Mientras el Poder Judicial mexiquense tiene más de 80 millones de pesos por aclarar del ejercicio 2021 ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Legislatura del Estado de México tuvo una solicitud de aclaración por 27 millones 909 mil pesos.
De acuerdo con la tercera entrega del Informe de Resultados de la Cuenta Pública federal 2021, ambos poderes recibieron señalamientos de la ASF en auditorías de cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades.
En ellas, no se revisó el ejercicio de recursos, sino el cumplimiento a esa norma y la congruencia de la información financiera.
Poder Judicial
La ASF determinó observaciones al Poder Judicial del Estado de México, en el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera, con una cuantificación monetaria por 80 millones 420 mil pesos.
Ese importe corresponde a una solicitud de aclaración por los recursos pagados por concepto de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, sin haber realizado la asignación de recursos en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021.
También se determinaron irregularidades administrativas consistentes en el llenado del formato 4 “Balance PresupuestarioLDF”, el cual presentó diferencias en los importes entre lo recaudado y pagado, correspondiente a los ingresos totales y egresos presupuestarios.
De acuerdo con la ASF, el Tribunal Superior de Justicia mexiquense no incluyó en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021 las proyecciones de sus finanzas públicas, bajo las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política Económica, ni los resultados de sus finanzas públicas, de acuerdo con los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
Tampoco mostró la desagregación de los conceptos aplicados para gastos asociados a la implementación de reformas a las Leyes Federales.
"En el llenado del formato 6d) “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos DetalladoLDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)” de manera trimestral y en la Cuenta Pública 2021".
La información emitida por el sistema de contabilidad gubernamental no fue consistente con la Cuenta Pública 2021, y en específico, con el formato 4 “Balance Presupuestario-LDF”, publicados en su página oficial de internet.
No obstante, atendió de forma razonable lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera, pues generó balances presupuestarios sostenibles, no excedió la asignación de recursos para servicios personales, no contrató deuda, ni reestructuró o refinanció obligación financiera alguna.
Aún cuando el Poder Judicial proporcionó documentación para atender el resultado no se reunieron las características de suficiencia competencia y pertenencia, por lo cual no se solventó lo observado.
Además, la ASF emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que la Dirección General de Contraloría, o su equivalente haga investigaciones e inicie el procedimiento administrativo por las irregularidades en que servidores públicos incurrieron.
Legislatura mexiquense
En el caso de la Legislatura mexiquense, la auditoría determinó una observación que originó una cuantificación monetaria de 27 millones 909 mil pesos, por el incumplimiento a las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera que generó una cantidad por aclarar por recursos pagados en exceso, respecto al monto originalmente aprobado en el presupuesto de egresos 2021, en el rubro de servicios personales.
El dictamen señala que el Congreso registró recursos por encima del presupuesto originalmente aprobado, por lo cual se generó un monto por aclarar.
De acuerdo con la auditoría, la Legislatura asignó recursos para servicios personales por mil 166 millones de pesos, pero el monto incrementó durante el ejercicio fiscal 2021 a mil 194 millones de pesos, los cuales rebasaron el monto aprobado y se dio una diferencia de 27 millones 909 mil pesos.
Aún cuando la Legislatura proporcionó documentación donde señaló una ampliación presupuestal del Poder Legislativo, la conciliación de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; así como el acuerdo por el que se determinó el incremento salarial, no se reunieron las características de suficiencia competencia y pertinencia y no se solventó lo observado.
La Contraloría del Poder Legislativo inició un procedimiento para determinar posibles responsabilidades y la Auditoría Superior solicitó proporcionar la documentación justificativa y comprobatoria del incremento en servicios personales.
