El grupo parlamentario de Morena busca sacar, antes de que concluya la actual Legislatura, una reforma a la Constitución federal y a la Ley Agraria para elevar a rango constitucional los derechos de la naturaleza, la protección de los recursos naturales y establecer un reinicio del reparto de la tierra.
La propuesta del diputado Max Correa pretende precisar en la Carta Magna una nueva relación con la madre tierra y señalar los derechos de audiencia y justa indemnización a ejidos y comunidades ante decretos expropiatorios.
También reconocer que la madre tierra es un ente con derechos de antigua generación, entre ellos: a vivir en un ambiente sano, a preservar la flora y fauna, al uso racional del agua, a preservar las zonas protegidas de los recursos naturales.
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La iniciativa que este lunes fue presentada en comisiones, aunque se propuso en diciembre del 2020, señala que actualmente se viven los efectos del cambio climático y de acuerdo con los expertos estamos a tiempo de hacerle frente.
Acusa que en los gobiernos neoliberales se privilegió la explotación de recursos y se concesionó casi el 30% del territorio nacional a empresas mineras nacionales, y sobre todo, extranjeras, sin que les exigieran la conservación y preservación de los elementos de la naturaleza, con lo cual, permitieron que se atentara contra ella.
Por ello, el dictamen plantea la necesidad de resolver problemas de la humanidad y reconocer los derechos de la naturaleza, superar la visión antropocéntrica y establecer los derechos de la naturaleza; hacer valer los derechos de los pueblos originarios, campesinos e indígenas.
De igual forma, incluir la educación por el respeto a la naturaleza, los derechos de la naturaleza al cuidado, existencia, conservación, mantenimiento, restauración y regeneración de los ciclos biológicos de los bosques, agua, flora, fauna y formas de vida de los ecosistemas naturales.
Con las reformas se otorgaría al Estado la responsabilidad de generar políticas públicas para garantizar la recarga de los acuíferos, su cuidado, existencia, conservación, mantenimiento, restauración y regeneración de sus ciclos hidrológicos, y la trasgresión a los derechos de la naturaleza, generaría responsabilidades.
Dentro de la propuesta del diputado Max Correa también se busca precisar que los pequeños campesinos requieren tener certeza sobre el derecho de propiedad, pues han quedado desprotegidos y la propiedad de la tierra ha dado paso a la privada, donde dos millones 667 mil hectáreas están rentadas.
Además, 667 mil están en parcería, un millón 557 mil se encuentran prestadas y un millón 437 mil bajo otra forma, es decir, más de seis millones 300 mil de hectáreas son usufructuadas por personas ajenas a los titulares de los derechos comunales o ejidales.
La iniciativa señala que se ha permitido la comercialización de tierras con la figura del dominio pleno que deshace el ejido y fragmenta la parcela en una nueva propiedad privada y el programa Procede no ha ayudado, pues no ha impulsado la agricultura, sino agronegocios, desarrollos turísticos o inmobiliarios a empresas diversas que en las dos últimas décadas han penetrado en el país, sobre todo desde el 2010 que han tenido más concesiones de tierra por arrendamiento.
En contraste, precisa, en el país existe una insalubre alimentación, dependencia alimentaria de productos básicos como maíz, frijol y buena parte de la tierra es destinada a negocios que no reditúan al país y violan derechos laborales y humanos de forma constante, por lo que se deben recuperar modelos de justicia y desarrollo.
También expone la necesidad de garantizar un cambio estructural en favor de los pequeños campesinos con la garantía constitucional sobre su propiedad, con ejes de productividad, comercialización, desarrollo social y democrático, protección del medio ambiente, el reconocimiento a los derechos de la madre tierra, la protección de los recursos naturales y el territorio.
Plantea que con la tierra excedente se constituya un banco de tierras que permita reiniciar el reparto a jornaleros, campesinos que tuvieron expedientes de dotación hasta antes de la reforma de 1992 y a aquellos que no tienen tierras, la entrega de éstas a jóvenes jornaleros que trabajan en un clima de pobreza y explotación, con bajos salarios y emigran a Estados Unidos, es decir, el reinicio del reparto agrario.
Otras cuestiones que contempla son los derechos de audiencia y justa indemnización a ejidos y comunidades ante decretos expropiatorios.
Ingrid Schemelevnsky Castro del PAN destacó la necesidad de reconocer el derecho a la naturaleza y afirmó que la iniciativa es de suma importancia.
Max Correa Hernández, proponente de la iniciativa, pidió aprobar su propuesta para que sea enviada al Senado de la República, pues existen otras similares sobre los derechos de la naturaleza y la Ley Agraria. La propuesta sigue en revisión.
