El comisionado de transparencia, Guadalupe Luna Hernández advirtió que la veda electoral no debe ser pretexto para incumplir con las obligaciones en materia de transparencia, es decir, para no publicar la información considerada pública de oficio.
En entrevista advirtió que una cosa es la propaganda gubernamental, la cual debe suspenderse durante las campañas electorales, y otra la rendición de cuentas y la información en torno a cuestiones como el uso de recursos públicos; por lo cual nadie puede bajar información, ni bloquear portales, pues de hacerlo podrían ser acreedores a alguna sanción.
La ley obliga a tener disponible y actualizada la información pública de oficio, entre ella, las percepciones, viáticos, licitaciones, contrataciones, presupuesto, nómina, entre otras.
Propaganda y rendición de cuentas no son lo mismo
La Constitución y el marco jurídico electoral, dijo, buscan que las elecciones se realicen bajo el principio de imparcialidad, es decir, que las autoridades no influyan en el proceso para la integración del poder público; por lo cual no se permite la difusión de obras y acciones relacionadas con el ejercicio de la función pública, lo que normalmente realizan las áreas de Comunicación Social.
Sin embargo, existe la obligación de mantener actualizada y completa la información relacionada con el ejercicio de los recursos públicos, como una garantía primaria para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información, pues éste no se suspende y no constituye propaganda.
De hecho, Guadalupe Luna consideró que ese derecho adquiere mayor relevancia en procesos electorales y la norma precisa claramente que el portal Ipomex no realiza una difusión de propaganda gubernamental, pues lo que hace es tener disponible el ejercicio de los recursos y son dos conceptos distintos la propaganda gubernamental y el derecho de acceso a la información.
Anunció que el Instituto de Transparencia realizará procesos de verificación para garantizar que la información se publique completa y actualizada y esté disponible, y si alguien decidiera bajar información incumpliría la ley y podría ser acreedor a la imposición de sanciones, tras la investigación correspondiente.
Primero, detalló, el instituto revisará, después identificará posibles irregularidades, las informará al ente porque el objetivo es reparar la violación al derecho y si continuara la violación a la ley vendría una sanción.
Luna refirió que sí ha habido antecedentes en otros procesos electorales donde el Infoem intervino para garantizar el derecho al acceso a la información y confió en que esta vez no ocurra, pues en abril viene un proceso de verificación por parte del Infoem.
La veda, recordó, es de propaganda gubernamental y de acciones, pero no en aspectos fundamentales como la salud, o la educación que son de primer orden, sobre todo en esta pandemia.
