues la calidad de la información presupuestal no es igual a la calidad del gasto y no se avanzado en percepción de corrupción, ni en el índice de Estado de Derecho.
"Es básico, es un primer paso, sí es de reconocerse en el Estado de México, pero no es suficiente para avanzar en el tema de corrupción porque el Estado de México sigue a la zaga en el tema de percepción de corrupción; el INEGI en la última medición dice que un 89% de la población de 18 años y más percibe que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes.
"El Índice de Estado de Derecho de la Organización World Justice Project (WJP) ubica al Estado de México como la cuarta entidad peor evaluada".
Por ello, señaló, aún cuando son importantes los avances, no son suficientes para solucionar los problemas de la entidad, ni para tener gobiernos transparentes, y tampoco implica una buena calificación de las gestiones, pues desde el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes han detectado que la gente vota por igual a gobiernos opacos, que a transparentes.
El Barómetro, dijo, es una oportunidad para identificar buenos resultados y mejoras, y lo ideal sería que la siguiente administración no llegue a cambiar al personal por cuestiones políticas, sin atender perfiles idóneos para no poner en riesgo los avances y se trabaje en rendir cuentas, en lograr un gobierno abierto que permita el diálogo y acepte propuestas con retroalimentación.
Por su parte, el ex comisionado de transparencia y ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción estatal, José Guadalupe Luna señaló que al parecer el gobierno ha identificado los temas evaluados por instituciones como el IMCO y hace lo indispensable por cumplir, pero la gran deuda es cómo permea en la sociedad.
Ejemplificó de qué sirve tener el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social, cuando no se conoce cuánto se destinó a cada componente del Salario Rosa y a cada municipio y advirtió que la transparencia presupuestal debe rediseñarse para no solo fijarse en los rankings y estudios, sino en las necesidades de las personas.
Hasta ahora, dijo, no hay un desglose eficiente; por lo cual, la transparencia mexiquense es opaca: funcional para el gobierno, pues le permite cumplir con rankings de la sociedad civil, pero sin pensar en la gente y sin abonar al combate a la corrupción.
"Es donde muestra que no ha logrado ser eficaz", aseguró y añadió que el diseño es opaco y para la ciudadanía no es fácil encontrar la información, pues aún cuando se cumple, muchas veces se dificulta el acceso. "Está ahí, se cumple, pero están todos los mecanismos para tratar de que no sea útil para las personas".
El avance en el cumplimiento, añadió, también deriva de obligaciones legales que señalan los mínimos; sin embargo el propio cumplimiento en materia de transparencia, es distinto en dependencias y organismos y no se facilita para la ciudadanía.
Recomendaciones
En el Barómetro, el IMCO propone reformar el marco normativo presupuestal de cada entidad para incorporar mejores prácticas internacionales en materia de reporte de información, contabilidad gubernamental y transparencia presupuestaria; también establecer unidades de evaluación que vinculen los resultados del desempeño con la asignación de recursos para incentivar la eficiencia y mejora continua en la asignación de recursos.
De igual forma, implementar un servicio civil de carrera en la secretarías de Administración y Finanzas estatales para disminuir el riesgo de interrumpir las curvas de aprendizaje en transparencia presupuestal.
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